Foto: Javier García Alfaro
Cinco jueces de Menores exigieron al Gobierno provincial que traslade a los pibes internados en el Irar a otras dependencias del Servicio Penitenciario santafesino para revisar las condiciones de alojamiento. Para la Coordinadora de Trabajo Carcelario, la medida “termina por donde se debía empezar”; el Ministerio de Justicia, adelantó que es “incumplible”.
Las juezas de Rosario Gabriela Sansó, María Dolores Aguirre Guarrochena, Carolina Hernández y María del Carmen Mussa; junto al juez de San Lorenzo, Martín Fogliato enviaron un oficio a la dirección del Instituto de Rehabilitación de Adolescentes de Rosario (Irar) para que en el plazo de 24 horas, traslade a los casi 40 jóvenes alojados en el edificio de Saavedra y Cullen, a otras dependencias del Servicio Penitenciario santafesino, para revisar en el plazo de un mes, las condiciones edilicias y de salubridad de lugar.
Luego de una reunión mantenida este miércoles entre autoridades de la provincia, funcionarios manifestaron que «es imposible dar cumplimiento a la medida porque se estarían violando todos los pactos internacionales y los derechos humanos de los menores».
Desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario, una de sus referentes, Lilian Echegoy, en dialogó con Redacción Rosario, se mostró preocupada por el dictamen de los jueces, y señaló que “hay una puja de poderes en esta medida, donde los chicos son rehenes de esta situación”.
“Nosotros venimos denunciando hace años las condiciones que se viven en el Irar, tanto a las autoridades provinciales como organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tanto el encierro, los maltratos, las ratas en el lugar; y los muchos chicos que salen del encierro para morir en la calles.”
“Ayer a la tarde (por el miércoles) luego de la resolución judicial -continuó Echegoy, se apersonaron todos, desde el ministro de Justicia hasta la directora de Asuntos Penales , todos los dispositivos de la provincia y la Municipalidad, entonces se terminó por donde se debía empezar”, denunció.
La subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini, dijo al periódico Rosario 12 que la medida dictada por los jueces es «un retroceso por el principio de especialidad del tratamiento del menor. De ninguna manera incumpliremos un orden judicial pero trataremos de buscar soluciones y llevar tranquilidad a las familias de los jóvenes alojados y de los trabajadores del Irar», agregó la funcionaria.
Los jueces ordenaron a Jimena Staurini, la directora del Irar, que «de inmediato y en un plazo no mayor a 24 horas efectivice el traslado de los menores que estén a disposición de este juzgado alojados en los pabellones A, B, F y G en coordinación con la Dirección de Justicia Penal Juvenil, a otro centro de detención a puertas cerradas dependiente del Servicio Penitenciario con presencia permanente de personal de Justicia Penal Juvenil en todos los casos y donde se garanticen condiciones de salubridad acordes con su condición de persona, se garantice la integridad física y psíquica de los mismos, contacto con la familia, trato digno, y su alojamiento separado de internos mayores de edad».
Echegoy, a raíz de la disposición, aseguró que la situación planteada por los jueces “será peor” por en ese caso, serían llevados a una cárcel común; y que esta disposición viola toda la legislación vigente. Además, la trabajadora social criticó las acciones del ministro de Justicia Juan Lewis en este tema, aunque admitió el carácter corporativo de la Justicia. “Por eso planteamos de que es una puja de poderes. Es imposible vivir como lo hacen los 39 chicos; no se creía lo que denunciaban las madres de que había ratas y de lo inhabitable del lugar, pero de ninguna manera pensamos que estos chicos pueden ser llevados a otras cárceles del Servicio Penitenciario. Nosotros en su momento planteamos el cierre del lugar y pensamos en otros dispositivos y herramientas para la contención de estos chicos”.
En la misma línea, la abogada de la CTC, Carmen Maidagan fue tajante: “En el Servicio Penitenciario no hay lugar» y puso como ejemplo que las cárceles de Piñero y Coronda «hay dos presos por celda». «Por eso decimos que no hay manera de pensar que los chicos puedan estar mejor en una unidad penitenciaria», agregó.
