El conflicto originado por los despidos de 12 trabajadores de Liliana SRL adquirió otra consistencia tras las últimas acciones iniciadas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El sindicato pidió a la justicia que se ordene el levantamiento de la protesta.
Este viernes, representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario, encabezaron una movilización a los Tribunales Provinciales y solicitaron ante el fiscal regional, Jorge Baclini, “el levantamiento de la protesta” de los trabajadores despedidos de Liliana, tal cual publicó el suplemento local de Página 12. El motivo consignado en el matutino, es que para los dirigentes de la UOM –quienes sostienen que fueron instados por empleados de la firma–, el piquete de los cesanetados “no permite el ingreso de otros 600 empleados a la planta”. Para el sector de los despedidos, la movilización a tribunales estuvo “compuesta por personal jerárquico” y “un puñado de operarios y una patota y empleados de la UOM”, para “solicitar la represión contra los trabajadores que reclamamos la reincorporación de 12 activistas y delegados votados en asambleas”.
“La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pidió ayer (por este viernes) en la Fiscalía de los Tribunales provinciales que se garantice el acceso a la planta de Liliana en Granadero Baigorria de los empleados que no pueden ingresar debido a piquetes que bloquean la entrada. El pedido fue apoyado por una ruidosa manifestación de más de un centenar de trabajadores de la firma, que se concentraron frente al edificio judicial de Balcarce entre Pellegrini y Moreno”, publicó por su parte el diario La Capital.
El alejamiento entre el gremio y los trabajadores despedidos se fue ensanchando día a día desde el inicio del conflicto y está semana llegó a su máxima distancia, cuando desde la UOM definieron abandonar las negociaciones en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Según La Capital, el sindicato solicitó que “se dejara participar de la audiencia a seis empleados de Liliana que les habían acercado un petitorio suscripto por más de 300 trabajadores” de la empresa ubicada en Granadero Baigorria, en el que habrían solicitado que «se garanticen las prestaciones de tareas», ya que habrían sufrido «amenazas de parte de personas ajenas a la empresa y en situaciones de piquetes existentes en cercanías de la planta».
En su blog, los trabajadores despedidos respondieron a ese señalamiento diciendo que “es una mentira” lo planteado por la UOM. “Las medidas que mantienen la planta paralizada durante más de dos semanas, son votadas en asambleas donde participan la mayoría de los trabajadores, hecho que consta en actas firmadas por escribana. En dichas actas también consta que los despedidos no están impidiendo el ingreso a la planta y que ha ingresado a trabajar el personal jerárquico sin problema alguno”, publicaron en su web.
“Nosotros como gremio hicimos todos los procedimientos para reincorporarlos y ahora ellos no dejan ingresar al resto de los trabajadores, con gente ajena a la empresa. La firma les viene pagando hace 15 días a los trabajadores, pero no sabemos hasta cuándo se va a sostener esta situación. La protesta es que quieren conservar sus fuentes de trabajo, queremos que se destrabe esta cuestión», fundamentaron desde la UOM.
Los operarios despedidos, denunciaron por su parte que la empresa “obligó a trabajadores a firmar un petitorio” con el que “se pretende enfrentar a los trabajadores”.
Rosario 12, publicó este sábado que el abogado gremial, Pablo Cerra, indicó que “cuando ayer (por este viernes) los trabajadores se presentaron en la Fiscalía, el titular Jorge Baclini se comunicó con el ministro Lamberto y éste se comprometió a recibirlos para intentar que se desaloje el ingreso a la planta”. El abogado calificó que «se inició un conflicto pluriindividual en el Ministerio de Trabajo” y remarcó que “nosotros dejamos claro que solicitamos la reincorporación de los despedidos, pero también planteamos que solicitamos al Estado la intervención por los más de 600 empleados que no podían ingresar a la planta».
“El gremio dejó en claro que el propio Ministerio de Trabajo de Santa Fe había labrado actas de inspección en las que había certificado la presencia de piquetes que impedían el ingreso de trabajadores a la planta”, publicó este sábado La Capital, medio en el que destacó además que “la postura de la UOM fue refrendada por más de un centenar de empleados de Liliana, que en la puerta de Tribunales reclamaron con carácter de urgencia por su libertad laboral, y dejaron en claro que quieren ejercer su derecho de trabajo”.
En cambio en su blog, los trabajadores despedidos aseguraron que “la UOM hace todo esto para garantizar que se mantenga la situación de total ilegalidad que hay en Liliana desde hace décadas. La empresa prohibió durante 64 años la elección de delegados”.
“Frente a este hecho, los trabajadores hace un año votamos delegados en asamblea que concurrieron a las negociaciones como tales en el Ministerio de Trabajo firmando incluso acuerdos con la empresa. A estos delegados es a los que la empresa ahora pretende despedir para continuar con una fábrica sin representación sindical alguna”, afirmaron los despedidos.
Los cesanteados acusaron que “esta falta total derechos para los trabajadores no podría existir sin la complicidad de la UOM que no convocó jamás a elecciones durante décadas, como hacen en la mayoría de las cientos de fábricas metalúrgicas de la ciudad. De esta forma garantizan salarios de $4200 mensuales”.
Y concluyeron: “La UOM jamás tomó una medida contra el fraude laboral de Liliana, que mantenía al 75% de los trabajadores contratados por agencia de forma ilegal. Tampoco tomaron una sola medida por la reincorporación de los despedidos. La primera marcha en décadas de la UOM Rosario no se realiza en defensa de los trabajadores, sino con una patota y para pedir la represión de la narcopolicía a quienes ejercemos nuestro derecho constitucional a la huelga y a tener delegados votados por los trabajadores”.
Este sábado la UOM y representantes de la empresa, se reunirán con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto para tratar el tema, a pedido del sindicato.
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