El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario fijó fecha de inicio de nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad en la ciudad. Arrancará el 22 de marzo y juzgará a los represores Ramón Genaro Díaz Bessone, Pedro Alberto Rodríguez, Rubén Osvaldo Cervera y Hugo Horacio Maderna.
En el proceso se ventilarán los hechos vinculados al secuestro y privación ilegítima de la libertad cometidos contra Manuel Casado, aunque las organizaciones de derechos humanos esperan que el caso se unifique con el conjunto de los denunciados en el Cordón Industrial. El juicio se realizará en el marco del expediente “Rodríguez, Pedro Alberto y otros s/ privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y violencia” y se prevé que durante el desarrollo del debate declaren 35 testigos.
El tribunal estará integrado por los jueces Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella. La conformación de esa terna, quedó constituida tras el apartamiento de la jueza Laura Inés Cosidoy, quien debía participar del proceso pero su presencia fue repudiada por las organizaciones de derechos humanos, las cuales sostuvieron una fuerte campaña que culminó con la excusación de Cosidoy.
La salida de Cosidoy
“Por su cuestionada trayectoria, las intimidaciones contra ex presos políticos y su declarada amistad con el dictador Galtieri, Cosidoy no puede llevar adelante ningún juicio contra responsables del terrorismo de Estado”, habían reclamado los organismos.
“Exigimos que Laura Inés Cosidoy no integre un juicio por delitos de lesa humanidad”, decía el texto difundido por las organizaciones que integran Juicio y Castigo Rosario y el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial para que la jueza sea apartada.
Entre los argumentos por los cuales pidieron el apartamiento de Cosidoy, las organizaciones de derechos humanos recordaron que “hace un año, en el marco del juicio Díaz Bessone, debimos repudiar enérgicamente las agresiones contra los sobrevivientes del Servicio de Informaciones y testigos del juicio Díaz Bessone, que realizó la jueza Cosidoy en ocasión de su declaración testimonial en ese proceso en el que se juzgó el accionar de la patota de Feced”.
Y en ese sentido añadieron: “En esa oportunidad la doctora Cosidoy hizo una especie de autodesagravio atacando a los testigos que habían señalado en sus testimonios el destrato que la magistrada tuvo con ellos cuando ésta era defensora oficial durante los años de dictadura, y la invitación a colaborar con el terrorismo de Estado que la misma les hacía en esa época. No podemos pasar por alto que además Cosidoy confesó a los medios de comunicación de la ciudad, haber construido por aquel entonces una relación de amistad con el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri”.
Una vez más, como sucediera en otro juicio que estuvo a punto de realizar, y que también recibió el repudio de las organizaciones de derechos humanos, la jueza Cosidoy presentó su inhibición que le fue aceptada por sus pares este jueves.
Unificación de las causas
Este juicio debió comenzar el 12 de diciembre, pero los planteos por el apartamiento de Cosidoy demoraron su inicio. Durante los primeros días de diciembre, en el marco de la campaña contra la jueza amiga de Galtieri, el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial además del apartamiento de Cosidoy, había reclamado a través de un comunicado, la unificación del caso Casado con otros de la zona. “Estos represores van a ser juzgados por un solo caso y no junto a las restantes víctimas, con la intención de beneficiar a los genocidas”, planteó la entidad de la localidad de San Lorenzo, desde la que se había expresado que “en el juicio se va a juzgar a los procesados por una sola víctima, Manuel Casado, y no en el juicio denominado Causa de los Trabajadores junto a otras víctimas del terrorismo de Estado perpetrado en todo el cordón industrial”.
“Manuel Casado –explicaron en su comunicado‒, es una de las víctimas del plan sistemático y tiene el derecho de acceder a la Justicia, pero esta decisión no solo es en detrimento del resto de los sobrevivientes, del resto de las víctimas, sino que es en detrimento del mismo Manuel Casado que accederá a un juicio parcializado que no juzgará los tormentos sufridos dentro de la coherente estructura del plan sistemático, sino que intentan reducirlo a un hecho aislado”.
Para el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial quedaba de manifiesto “la intención deliberada de beneficiar a los genocidas”, debido a que el juicio no contemplará que el “plan sistemático fue justamente un plan perfectamente organizado” y al “juzgar individualmente a los responsables hace que la verdad se diluya”.
El represor que no llegó a concejal
Otro de los condimentos particulares que tendrá este juicio es la historia que rodea a uno de sus imputados, Pedro Pili Rodíguez. El Represor había presentado su candidatura al Concejo Municipal en 2009 por un partido vecinalista de San Lorenzo, fue electo, pero una campaña de las organizaciones de derechos humanos impidió que asuma como edil.
Tras largas reuniones, juntada de firmas y presentación de documentación vinculada a la causa por la cual será juzgado en marzo próximo, el resto de los concejales hicieron uso de su facultad de no aprobar el diploma de uno de sus pares, y le impidieron asumir la banca a Rodríguez por estar involucrado en delitos de lesa humanidad.
