El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario dictará este viernes sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad de la segunda parte de la denominada causa Feced, en la que están acusados diez policías que actuaron en el centro clandestino de detenciones del Servicio de Informaciones (SI).
La audiencia oral será acompañada desde las 10.30 por una radio abierta organizada frente al Tribunal, en bulevar Oroño al 900, por el Espacio Juicio y Castigo que agrupa a organismos de derechos humanos, políticos, estudiantiles, sindicales y sociales.
En la causa Feced II están acusados los ex policías santafesionos Carlos Ulpiano Altamirano, Lucio Nast, Ricardo Torres, José Rubén Lo Fiego, Ramón Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante.
Todos formaron parte del grupo conocido como “la patota de Feced”, por el apellido del jefe de la Policía de Rosario durante los primeros años de la última dictadura, el comandante de Gendarmería Agustín Feced, ya fallecido.
Según se conoció durante el juicio, los policías actuaban en el Servicio de Informaciones de la Policía provincial, que dependía operacionalmente del Comando del II Cuerpo de Ejército, y están imputados por homicidio –sólo uno de los imputados–, tormentos y privación ilegal de la libertad.
Durante las audiencias del juicio, que se inició en febrero pasado, se ventilaron los casos de 43 víctimas del terrorismo de Estado, entre ellas el militante Conrado Galdame y los hermanos peruanos Roy Céspedes Chuang y María Antonieta Céspedes Chuang, presuntamente asesinados para encubrir el crimen del primero.
Ese caso fue recogido en el informe de Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) y produjo en su momento un conflicto diplomático con Perú, que cobró trascendencia internacional.
El TOF2 de Rosario, integrado en esta ocasión por los jueces Noemí Berros, Ivón Vella y Roberto López Arango, escuchó el viernes pasado las palabras finales de siete de los diez acusados y estableció que mañana dictará la sentencia.
La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la asociación civil H.I.J.O.S Rosario solicitó, igual que el fiscal Gonzalo Stara, prisión perpetua para Altamirano y 25 años de prisión para el resto de los acusados, a cumplirse de modo efectivo en cárcel común.
