“La situación es que hay cantidad de presos en la Alcaidía, lo que de por sí es ilegal ya que no puede haber ninguno”, sostuvo Norma Ríos, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), tras la reunión mantenida con legisladores santafesinos, a quienes solicitó su acompañamiento al pedido de traslado a cárceles comunes de represores que hoy están alojados en la Jefatura de Policía.
“Estamos hablando de que hay siete asesinos de lesa humanidad, cuando a nivel nacional está absolutamente prohibido, porque los condenados de lesa humanidad deben estar bajo el cuidado del servicio penitenciario y no por las policías provinciales”, expresó Ríos este miércoles en declaraciones al programa de radio Poné la Pava (Frecuencia Mutual 104.1).
La titular de la APDH destacó que los legisladores “tomaron el tema con mucha preocupación”, y aclaró que la medida que reclaman no necesita de una ley sino que “bastaría con la firma del ministro”, en alusión al titular de la cartera de Seguridad provincial, Raúl Lamberto.
En ese sentido, agregó que se les planteó a los legisladores presentes la necesidad de que acompañen el pedido para que se haga efectivo el traslado de los represores hoy alojados en la sede policial de O. Lagos al 5200.
La dirigente indicó que el tema tuvo “muy buena” recepción en el grupo de legisladores, encabezados por el presidente de la Cámara baja Luis Rubeo, que participaron este martes del encuentro.
“Tomaron el tema con mucha preocupación. Cuando uno oye que hay entre 300 y 500 presos en Alcaidía cuando no debería haber ninguno, se sorprende”, destacó en ese sentido.
Participaron de la reunión, además del titular de la Cámara de Diputados, el fiscal federal Gonzalo Stara, los concejales Norma López y Roberto Sukerman (FPV) y los legisladores José Tessa y Oscar Urruty. Por los organismos de derechos humanos, junto a la titular de la APDH estuvieron Gabriela Durruty y Daniela Asinar, abogadas de Familiares de desaparecidos.
