“Día poco propicio” podría arrancar una predicción astrológica al Grupo Clarín, si se considera primero que este martes la Corte Suprema de Justicia rechazó su enésimo intento de extender la cautelar que frena la plena aplicación de la Ley de Medios. Y, segundo, el repudio generalizado que lo obligó a retirar sus denuncias contra periodistas.
Fuentes judiciales indicaron esta mañana que el máximo tribunal rechazó “in limine”, sin tratamiento, el pedido del grupo empresario de prorrogar la cautelar que mantiene en stand by la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y exhortó a la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial federal para que se expida sobre la cuestión.
Pero los astros tampoco parecen favorecer al grupo en otros frentes. En un hecho inédito en su historia reciente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó la acción judicial que inició la empresa la semana pasada contra varios periodistas.
El ex titular de la Comisión de Libertad de Prensa del organismo, Claudio Paolillo, expresó que dicha acción «es un ataque a su libertad de expresión. «Discrepo con lo que dices pero daría mi vida para que puedas hacerlo». Clarín olvidó eso».
El pronunciamiento de Paolillo, quien además es director del semanario uruguayo Búsqueda, llegó luego de la consulta de un usuario que le preguntó mediante un tweet cuál era la posición de la SIP ante la demanda penal presentada por el holding mediático contra Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, entre otros periodistas.
Las declaraciones de la SIP –de la que Clarín es miembro– se suman al repudio expresado por periodistas de todos los medios, políticos de todos los sectores y hasta empleados del Grupo.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que el pedido de la semana pasada “se trató de una denuncia penal” en la que los periodistas fueron señalados como “responsables de delitos” y que, por eso, los defenderá.
Los abogados de Clarín, Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada, dieron a conocer este lunes dos comunicados en los que ratificaron que la solicitud para que se investigue si hubo “incitación a la violencia” y “coacción agravada” por parte de funcionarios, no incluye a los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente y que “estos sólo serán testigos”.
Al respecto, precisaron en el segundo de ellos que “mañana (por este martes) presentarán un escrito en el Juzgado, donde reiterarán que la denuncia no es contra periodistas y ratificarán que los mismos no están acusados ni imputados de delito alguno por el Grupo Clarín”.
También dijeron que señalarán que “la mención de los mismos fue al sólo efecto de que, eventualmente, puedan ser convocados en calidad de testigos, en caso de que la Justicia así lo considere”.
Según aseguraron los profesionales, “no es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas, sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia”.
La rectificación fue interpretada por el titular del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, como una “marcha atrás”. Verbitsky opinó que “los periodistas han sido acusados al mismo nivel que los funcionarios del Ejecutivo como propaladores del mensaje oficial. Vamos a hacer todo lo necesario para que no se pueda cometer esta intimidación”.
Para el periodista, “la intención de coartar al periodismo y a la libertad de expresión es igual de grave si lo ejerce el Estado como si lo hace una gran empresa” y por ello destacó en una conferencia de prensa que el CELS iba a asumir la representación legal de los periodistas, así como en su momento lo hicieron con otros afectados, como Eduardo Kimel, Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico.
Fuentes: Télam, Infonews, La Nación
