Según el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, los titulares de cuentas bancarias en Suiza investigados por la AFIP evadieron impuestos destinados a financiar la seguridad social, y consideró que el caso es un «tema neurálgico para la democracia argentina». Legisladores kirchneristas impulsan una comisión investigadora.
«La cantidad de plata que se evadió, los miles de millones de recursos, se podrían pagar dos años de asignación universal por hijo (AUH), 140.000 viviendas para familias del plan Procrear, por lo tanto estamos discutiendo un tema neurálgico de la democracia argentina”, afirmó Bossio en declaraciones al programa «678» emitido por la TV Pública.
El funcionario detalló que los individuos y entidades sospechadas «evadieron IVA, Ganancias y Bienes Personales», y recordó que son «recursos que no entran al ANSES». «Le están sacando plata a los argentinos», enfatizó.
También se refirió al diputado del Frente Renovador y ex titular del organismo previsional, Sergio Massa, «Massa conoce cómo es la estructura impositiva de Anses, sabe que entran 60 pesos de aportes y contribuciones y 40 de impuestos y no lo vi haciendo una declaración al respecto», afirmó.
Según las estimaciones, la operatoria ilegal descubierta por la AFIP supera a los presupuestos provinciales de Córdoba, que en 2014 aprobó un monto de 44.614 millones, y Santa Fe, que para este año contó con un presupuesto de 53.609 millones de pesos.
Comisión investigadora
Por otra parte, legisladores del Frente para la Victoria de ambas Cámaras del parlamento, indicaron que impulsarán la creación de una comisión investigadora para profundizar la denuncia por evasión impositiva y asociación ilícita que la AFIP realizó contra el banco HSBC, desde donde se habría instigado la fuga de divisas no declaradas a cuentas bancarias en una sucursal de Ginebra, Suiza.
Así lo comunicaron al diario Página/12 los titulares de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y Senadores, Roberto Feletti y Aníbal Fernández, que adelantaron que piensan citar a los denunciados por la AFIP, entre ellos a Alfonso Prat-Gay, y también a directivos del HSBC y de otros bancos extranjeros en el país.
“Si esto forma parte de un comportamiento sistémico por parte de la banca extranjera para facilitar la fuga de divisas, habrá que revisar la Ley de Entidades Financieras”, planteó Feletti.
En tanto, remarcó que “es un tema muy grave, porque no se trata de un empleado administrativo que ayudaba a fugar divisas, sino de un banco multinacional de gran envergadura que está involucrado”.
“Tengamos en cuenta que en el país los bancos extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, y no puede ser que ellos compitan para captar depósitos y luego ayuden al inversor a fugar las divisas al exterior”, sostuvo Feletti.
En la misma linea, el senador nacional Aníbal Fernandez, señaló que ya comenzaron a analizar la información que brindó la AFIP, por lo que sostuvo: “Vamos a definir una comisión bicameral que cite a todos los responsables, por ejemplo a Alfonso Prat-Gay, que figura como apoderado de una de las cuentas encontradas en Suiza y que por ello va a tener que dar explicaciones”.
Y agregó: “Acá hay un planteo delicado en contra de la filial local del HSBC, acusada de montar una plataforma para llevar a cabo la evasión fiscal”, explicó el senador.
El pasado jueves el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray denunció que existen 4.040 cuentas ocultas en Suiza de clientes argentinos del banco HSBC, que representan una evasión de por lo menos 62.000 millones de pesos.
La suma equivale a tres mil millones más que los presupuestos de Mendoza, San Juan y San Luis, y casi el equivalente al de todas las provincias del NEA.
Con respecto al presupuesto nacional, lo evadido a la AFIP por los empresarios de nacionalidad argentina que tienen dinero sin declarar en Suiza supera la totalidad de lo que el Estado argentino gasta, sumados, en Educación ($45.669 millones) y Salud ($16.307 millones).
