En el Puerto santafesino se entrecruzan la corrupción y el silencio de los medios locales. Familiares del titular del ente portuario, Marcelo Vorobiof, crearon empresas que luego recibieron obras millonarias. Informes de la provincia advertían esto desde 2012 pero sin embargo no se tomaron medidas. La Justicia avanza en una causa que preocupa al oficialismo.
Por una solicitud del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, durante los años 2012 y 2013 la Sindicatura General de la Provincia realizó una serie de informes para determinar cuál era la situación de los puertos de Santa Fe. En esos informes la Sindicatura ya advertía gran parte de las irregularidades que se estaban cometiendo en el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe (EAPSF) y que hoy está investigando la Justicia. En las maniobras hay un actor clave: Marcelo Vorobiof, presidente del Consejo Directivo, quien fue nombrado en ese cargo por Hermes Binner, en enero de 2010, y ratificado por Antonio Bonfatti en diciembre de 2011, días después de asumir como gobernador.
El fiscal Jorge Andrés, quien lleva adelante la “Causa Puerto”, calificó esos informes como “lapidarios”. Sin embargo, el gobierno no intervino siquiera cuando la información tomó estado público y Vorobiof sigue al frente del Ente. El tema generó aún más rispideces entre el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, que gobiernan Santa Fe desde 2007 aliados en el Frente Progresista Cívico y Social: Vorobiof es un hombre del radicalismo puesto allí por Mario Barletta, quien está dispuesto a sostenerlo. Y Bonfatti, hasta ahora, eligió el mismo camino.
Empresas fantasmas
Victoria Lascurain, una empleada con cargo gerencial dentro del ente, realizó una denuncia por mensajes de textos intimidatorios y una amenaza de muerte que dio pie a la investigación del fiscal Andrés, que en septiembre de 2013 imputó a Vorobiof y a Sergio Vázquez, Gustavo Banchik, Carlos Demartini, Rodrigo Carelli, Mariela Oroño, Aníbal Carioliche, Gisel Sequeira, Sebastián Alonso y Fernando Molinari por los presuntos delitos de “Peculado y/o negociaciones incompatibles con la función pública y/o abuso de autoridad y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o uso de documento falso y/o defraudación por administración infiel agravada a la administración pública”.
La maniobra más grosera ocurrió con la empresa Rumbo Portuario SRL, a la que un día después de su creación se le adjudicó la obra de “Desmalezamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes”. Luego logró quedarse también con otras obras por las que cobró casi 2 millones de pesos. Esa “empresa” fue allanada el 25 de julio: allí vive el matrimonio conformado por Rodrigo Carelli, técnico constructor, y María Guadalupe Oroño, mecánica dental.
“La empresa ni siquiera estaba regularizada cuando se le adjudicó la obra, faltaban requisitos impositivos y fiscales que regularizaron con el correr de los días”, precisó el fiscal. Lo curioso es que en esa empresa, cuando una inspección del Ministerio de Trabajo requirió la presencia de un gerente, apareció Sergio Vázquez, casado con Cecilia Vorobiof, hija del titular del ente portuario.
Por su parte, a la empresa Casco Felipa se le adjudicaron obras por 642.288 pesos. Allí también aparecen las relaciones familiares: la titular es Alejandra Casco, casada con Gustavo Banchik. Su hermana es Mónica Banchik, la esposa de Vorobiof.
Otra empresa beneficiada fue Caro Engler UTE, que en octubre de 2011 firmó un contrato para la “construcción de calles internas y obras secundarias por 10.945.160 pesos”. La firma incumplió los plazos y los técnicos del ente verificaron el incumplimiento. Pese a esto, se les pagó igual: cuando Caro Engler UTE había realizado “un 10 o 15 por ciento” de la obra el EAPSF ya había abonado el 40 por ciento de lo acordado.
En febrero de 2013, cuando la empresa ya había abandonado la obra, se rescindió el contrato. Caro Engler UTE, que incumplió ampliamente el acuerdo, cobró 8.180.319 pesos. Además, se le otorgó un permiso para usar un terreno dentro del puerto por diez años, por el que debe pagar “605 dólares y 484 euros de manera mensual”.
La empresa recibió pagarés en dólares y los endosó a un tercero. Cuando este se presentó a cobrarlos, el ente pretendió pagar en pesos. Ante la negativa del acreedor, el Puerto pidió autorización al Banco Central para comprar 710 mil dólares. Pero la deuda era de 110 mil dólares, “desconociéndose el destino de los restantes 600 mil dólares”, sostuvo el fiscal.
