El fiscal federal de Rosario, Juan Murray, partícipe de la investigación que concluyó este jueves en la captura del narco Delfín Zacarías y el desmantelamiento de la mayor cocina de drogas del país, cuestionó el accionar “cuando menos irresponsable” de dos funcionarias provinciales por haber presentado una denuncia sobre el detenido que puso «en severo riesgo” la operación. Además, informó que evalúan abrir una causa para investigar la conducta “de esta funcionaria pública», en alusión a la titular de la Subsecretaría de Delitos Económicos, Margarita Zabalza.
En declaraciones a Radio La Red, el funcionario judicial aportó detalles de las tareas de investigación ordenadas por la Fiscalía, las que explicó, «se hicieron siempre con el afán, como absolutamente en todas las causas, de no caer solamente sobre los eslabones más débiles en esta economía delictiva, que son casi siempre personas que están a veces en estado de semi esclavitud atendiendo en estos lugares de expendio de sustancias estupefacientes, sino llegar a los eslabones más altos de la cadena”.
“Asi –agregó el fiscal– se fue avanzando a lo largo de seis meses, con marchas y contramarchas, como fue una sustracción de alguna serie de procedimientos que se iban a hacer por un aviso que un personal policial dio a los integrantes de esta banda delictiva. Me reservo a qué fuerza pertenece. Y eso frustró los allanamientos que se iban a realizar».
Murray indicó que «posteriormente, durante el curso de la investigación, la secretaria de Delitos Complejos del ministerio de Seguridad de la provincia, Ana Viglione, junto con la doctora Margarita Zabalza, realizaron una denuncia en la Fiscalía Federal contra esa persona por el delito de lavado de dinero, cuestión que nos llamó la atención. Y mucho más la atención nos llamó que dos semanas antes que se desencadenaran todos los procedimientos, cuando estábamos a punto de ordenar los allanamientos, estas dos funcionarias difundieron en un medio local, concretamente el diario La Capital, y posteriormente en el programa Trascendental, en un reportaje que dio al aire la doctora Margarita Zabalza, datos concretos y puntuales de la denuncia que había realizado».
El funcionario judicial añadió que «esto nos puede llamar a dos reflexiones: en primer lugar, pensar en una total y entera irresponsabilidad de la doctora Margarita Zabalza, que dio a conocer datos respecto de algo que debía permanecer en reserva”.
“Cualquier funcionario sea judicial o del Poder Ejecutivo o de cualquier poder del Estado que pretende luchar seriamente contra organizaciones del crimen complejo y organizado debe saber perfectamente que la difusión de este tipo de noticias atentan severamente contra la investigación”, fundamentó Murray, y agregó: “Pese a ello, la doctora dio a conocer datos concretos con pelos y señales de la denuncia que había realizado, lo que movilizó que esta persona estuviera durante las últimas dos semanas realizando tramitaciones para tratar de ver en qué fiscalía o juzgado federal estaba siendo investigado”.
“Incluso –continuó–, con la presentación de un habeas corpus tendiente a presentarse en alguna causa judicial en la cual él estuviera siendo investigado, así poder develar todas las pruebas que había en su contra, y obviamente obturar cualquier posibilidad de éxito de la investigación».
Murray remarcó que «no hay ninguna investigación de parte de la provincia. Hay una denuncia. Las investigaciones son realizadas por la Justicia. Ningún órgano, ya sea del Poder Ejecutivo provincial, sea policial o de cualquier otro poder del Estado puede investigar un delito de competencia federal de manera independiente».
El fiscal explicó que «lo que ellos acompañaron simple y sencillamente son informaciones referentes a base de datos, de registro de propiedad inmuebles y de otros registros provinciales que ya teníamos en la investigación”.
“Desde el primer momento –añadió–, no sólo estábamos investigando la faz de tráfico de estupefacientes, es decir el origen ilícito de las ganancias que este señor obtenía, sino lo que había sido el crecimiento exponencial en las propiedades de esta persona”.
“Lo que solamente hicieron Zabalza y Vigliones fue acompañar informes que se obtienen en cualquier base de datos de información pública y que teníamos acompañada a nuestra investigación”, aclaró el fiscal.
“La divulgación de esta denuncia puso en severo riesgo la investigación que estábamos realizando. Lo que estamos analizando es la realización de una causa por separado para investigar la conducta, cuando menos irresponsable de esta funcionaria pública», concluyó.
