La sabiduría popular enseña que si se siembran vientos se recogen tempestades. La violencia que vivimos en Córdoba no es más que el resultado lógico de las políticas neoliberales que viene aplicando en nuestra provincia desde hace muchos años. Este modelo social fue impuesto a sangre fuego por el golpe de estado protagonizado por la policía de Córdoba en 1974, profundizado por la dictadura, y no revertido en las últimas décadas.
Menos justicia social y más represión es igual a todos contra todos
Un gobierno que dirige las políticas públicas para fortalecer a los sectores sociales más poderosos en detrimento de las amplias mayorías, genera un estado de injusticia social que sólo se resuelve con represión. Jactarse de ser la provincia que tiene más policía per cápita es reconocer la máxima neoliberal: menos Estado para las políticas sociales de inclusión, más estado represivo.
Un gobierno que se desentiende de generar políticas públicas inclusivas en términos de derechos, genera las condiciones sociales necesarias para reclutar, en los sectores sociales en donde más se siente la ausencia del estado, la mano de obra para ser el muro de contención de la violencia latente en toda sociedad donde impere la injusticia social. Que ser policía sea visto una salida laboral con cierta estabilidad y proyección de ascenso social para muchas personas de recursos bajos, es otro indicador del fracaso del modelo social que encarna De la Sota. Si a eso le sumamos una legislación represiva e inconstitucional como el código de faltas que orienta las instituciones de seguridad a estigmatizar y criminalizar la pobreza (y no, por ejemplo a crear un fuerza profesional entrenada para desbaratar delitos complejos de “guante blanco”), el caldo de cultivo para el negocio de la seguridad está listo: la violencia del estado genera cada vez más violencia para la cual es necesaria más violencia. De pensar en una sociedad con resolución de los conflictos en términos democráticos ni hablar. Una lógica de seguridad basada en el efectismo de reprimir a los sectores pobres por serlo, no sólo que no soluciona el problema sino que lo perpetúa.
Policía para el que precisa
Se entiende: no represivo contra la violencia y el delito que generan las mafias organizadas, sino contra los sectores sociales más vulnerables. Esto genera que las cadenas delictivas que atraviesan todos los niveles sociales, y que muchas veces operan con agentes estatales que deberían ser quienes las combatan, como es el caso de los narco policías, sólo sean perseguidas en sus eslabones más débiles, ya que es en los sectores de menos recursos en general (económicos, sociales, culturales) donde más crudamente se visibiliza esta realidad. Dicho de otro modo: el conflicto social que produce la concentración de la riqueza recursos materiales y simbólicos, por ejemplo con un modelo impositivo regresivo, genera un estado de todos contra todos, en el cual el frente de batalla se da en los sectores sociales más vulnerables. La guerra de pobres contra pobres que vivimos estos días es parte de un conflicto mayor en el cual el que tiene más recursos para cuidarse el culo sale asustado a pedir que eliminen el peligro, sea como sea.
Un reclamo legítimo
En términos estrictamente salariales y de derechos laborales, en tanto empleados públicos, el reclamo policial es tan legítimo como el de cualquier otro trabajador estatal, sea de la salud, de la docencia o administrativo. Y es legítimo porque la paupérrima situación en la que se encuentra la mayoría de los agentes estatales de seguridad es similar a la de la mayoría de los empleados públicos de nuestra provincia. No atender en una mesa de diálogo los reclamos, redirigir el gasto público a que los trabajadores estén en condiciones dignas para cumplir su tarea. Empleados mal pagos, mal formados y sin los recursos necesarios para la labor pública que deben cumplir, es la muestra más patente del desinterés del gobierno por solucionar a fondo los conflictos sociales. Esta es la otra pata de la versión “cordobesista” del neoliberalismo: despreocuparse por la calidad de los servicios que debe prestar el estado para que el pueblo goce de sus derechos.
Un método ilegal y mafioso
Dicho esto, el desamparo al que quedamos expuestos los ciudadanos por el autoacuartelamiento, permitió que toda esa violencia latente que genera este modelo saliera con su mayor crudeza: el odio de clases, de abajo para arriba y de arriba para abajo solo genera la destrucción de relaciones sociales que nos va a costar mucho reconstruir. Indudablemente muchos de los hechos violentos que sufrimos estuvieron perfectamente digitados. Y esto muestra la cara más oscura de un modelo de seguridad donde sectores de la policía provincial son parte de los negocios ilegales que debieran combatir. Esto se evidencia no sólo con el narco escándalo, sino en la certeza de que la “zona liberada” que fue Córdoba el martes y miércoles, se repite a cotidiano en muchos barrios. La mafia actúa así: para desarrollar sus negocios ilegales, primero te golpea y te amenaza y después te viene a vender el servicio de la seguridad que ellos mismos te quitaron. Así se genera un círculo infernal en donde el miedo propiciado es el mecanismo para que nos resignemos ante los mafiosos.
El río revuelto del miedo y el odio
Y ya sabemos que el miedo y el odio a los otros son las herramientas de dominación más eficaces. Gente dispuesta a matar o morir es la ruptura total de nuestra dignidad como personas. En el río revuelto del miedo, no es casual que salieran voces pidiendo la eliminación del derecho a tener derechos, de la necesidad de eliminar a los otros. Son los mismos que generaron esta situación. Es indudable el fracaso de una lógica de seguridad basada en la cantidad y no en la calidad. Más policías y más detenciones arbitrarias amparadas en una legislación anticonstitucional, no sólo no solucionaron el problema sino que son parte central del mismo. En las sociedades complejas en las que vivimos es indudable la necesidad de la fuerza pública. Pero si en el corazón mismo de la formación de los agentes policiales el entrenamiento se basa en el verdugueo, en los castigos arbitrarios, es decir en la vulneración de derechos como construcción de una disciplina basada en el miedo al superior y acatar órdenes aunque estas sean ilegales, esa fuerza lejos estará de sentirse capacitada para salir a velar por los derechos de los demás.
Más seguridad es más derechos
Es posible generar políticas públicas de seguridad democráticas, con una institución realmente subordinada a l gobierno elegido por el pueblo. Ahora cuando es ese mismo gobierno por desidia, incapacidad, o por convicción ideológica, sale a vender recetas mágicas ineficaces, cuando el mismo gobierno no prioriza en el gasto público la inversión en políticas sociales, va a ser muy difícil que la situación cambie. No hay mejor seguridad que un pueblo con condiciones dignas de vida y educado para el respeto inclaudicable a la vida propia y de los otros. Como cordobeses tenemos mucho por hacer y aprender en ese sentido. La construcción siempre es más dura y lenta que la destrucción, pero eso no nos puede frenar, somos muchos, muchísimos más, los que queremos vivir honestamente y en paz social. El cambio de golpe por golpe sin ningún horizonte es un laberinto dantesco que conduce al asesinato de nuestra dignidad. La salida, como siempre, está en el cambio de rumbo político.
*Emiliano Fessia es director del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención La Perla
