El plenario de comisiones del Senado que trata el proyecto de ley de medios puso al desnudo interesantes discursos, mostró execrables intereses y desenmascaró a algunos legisladores que ya no pueden disimular su defensa del patrimonio económico de los grupos más concentrados de medios. Escuchar al senador jujeño Gerardo Morales quejarse de que la televisión pública no transmite en directo las audiencias públicas y que cuando le toca a él hacer uso de la palabra Canal 7 “pone al aire un elefante o una jirafita”, habla a las claras de la verdadera voluntad que tiene ese legislador –y otros de la oposición– de debatir a fondo la ley. Pero más ilustrativa parece la preocupación que algunos senadores exhibieron por conocer si la ley impide expresamente a empresarios de determinados rubros acceder a licencias de medios audiovisuales, sin que hasta ahora hayan manifestado esa inquietud respecto de los actuales licenciatarios. Seguramente los motiva una cuestión de honor, el problema es que no se nota.
Al senador radical Juan Carlos Marino lo desasosiega que el empresario Cristóbal López, que explota salas de juego en todo el país, pueda acceder a licencias de medios, pero no le quita el sueño que Daniel Vila y José Luis Manzano, que poseen el segundo multimedios del país, exploten áreas petrolíferas en Mendoza otorgadas por el vicepresidente opositor y radical Julio Cleto Cobos.
La senadora entrerriana Blanca Osuna, del Frente para la Victoria, puso ese aspecto en negro sobre blanco: “Me extraña la preocupación que se ha exhibido en este incipiente debate respecto de los derechos económicos o patrimoniales presuntamente conculcados por este proyecto de ley”. Y habló de otros derechos conculcados, por ejemplo el de los niños, niñas y adolescentes, de quienes nadie habló pese a que la iniciativa oficial propende a defenderlos. En ese sentido, el titular del COMFER, Gabriel Mariotto recordó que en la elaboración del proyecto participaron organizaciones y foros que defienden esos derechos y que existen en la futura ley incentivos para quienes produzcan contenidos a favor y en protección de ellos.
El plenario reunió a los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Sistemas, Comunicaciones y Libertad de Expresión, Industria y Comercio y Asuntos Constitucionales del Senado, ante quienes Mariotto reiteró que el proyecto de ley de comunicación audiovisual oficial implica “un cambio en las reglas de juego” y que “ésta es una ley de la democracia para que no haya un sola voz” en el mercado de los medios en Argentina. Pero para Morales eso no tiene mucha importancia. Prefirió hablar de la pauta publicitaria oficial para el fútbol, preguntar de quiénes son las cámaras de televisión que se usan para transmitir los partidos, y embarrar la cancha echando un manto de sospecha sobre el cambio de integrantes de dos comisiones. Este último punto llegó a un pico de penosa bizarría cuando el jefe del bloque oficialista, Miguel Picchetto, tuvo que explicar que uno de los dos renunciantes padecía cáncer y que había dimitido a causa de las aplicaciones de quimioterapia. Morales ni se inmutó.
Luego de una breve exposición, Mariotto respondió preguntas de los senadores sobre varios aspectos de la normativa, pero específicamente sobre la conformación de la autoridad de aplicación, sobre el plazo que tendrán los medios para adaptarse a la nueva normativa y sobre el otorgamiento de las licencias. Desde las audiencias en Diputados, esto ya es rutina.
El titular del COMFER destacó el pluralismo, el federalismo y la necesidad de garantizar la libertad de expresión como algunas de las principales cualidades de la ley, y resaltó que la libertad de expresión “es un derecho de todos y no sólo de un grupo”.
Según lo consigna la agencia oficial de noticias Télam, Mariotto tuvo contrapuntos con Morales cuando fue consultado sobre la conformación de la autoridad de aplicación y sobre la forma de elección de los miembros de ese órgano de control. El radical jujeño planteó la posibilidad de que los integrantes de ese organismo sean elegidos por mayoría simple, y Mariotto rechazó esa opción y expresó que para el Gobierno la forma en que está planteada la normativa “no persigue ninguna participación partidaria”.
