El acta policial confeccionada el día del doble crimen de Medina y su novia dice que dos funcionarios provinciales se presentaron en la Jefatura para desbloquear un celular y la Macbook del presunto narco asesinado. La consulta con el secretario del juzgado de Cosgaya fue posterior, cuando los técnicos ya habían accedido a la clave. El 29 de diciembre pasado, cuando la noticia del crimen del presunto narco Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli sacudía la modorra dominguera de las redacciones, el subcomisario Nicolás Martín Llanes, jefe de la Sección Pericias Informáticas de la Policía de Rosario, se disponía a labrar un acta burocrática que, unos días después, sería la piedra fundamental de un escándalo político. Refiriéndose a él en tercera persona, escribe: “A los fines legales que diera lugar hace constar que”. Y allí anota datos claves de una de las polémicas que sobrevuela la causa por el asesinato de Medina. “Se hacen presentes en esta sección los señores Javier Echaniz y Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnología del Ministerio de Gobierno, los cuales fueron enviados por el Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Dr. Lamberto a los fines de que brinden colaboración en el desbloqueo del teléfono celular marca Samsung (…) y de una Macbook (ultrabook) marca Apple (…), elementos que fueron secuestrados en relación a una causa caratulada NN s/homicidio víctima Luis Medina”. La misma acta revela que los funcionarios “enviados” por Lamberto llegaron antes de que la policía realizara la correspondiente consulta con la justicia para entregar los elementos de prueba a los funcionarios políticos del gobierno. El documento deja constancia de que también estaba en la Jefatura de Policía el jefe y subjefe de la Agrupación Unidades Especiales, Guillermo Morgans y Javier Leiva, y el jefe de la Brigada de Homicidios subcomisario Lanche.
La orden
Luego, el acta labrada por el subcomisario Llanes señala que “se hace presente además a las 00.20 hs la señora fiscal de Cámaras Dra. Iribarren (María Eugenia), quien consultada por el temperamento a seguir con los elementos de prueba bloqueados, la misma efectúa una consulta telefónica con el Dr. Acosta, secretario del juzgado interviniente, quien previa consulta con la Sra. jueza en turno, Dra. Raquel Cosgaya, el mismo dispone que de acuerdo a lo ordenado por la magistrada, dichos elementos bloqueados sean remitidos a la Secretaría de Tecnología del Ministerio de Gobierno a los fines de que se realice la medida pericial requerida (…)”. Así, el acta policial del día del crimen de Medina, a la que tuvo acceso Redacción Rosario, revela tres datos importantes sobre la polémica: que los funcionarios del área tecnológica llegaron “enviados” por el ministro Lamberto; que lo hicieron antes de que la fiscal de Cámaras Iribarren solicitara que se hiciera la consulta con la jueza en turno; y que la jueza habría dado la orden en forma telefónica al secretario del juzgado, quien la transmitió a los policías. El 2 de enero, la jueza de instrucción Raquel Cosgaya desmintió al diario La Capital haber sido quien dio la orden de enviar la notebook y el celular de Medina a manos de funcionarios del gobierno de Bonfatti. Dijo: “La policía que intervenía me consultó si efectivos de la Agrupación Unidades Especiales podían registrar un celular y no una computadora. En un momento en que había que actuar con rapidez respondí que el criterio debía ser que interviniera dentro de la policía quien tuviera aptitud para hacerlo. Pero nunca autoricé a un funcionario del Poder Ejecutivo”. Cosgaya tuvo que intervenir ante la imposibilidad de los policías de ubicar a la jueza que estaba en turno ese día, la titular del juzgado de instrucción 5ta, María Luisa Pérez Vara, quien nunca atendió el teléfono que utilizan los magistrados en turno. De esa acta se toman los funcionarios de la Casa Gris, y hasta el propio gobernador, para asegurar que el envío de los elementos tecnológicos secuestrados en el hotel donde estaba hospedado Medina fuera a parar a manos de Echaniz y Degrati.
La hora
Pero existe otra acta, labrada el 30 de diciembre en la ciudad de Santa Fe por el sargento Franco Arana, numerario de la División Asuntos Internos, que revela otro dato clave sobre la polémica en relación al cuidado de las pruebas del crimen de Medina. Arana había sido designado el día antes por la fiscal de Cámara Iribarren para que sea quien traslade la computadora y el teléfono del presunto narco hasta el Centro de Cómputos de la provincia, donde se realizaría la pericia. Junto a otros policías que lo acompañaban, el sargento Aranda llegó al edificio del área de Tecnología a las 11.26 del penúltimo día del año 2013. Dejó constancia de que allí lo recibieron Echaniz, Degrati, el director provincial de Comunicaciones, Guillermo Porchietto, y un suboficial de la División Informática de la policía santafesina. Pero lo más importante del acta es cuando registra que “el licenciado Degrati relata que en el día 29 del corriente, siendo las 23.59 aproximadamente, encontrándose en la oficina de pericias informáticas de la UR II (Rosario), en oportunidad en que procedió a examinar dicha ultrabook, de acuerdo a las órdenes impartidas por la autoridad judicial mencionada (la jueza Cosgaya), notó que el acceso al sistema operativo se encontraba restringido mediante una contraseña y al ingresar sin clave aparecía una ayuda con el texto: “me llamo al revés”, por lo que se ingresa el nombre de pila del usuario en forma regresiva, SIUL, logrando iniciar sesión”. Aranda también da cuenta que Degrati “realizó un respaldo completo del directorio raíz en formato comprimido” y que fraccionó los datos por si fuera necesario “copiarlo a un medio de almacenamiento de menor tamaño que el archivo en cuestión”. Y asegura que esos archivos fueron guardados en la misma computadora. Lo sorprendente es que según esta acta Degrati realizó esa operación el 29 de diciembre a las 23.59, mientras que de acuerdo al documento anterior la fiscal Iribarren llegó a las 00.20, es decir 21 minutos después, y recién allí indicó que se realizara la consulta con el secretario Acosta, del juzgado de Cosgaya, quien habría dado la orden de que la notebook fuera peritada por los funcionarios del gobierno provincial. Según los documentos oficiales, el subsecretario de Tecnología desbloqueó el equipo informático antes de la presunta orden telefónica de la jueza a través del secretario de su juzgado.
Pericia interruptus
De acuerdo a esos documentos, que están en manos de la jueza de instrucción Alejandra Rodenas, quien finalmente se hizo cargo del caso, la pericia no llegó a completarse en Santa Fe. De todos modos, se “realizó una vista general del contenido del equipo” y capturas de pantalla de contraseñas utilizadas por Medina, búsqueda de correos electrónicos y movimientos de archivos de los 15 días anteriores al crimen de su propietario. Pero la tarea no pude completarse. Escribe el sargento Arana: “Siendo las 13.47, recepciono en mi celular un llamado del comisario inspector Guillermo Morgans, jefe de Agrupaciones Unidades Especiales de la URII, quien trasmite en el acto lo ordenado por la Dra. Alejandra Rodenas, a cargo en la actualidad en suplencia del juzgado de instrucción 5ta, de suspender la pericia en el estado en que se encuentra y secuestrar todos los elementos utilizados para realizar la pericia hasta el momento del llamado”. Por las dudas, Arana realizó una consulta telefónica con un superior, “quien ratifica lo ordenado” por Morgans. La notebook y el celular de Medina comenzaban a desandar nuevamente la autopista hacia Rosario, donde los esperaba la jueza Rodenas para hacerlos peritar por Gendarmería nacional.
