La directora de la revista Barcelona, Ingrid Beck, cuestionó a las testigos que presentó este martes Cecilia Pando en la segunda audiencia del juicio civil por la demanda contra la publicación. Se trata de Ana Delia Magi y Patricia Isabel Mauriño, casadas ambas con represores juzgados por delitos de lesa humanidad. Las dos pidieron declarar en privado y que no hubiera periodistas en la sala de audiencias.
Pando, líder de un grupo de familiares y amigos de militares procesados por su participación durante la última dictadura cívico-militar, demandó a la revista porque, sostiene, la contratapa de su edición 193 le ocasionó un «grave daño». Además, pidió 70.000 pesos de indemnización.
La tapa que dio origen al juicio llevaba el título «Las chicas quieren guerra antisubversiva» y mostraba en un fotomontaje a Cecilia Pando atada al estilo bondage, una práctica sexual sadomasoquista.
El texto de la portada decía «Ceci Pando se encadena para vos», en referencia a que en los días previos Pando se había encadenado al Edificio Libertador para reclamar por la detención de militares procesados o juzgados por delitos de lesa humanidad.
«Magi, que se angustió con la contratapa de Barcelona, no se angustió con los torturados en La Perla», dijo Beck luego de la audiencia de este martes.
Los argumentos de la libertad de expresión
La respuesta de la revista a la demanda sitúa el caso en la cuestión de fondo: la libertad de expresión protege a la parodia y la sátira. El primero en testimoniar fue Damián Loreti como testigo de la revista y expuso que la sátira y la parodia “son recursos estilísticos” que utilizan los medios de comunicación entre ellos, y especialmente, Barcelona.
En 2010 cuando la edición 193 de Barcelona salió a la calle, la Sala D de la Cámara Civil, a pedido de Barcelona, ordenó retirar la revista de los kioscos de revistas.
Al día de hoy ese ejemplar no se consigue entre los números atrasados que vende la revista, ni tampoco en su página web. Frente a una pregunta de Pablo Jacoby, abogado de la revista Barcelona, Loreti comentó que el único precedente argentino que recuerda de un hecho de este tipo es el secuestro de la edición 97 de la revista Humor en enero de 1983. Mencionó también la censura del programa de Tato Bores en 1992.
Loreti además consideró que Pando es “una persona privada que toma participación voluntaria en cuestiones de interés público” y que según los principios internacionales estas personas tienen “el mismo estándar de tratamiento en relación a los medios” que los funcionarios públicos y las personas de reconocimiento público.
En relación a la reparación económica como efecto ulterior de la libertad de expresión, el abogado consideró que la reparación económica no debe exceder lo “estrictamente imprescindible” y no debe generar “efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión”.
Por último, tras la audiencia de este martes, Beck informó que «ahora faltan los alegatos y la sentencia» y «se calcula que el fallo saldrá los primeros meses de 2014».
Las testigos de Pando
Magi es la esposa del ex mayor Ernesto Barreiro, quien fuera durante la última dictadura cívico-militar el jefe del ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Este viernes se presentó como testigo de parte de Pando y dijo sobre la contratapa de Barcelona que es como «describir una violación».
La otra testigo de Pando, Patricia Mauriño está casada con Rafael Barreiro, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Corrientes. Durante ese juicio, Cecilia Pando amenazó al por entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde. “Te voy a matar con mis propias manos” le gritó mientras hacía el gesto de degüello. Mauriño fue una de las mujeres que se encadenó al Edificio Libertador junto con Pando en las semanas anteriores a la edición 193 de Barcelona que dio origen a la causa judicial.
Fuente: Infojus, Télam
