La Corte Suprema de Justicia provincial deberá resolver si el edificio en el que funciona el Centro Cultural “La Toma”, en Tucumán al 1300, será expropiado por el Estado santafesino o devuelto a la masa de acreedores del ex-hipermercado Tigre.
El máximo tribunal admitió la queja presentada por la Provincia y concedió el recurso de inconstitucionalidad a la norma promulgada en 2004 por la Legislatura santafesina que había declarado de utilidad pública el céntrico inmueble.
El 19 de agosto de 2004, la provincia de Santa Fe dictó la ley 12.317, en virtud de la cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación para uso temporal el inmueble así como los bienes muebles inventariados. Esta medida terminó siendo revocada más tarde por el propio Ministerio de la Producción al fundamentar que el programa de explotación del establecimiento presentado por la Cooperativa Trabajadores Solidarios en Lucha Limitada no reunía los requisitos previstos.
Sin embargo, cinco años más tarde, en 2009, el gobernador Hermes Binner firmó un decreto que promulgaba la ley de expropiación del inmueble mediante la aprobación de la ley 12.964 que había sido votada con anterioridad en ambas cámaras legislativas. Con ese acto, se declaró al inmueble como “de utilidad pública y sujeto a expropiación el uso temporal”. Por su parte, los bienes expropiados fueron adjudicados a favor de la cooperativa, la que está inscripta en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa.
Posteriormente, el 19 agosto de 2010 la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y Civil de Rosario ratificó la devolución del inmueble de Tucumán 1339 a la masa de acreedores de la quiebra del ex supermercado que perteneciera a Francisco Regunaschi, ya que los abogados de la Provincia consideraron que hubo una inválida y grave intromisión del Poder Judicial en las esferas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, aduciendo que la expropiación es un acto político y que interferir en una cuestión de esa naturaleza apareja una grave violación al principio de división de poderes.
Además del trabajo que realizan los ex-empleados del Tigre, que llegó a tener 14 sucursales y más de 700 empleados antes de presentarse en concurso preventivo a fines de 1998 y en quiebra en agosto de 2001, manteniendo los locales de venta como almacén, carnicería y bar, allí funciona los locales de las agrupaciones APDH-Rosario, Asamblea Permanente por los DD.HH., Familiares-Rosario, un teatro, una radio, talleres de capacitación, sala de conferencias y locales de autogestión artesanales y sigue siendo el centro de reunión de innumerables espacios colectivos de la ciudad y del resto del País, con actividades culturales, políticas y sociales.
Fuentes: La Capital; Enredando; Colectivo de ex presos políticos
