El diputado y titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja santafesina, Héctor Acuña, dijo que el informe de la UNR sobre las muertes vinculadas al crimen narco, “es la prueba más cabal del desgobierno» provincial. Desde el PS, descalificaron el estudio y lo vincularon con la campaña electoral del Frente para la Victoria.
La investigación, cimiento del documental Calles Perdidas que se estrenó semanas atrás en Rosario, da cuenta de las más de mil muertes que el narcotráfico provocó desde 2004 a la fecha y afirma que es un negocio que a nivel regional mueve alrededor de dos mil millones de pesos anuales.
La actual repercusión que tuvieron los datos del informe molestó a legisladores y referentes del oficialismo local, que salieron de inmediato a desdeñar la documentación compilada por la casa de altos estudios.
Una de las primeras voces socialistas en referirse a la cuestión fue la del senador provincial Miguel Lifschitz, quien aseguró que se trata de «una recopilación de recortes de estudiantes apadrinados por el vicerrector de la UNR», Eduardo Seminara, candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria.
Sin embargo, los primeros avales al estudio salieron de un espacio poco cercano al FpV. Para Acuña (Corriente Peronista Federal), las cifras vertidas por la UNR no hacen más que confirmar las denuncias que desde hace varios años realizan desde la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja santafesina, la cual preside.
«Este informe es la prueba más cabal y contundente de las consecuencias del desgobierno del socialismo», acusó el legislador.
Por su parte, el diputado Eduardo Toniolli, del bloque Movimiento Evita y también miembro de esa comisión, evaluó que en los últimos años «creció exponencialmente la tasa de homicidios, muy por encima de distritos del Conurbano Bonaerense estigmatizados por la violencia».
Los datos de la UNR fueron presentados en un informe multimedia que desnudó en cifras las consecuencias del crecimiento del narcotráfico en Rosario: desde 2004 hubo 1000 muertos y funcionan unos 400 «kioscos» de drogas, que le reportan a las bandas $ 2000 millones al año.
«Esto demuestra que no estábamos equivocados quienes denunciábamos que el gobierno de Santa Fe fracasó en la creación de una política de seguridad pública. Hay un crecimiento evidente del narcotráfico», insistió Acuña, en declaraciones al diario Tiempo Argentino.
El titular de la Comisión de Seguridad explicó que hay dos hechos que –a su juicio– marcan la falta de una política de seguridad en la provincia. Por un lado, «hace 70 días que la Comisión en pleno, integrada por diputados del PJ, del socialismo y de la UCR, le pidió una audiencia ampliada al ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, y a otros funcionarios. Pero, hasta la fecha, no han contestado el pedido», indicó.
“Por otro –añadió el legislador–, si bien se creó la Subsecretaría de Delitos Económicos para investigar el lavado de dinero producto del narcotráfico, lleva ocho meses activa y tiene cero causas investigadas».
«El gobierno (santafesino) perdió el rumbo y efectivamente no hay márgenes para la victimización. Mil muertes y la crisis de inseguridad que vive la provincia, especialmente en Rosario y en Santa Fe capital, no se corresponde a un funcionamiento normal», concluyó Acuña.
El diputado Toniolli, puso el foco en el «crecimiento exponencial de la tasa de homicidios en Rosario» y recordó que «en 2009 rondaba en una tasa de diez homicidios cada 100 mil habitantes, en 2012 creció un 50 por ciento para llegar a 15 homicidios cada 100 mil habitantes, y en 2013 proyectamos que terminará en 19 por 100 mil».
Las cifras, explicó, están muy por encima de la tasa media nacional, que es de 5,5 asesinatos cada 100 mil habitantes. También aseguró que los números de Rosario «superan ampliamente a distritos del Conurbano estigmatizados por el nivel de violencia, según datos de la Corte Suprema de Justicia».
El legislador de Movimiento Evita consideró que Rosario es una «ciudad atractiva» para el narcotráfico. «Por un lado, hay toda una estructura de lavado de dinero, con muchas inversiones inmobiliarias, gastronómicas y de venta de autos de alta gama. En todo ese circuito legal la sospecha es que aparece dinero ilegal», analizó.
Otra pata que facilita las actividades ilegales es la complicidad con las fuerzas de seguridad, que funcionan como «una garantía, un paraguas al narcotráfico».
Por otro lado, señaló que desde el gobierno santafesino siempre se negó el crecimiento de la inseguridad en Santa Fe. «Cuando le preguntaban sobre la tasa de homicidios, Binner hablaba de ajustes de cuentas y que eran imposibles de prevenir porque eran conflictos interpersonales. Como si no estuvieran vinculados a estructuras territoriales», dijo Toniolli.
De esa estrategia, agregó el legislador, se pasó a «negar la relación de las fuerzas de seguridad con el tráfico de drogas, se decía que podían ser hechos aislados y se hablaba de la teoría de la manzana podrida», y cuando estalló el escándalo del ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, «se dijo que se trataba de una operación gigantesca de medios afines al gobierno y que era un preso político, como dijo Binner».
En ese sentido, Toniolli rescató que, en los últimos meses, se comenzó a debatir en ámbitos legislativos una reforma integral de seguridad, como el proyecto para crear una policía judicial, que le saque a la policía provincial la toma de indagatorias. «Logramos instalar la discusión. Lo que le falta es pasar el discurso de la ‘manzana podrida’ al de una reforma estructural de las fuerzas de seguridad provinciales», agregó.