Los cánones que pagan las empresas que se instalan en el puerto y la decisión de a quién se le concede un terreno en el lugar más caro de Santa Fe también es una discusión interesante: según Hugo Kofman, integrante del Centro de Estudios y Acción Popular, que realizó el documental “Puerto de Aguas Turbias”, la empresa Coto “no pagaría más de 19.250 pesos mensuales” por el terreno que utiliza en el puerto, mientras que “una concesionaria pagó en marzo de 2014 un canon de 8000 pesos”.
Más medidas
Para avanzar en la investigación el juez Jorge Pegassano solicitó información al ente portuario, a la AFIP, al Casino (emplazado en terrenos del puerto) y le requirió al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente los balances del ente de los años 2011 y 2012.
También le solicitó al Registro Público de Comercio información sobre las firmas Casco Felipa y Caro Engler UTE, al Ministerio de Trabajo información sobre la inspección realizada a la empresa Rumbo Portuario y a la Escribanía Mayor del Gobierno la declaración jurada de bienes de Marcelo Vorobiof y su grupo familiar, de 2011 a la fecha.
Durante la semana pasada el juez tomó varias declaraciones testimoniales, entre ellas la de Victoria Lascurain, la empleada que denunció amenazas del entorno de Vorobiof y ratificó ante el juez lo que había declarado ante el fiscal.
Hace dos semanas se negó a prestar una declaración informativa José María Chemes, representante de la Municipalidad en el Puerto. El fiscal tiene sospechas sobre su actuación “en una serie de pagos irregulares”. Lo llamativo es que se trata sólo de una citación para aportar información, situación que, uno entiende, tiene una carga mayor para quien es funcionario público.
El blindaje mediático
Vorobiof forma parte del establishment político y económico de Santa Fe: además de estar a cargo del Puerto es parte de Pilay, empresa que maneja el corazón inmobiliario de la capital provincial y tiene una fuerte presencia publicitaria.
Los dos diarios locales tienen intereses económicos en el Puerto. En 2007 Nahuel Caputto, integrante del directorio del diario El Litoral y titular de la productora Arcadia, compró tierras en el lugar elegido para la ubicación del nuevo puerto.
Por su parte, el grupo UNO cerró un acuerdo con el Ente Administrador del Puerto de Santa Fe: en su edición del 18 de diciembre de 2013 precisa que “la empresa editora del matutino santafesino obtuvo de parte del Ente Administrador del Puerto la firma de un acuerdo de reserva de un terreno, donde en el futuro estará la sede de este medio”. Luego destaca que se trata de 2785 metros cuadrados “en el sector CP1 de la zona portuaria de la capital provincial”.
Un socio acusado de andar por rumbos homicidas
Este viernes 15 de agosto se difundió un dato que suma sospechas a las maniobras desde el ente portuario santafesino que están bajo la lupa de la Justicia. En los tribunales de la capital provincial se confirmó que está bajo prisión preventiva, acusado de homicidio, uno de los socios de la firma Rumbo Portuario, la que al día siguiente de ser creada fue contratada por el ente por una cifra millonaria. Se trata de Aníbal Daniel Carioliche, uno de los titulares de la empresa más emblemática de las investigadas por los negocios portuarios.
Carioliche tiene prisión preventiva por el homicidio calificado de Antonio Bernabé Báez, registrado el 6 de junio de 2013 en la localidad de Alto Verde. También está acusado Ramón Eusebio Carioliche, hermano del hombre ligado a la empresa contratista del ente portuario y gerenciada por el yerno de Marcelo Vorobiof, el titular de la entidad que administra el puerto santafesino.
La investigación por el crimen en el que están acusados los hermanos Carioliche la lleva adelante el fiscal de la Sexta Nominación de la capital provincial, Rubén Díaz. La difusión del proceso judicial llegó al día siguiente que también la Legislatura provincial fuera caja de resonancia de las investigaciones por los manejos en el puerto. De hecho, en el ámbito legislativo se creó una comisión investigadora que tuvo como primera actividad recibir el testimonio de Victoria Lascurain, la primera denunciante de las maniobras en el puerto. Entre los integrantes de la comisión se cuenta el diputado Leandro Busatto, quien tras la entrevista con Lascurain manifestó saber que “hubo informes internos de la provincia que están en la justicia, pero que serían muy valiosos para aclarar algunas cosas“. Su par Héctor Acuña, en tanto, sostuvo que “duele mucho, después de tantos años de democracia, ver cómo algunas cosas se hacen con una impunidad absoluta. Sinceramente espero que la sociedad comprenda las cosas que se han hecho y cómo se han hecho“, remarcó el legislador.
Nota publicada en la edición 156 del periódico el eslabón
Bonfatti sí sabía del Puerto | Redacción Rosario
19/08/2014 en 17:00
[…] Denuncias zarpadas […]