Luego de que se hiciera pública la carta mediante la cual los representantes del Ministerio Público pidieron una audiencia al titular de la cartera de seguridad, además de cruzar duras críticas a la gestión, el fiscal federal Juan Patricio Murray ratificó la demanda: “Nos llama la atención la demora del ministro de Seguridad por lo cual le pedimos de manera urgente esta reunión”. Además dijo que no le va a contestar a Rubén Galassi, ministro de Gobierno quien chicaneó: “Dejen de militar”.
“Pedimos esta reunión con la máxima autoridad de Santa Fe, de la misma manera que coordinamos con las autoridades nacionales y con el gabinete de la intendenta Mónica Fein”, sostuvo Murray este lunes en declaraciones radiales, luego de que se hiciera público el documento que enviaron los fiscales a Lamberto.
Hasta el momento la única respuesta desde el oficialismo la dio el ministro de Gobierno, Ruben Galassi, quien a a través de su cuenta de Twitter, chicaneó: “Fiscales federales reclaman a Lamberto en un escrito. Si fuera al revés a Lamberto no le alcanza con un libro. Fiscales trabajen, no militen”.
Al ser consultado a Murray por los dichos del funcionario socialista, el fiscal sostuvo que no va a responder a eso, y ratificó su pedido que consta de «una urgente reunión para abordar la problemática relacionada a los delitos complejos motivados estrictamente en causas de competencia federal».
El escrito lleva las firmas del fiscal general Claudio Marcelo Palacín; de los fiscales subrogantes Juan Patricio Murray, Mario Gambacorta y Marcelo Degiovanni; y la del fiscal ad hoc Federcio Reynares Solari; quienes manifiestan su «procupación por la falta de respuesta a una nota del 13 de febrero pasado» en la que los funcionarios se excusaban de asistir a la reunión del Consejo de Seguridad Provincial a la que habían sido convocados.
En la misiva los fiscales realizan severos cuestionamientos a la gestión respecto a la “crisis en materia de seguridad que vive la provincia”. En ese marco, el escrito habla de «la insuficiencia de los recursos humanos y materiales de los que adolecen las Brigadas Operativas de Drogas que dependen de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía de Santa Fe». Y como prueba mencionan que la Brigada de la Unidad Regional II (Rosario) contaba el mes pasado con «sólo 12 funcionarios policiales y cinco vehículos en condiciones regulares de funcionamiento, los que hace mucho tiempo son utilizados por lo que resultan fácilmente reconocibles o identificables al momento de las investigaciones».
Además de las falencias de recursos los fiscales describen la situación a la que, según ellos, se enfrentan los policías antinarcóticos rosarinos: «Atienden la problemática de un millón y medio de habitantes, con una complejidad y conflictividad social que se ve reflejada en hechos de violencia cada vez más cruentos y cotidianos, que resultan consecuencia de la puja por el territorio de las diversas bandas de narcotraficantes afincados en la zona».
Los funcionarios de la Justicia Federal también mencionan como ejemplo que la Brigada Operativa de la Unidad Regional X (Iriondo) con asiento en Cañada de Gómez, tenía en abril cinco efectivos, entre los que se encuentran el jefe y el subjefe, y dos móviles no identificables para realizar las investigaciones que se encomiendan.
Como si eso fuera poco, los firmantes de la nota manifiestan que «en los expedientes en trámite está documentado que muchos de los materiales que los policías utilizan (máquinas de fotos, filmadoras o autos) son de uso particular y de propiedad de los mismos».
Búnkers
Otro tema que mencionan los fiscales en la carta es «la instalación por parte del Ministerio de Seguridad de una política de demolición de lugares donde se expenden estupefacientes sin realizar investigación previa alguna para proceder a identificar y documentar correctamente dicha actividad y detener a los responsables de la misma».
En ese marco, los funcionarios expresan que se ha llegado «al extremo de demoler esos sitios cuando había pedidos de órdenes de allanamiento que estaban por ser libradas por jueces federales, siendo que esos pedidos habían sido hechos por la Sección Inteligencia Sur» de la ex Drogas Peligrosas que depende del Ministerio.
También dicen que «se ha llegado a allanar sin orden y por la fuerza un lugar de expendio de drogas rompiendo la puerta con la problable nulidad que se puede llegar a plantear sobre tal modo de proceder».
Competencias
En otra parte del documento, los fiscales expresan su preocupación por «una cantidad cada vez mayor de procedimientos realizados por diversas dependencias de la policía de Santa Fe con órdenes de allanamiento libradas por los jueces de Instrucción de Rosario en los que se procede contra domicilios donde se expenden estupefacientes y se secuestran drogas, frustrando en algunos casos investigaciones que se realizan en sede federal, abarcativas de otros sitios y personas vinculadas con aquél y que de ese modo impiden llegar hasta estamentos más elevados en la cadena del narcotráfico».
Finalmente, tras destacar que la postura del Ministerio Público Fiscal de la Nación es «receptiva al intercambio de opiniones y a la suma de esfuerzos que permitan encarar con eficacia la investigación y el juzgamiento de los principales responsables del narcotráfico en la provincia», y que por ello se han reunido con la intendenta de Rosario, con miembros del gabinete municipal, concejales, legisladores provinciales, con la ministra de Seguridad de la Nación, con el Procurador General ante la Corte Suprema de la provincia y hasta con funcionarios del Ministerio de Seguridad santafesino «para tratar temas puntuales», entienden que «la magnitud y complejidad de la temática a abordar requiere un análisis integral con la máxima autoridad en la materia en nuestra provincia».
Fuente: Rosario/12, La Capital