El hecho de que las empresas de medios cuenten con un plazo de un año para adaptarse a las nuevas condiciones y que en ese lapso –si tuvieran una posición dominante en el mercado– tuvieran que transferir acciones para desprenderse de medios fue otro de los temas que generaron controversias. Mariotto razonó que si el gigante Microsoft pudo desprenderse de las empresas que la ley antimonopolio estadounidense le impuso, las compañías que en la Argentina estuvieran infringiendo la nueva ley no deberían tener problema alguno.
El senador Marino, además de preocuparse por Cristóbal López, objetó que el proyecto oficial “no prohíba” a las empresas de obras públicas, contratistas del Estado, tener participación en el mercado audiovisual. Mariotto le contestó que la iniciativa establece que “las empresas que participen tienen que tener un objeto único”.
Otro senador radical, Luis Petcoff Naidenoff, pidió explicaciones sobre los criterios para la distribución de la pauta oficial de publicidad, a lo que Mariotto respondió, por enésima vez, que este tema debería “ser objeto de otra ley”.
Sobre la posibilidad de que haya “contradicciones” entre la ley y el decreto del gobierno de Néstor Kirchner que prorrogó licencias por diez años, Mariotto dijo que no se observan contradicciones, “aun cuando hayan invertido, porque lo que deben hacer es transferir esas acciones”. Precisamente lo que los monopolios no quieren hacer y por eso envían a sus voceros a que los representen en estas audiencias públicas.
A las 18.55 terminó la primera audiencia pública en el Senado, casi nueve horas después de su inicio, con un cuarto intermedio de sólo 45 minutos. Mariotto estuvo todo el tiempo, mientras senadores como María Eugenia Estensoro, el propio Morales, la santafesina Roxana Latorre, el puntano Adolfo Rodríguez Saá, para citar unos pocos ejemplos, se ausentaron durante largos períodos para tomarse un descanso, cuestión que en algunos casos se puso de manifiesto porque los ausentes habían pedido hablar y cuando les tocó el turno no estaban. ¿Habrán consultado a Héctor Magneto o a Daniel Vila?
Otro radical que fue noticia
Este jueves otro radical también fue noticia. Y aunque parezca que no tiene nada que ver con la ley de medios, la novedad de que Fernando de la Rúa deberá volver a declarar por las muertes de diciembre del 2001 sobrevoló los pasillos del Senado, donde muchos actuales legisladores tuvieron participación en aquel gobierno de la alianza entre radicales y frepasistas. El juez federal Claudio Bonadio citó para el 7 de octubre al ex presidente para que amplíe su declaración indagatoria, tras el revocamiento de su procesamiento por las muertes ocurridas en la represión de 2001. Tampoco se salvará su ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, quien deberá ampliar su indagatoria el 9 de ese mes. Una buena noticia.
Y habría que aclarar, porque casi ningún gran medio lo hace, que los hechos juzgados ocurrieron en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando la represión policial ordenada por De la Rúa y Mathov derivó en la muerte de los manifestantes Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos “Petete” Almirón y Gustavo Benedetto, en zonas aledañas al Congreso Nacional, la Plaza de Mayo y el Obelisco porteño. Si no, pareciera que Chupete se tiene que presentar ante la Justicia para contar cómo se sintió al salir de la Casa Rosada en el helicóptero presidencial en su último día de mandato. Una razón más para que se sancione una ley que posibilite más voces y más medios que no se olviden de “detalles” como el nombre propio de los que cayeron bajo las balas de un gobierno que llegó para cuidar “las formas”, garantizar “la seguridad jurídica” y ganar en “calidad institucional”. Lo mismo que por estos días algunos voceros de Clarín, UNO y otros gorilopolios agitan ante cámaras y micrófonos.
