Piñero, una de las cárceles cuestionadas. (Foto: anticarcelaria.blogspot.com) 

Profesionales que integran los equipos de Acompañamiento para la Reintegración Social de personas privadas de la libertad, denuncian la “persecución ideológica y política” que sufren en distintas cárceles provinciales, y el “uso de leyes y métodos de la dictadura”, para abrir “sumarios arbitrarios y realizar intimidaciones a los trabajadores”. El viernes brindarán una conferencia pública.

El equipo de Comunicación ATE-CTA Rosario (Asociación Trabajadores del Estado y Central de Trabajadores de la Argentina), emitió un comunicado invitando y convocando a “las organizaciones sociales y políticas, a los medios de comunicación, a los estudiantes, a diferentes actores del poder político, legislativo y judicial; y a todos aquellos ciudadanos que se sientan comprometidos con la defensa de los derechos democráticos”, a la conferencia pública en la que se pondrá de manifiesto “la persecución que se viene sucediendo a profesionales que tienen posiciones criticas al giro reciente de las políticas públicas, con el consecuente agravamiento de las condiciones de vida en la detención carcelaria”.

Dicha conferencia se llevará a cabo el próximo viernes 2 de noviembre, a las 19, en la sede de ATE, de San Lorenzo 1879.

Según reza el texto citado, los trabajadores denuncian que “mientras el gobierno «socialista» de la provincia de Santa Fe se presenta públicamente como democrático y progresista, persigue ideológica y políticamente a los profesionales de las cárceles con métodos que nos recuerdan a los de la última dictadura”, y argumentan: “Para ello hacen uso de un decreto de la dictadura militar (ley orgánica del servicio penitenciario nº 8183/78), que sostiene un estado de excepción, paralelo a la ciudadanía, un estado de los trabajadores que permite armar sumarios arbitrarios y realizar intimidaciones de distinta índole para amedrentar a los trabajadores”.

Convocando a “repudiar las leyes y prácticas de la dictadura que son sostenidas por funcionarios del Estado”, y exigiendo que “el servicio penitenciario debe constituirse en una agencia estatal democrática y respetar los derechos y garantías constitucionales”, el equipo de Comunicación de ATE-CTA, enumera los puntos cuestionados:

*El debilitamiento del derecho al trabajo, salud, educación, recreación, alimentación y demás condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad.

*La persecución ideológica a los trabajadores que fuimos convocados en el marco de los lineamientos de una política pública penitenciaria sustentada en los ejes de: democratizar la cárcel, abrir la prisión, garantizar derechos, reducir daños y reintegrar socialmente a pesar de la prisión.

*La persecución ideológica a los trabajadores que reivindicamos y hacemos uso del derecho a la agremiación y a la expresión libre de ideas en torno al desmantelamiento de la política publica penitenciaria.

*Decimos basta a la invención mentirosa de situaciones que difaman a los trabajadores profesionales, a la creación de sumarios y a todas aquellas situaciones que buscan intimidarnos y amedrentarnos.

*Hacemos responsables de estos atropellos al Dr. Bonfatti, gobernador de la provincia, al Ministro de Seguridad, Dr. Lamberto, al Secretario de Asuntos Penitenciarios, Dr. Pablo Cococcioni, a la Directora y Subdirectora Provincial de los Equipos de Acompañamiento para la Reintegración Social, Lic. Mari Pais y Dra. Cecilia Valle y a todos los funcionarios que colaboran con esta situación.

El texto completo.

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