Las organizaciones que integran el Espacio Juicio y Castigo de Rosario manifestaron disconformidad con el modo en que se está llevando adelante el debate oral de la causa Guerrieri II, por delitos de lesa humanidad.
Mediante un comunicado, el Espacio Juicio y Castigo de Rosario, manifestó «disconformidad y preocupación con cuestiones específicas acontecidas durante el debate oral de la causa “Porra, Ariel Zenón y otros s/privación ilegítima de la libertad…”, iniciado en agosto.
De este modo, se refirieron a «ciertas preguntas formuladas por miembros del tribunal a las personas que han prestado su testimonio en el transcurso del juicio, dado que entendemos que muchas de ellas nada tienen que ver con el objeto procesal de la presente causa y tienden a la re-victimización de los testigos. Podríamos pensar que se trata de una estrategia judicial del tribunal, pero a simple vista interpretamos que se trata de desconocimiento de la causa», señalaron.
Asimismo, exigieron «que se cumpla con los horarios previstos para el comienzo de las audiencias. En muchas oportunidades éstas inician con más de dos horas de demora, restringiendo la participación del público en el juicio».
También añadieron en el documento: «Nos sorprende que no exista rotación en la presidencia del Tribunal, siendo ésta ocupada por el Dr. López Arango de manera ininterrumpida, mientras que las Dras. Carnero y Berros permanecen en una posición de subordinación con respecto a él».
El Espacio Juicio y Castigo reforzó, además, el pedido de la querellante y testigo Alicia Gutiérrez para que sea retirado el crucifijo ubicado en la sala de audiencias, «ya que tal como ella lo ha expresado en una nota dirigida al TOF n°1 el día 20 de Agosto, compartimos que la permanencia de “dicho objeto simbólico u otros similares de carácter religioso, lesionan el derecho al tratamiento igualitario de las personas ante la justicia”.
Finalmente, reiteraron su reclamo por el reducido espacio con el que se cuenta para la presencia de público en la sala de audiencias, «insistiendo en que en la causa en curso, así como en todas las causas por delitos de lesa humanidad, debe ser garantizada la calidad de juicio público. Los dieciséis lugares que han quedado para el público resultan claramente insuficientes a tal fin, entendiendo que ello es producto del desplazamiento del blíndex por la mayor cantidad de imputados (12), nueve de los cuales han obtenido el permiso del tribunal para no presenciar el debate oral, decisión que repudiamos totalmente y solicitamos rever», concluyeron.