La operatoria ilegal, descubierta por la AFIP en la sucursal del HSBC en Ginebra con la ayuda del gobierno de Francia, también supera a los presupuestos provinciales de Córdoba, que en 2014 aprobó un monto de 44.614 millones, y Santa Fe, que para este año contó con un presupuesto de 53.609 millones de pesos.
Historia
Lavado de activos en paraísos fiscales, dinero de los carteles mexicanos y colombianos, manipulación de tasas de interés y hasta vínculos con la mafia china, son sólo algunos de los delitos por los que el banco británico HSBC ha sido investigado y condenado en varios países del primer mundo.
Los problemas para el HSBC comenzaron en julio de 2012 cuando el senador demócrata Carl Levin, aquel que en 1999 acusó al Citibank por lavado de dinero en una causa que también tuvo un rebote en nuestro país, presentó un informe en el Congreso norteamericano que daba como, entre 2006 y 2009, el banco lavó miles millones de dólares de los carteles de Sinaloa (México) y del Valle del Norte (Colombia).
El informe, elaborado por la subcomisión de investigaciones permanentes del Senado de los Estados Unidos que preside Levin, incluía detalles de las operaciones realizadas por el HSBC Bank USA, que recibía dinero de sus filiales mexicanas, rusas y colombianas (entre otras) para luego girarlo a paraísos fiscales, destinarlo a la compra de hoteles en Miami, y a crear empresas farmacéuticas utilizadas en realidad para la producción de metanfetamina.
El informe del Congreso estadounidense comprobó además que el HSBC le proporcionó servicios bancarios al banco saudí Al Rajhi, cuya financiación de organizaciones terroristas, entre ellas Al Qaeda, ha sido probada hasta por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
En noviembre de ese mismo año, la Administración Federal Antidrogas (DEA) amplió el informe Levin e indicó que HSBC Bank USA no monitoreó más de 9.400 millones de dólares en compras de esa divisa de HSBC México cuyos «laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles, con base en dichos documentos.
El caso finalmente fue cerrado cuando el banco llegó a un acuerdo con el gobierno de Barack Obama mediante el cual la entidad financiera debió reconocer los hechos que se le imputaban y pagar una multa de 1.900 millones de dólares.
A fines de 2012, esta vez en España, el HSBC terminó involucrado en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional de ese país por blanqueo de capitales y fraude fiscal por parte de empresarios chinos y sus socios españoles, en lo que se denominó como ‘Caso Emperador’.
Por esta causa terminó imputado el banquero suizo Marc Pérez, señalado por los investigadores como «el brazo ejecutor» de una trama internacional de lavado de dinero que involucró a personalidades importantes del ámbito empresarial español.
Un año más tarde, en noviembre de 2013, el HSBC reconoció a través de una comunicación emitida por su casa matriz en Londres que estaba siendo investigado «con relación a los intercambios en el mercado de divisas. Estamos cooperando con las investigaciones, que se encuentran en un estado preliminar».
La acusación, que consistía concretamente en la sospecha de manipulación de las tasas Libor y Eurolibor, también involucró al Deutsche Bank, al suizo UBS, a los estadounidenses Citigroup y JP Morgan, y a los británicos Barclays y Royal Bank of Scotland (RBS).
Por este caso, las instituciones financieras fueron multadas en mayo de esta año por la Comisión Europea y la autoridad británica de regulación financiera (FCA, por sus sigla en inglés) por una suma de 3.300 millones de dólares.
El 21 de noviembre pasado, la justicia francesa imputó a la filial suiza del HSBC y le impuso una fianza de 50 millones de euros para garantizar el pago de eventuales sanciones, por haber captado clientes para llevar su dinero a cuentas en Suiza y escapar así al fisco francés.
Según la fiscalía financiera del país galo, la entidad británica llevó a cabo prácticas ilícitas de comercialización de productos y «blanqueo de fraude» durante 2006 y 2007.
De este fraude al fisco francés se desprendió la causa que originó la denuncia de la AFIP argentina por el ocultamiento de 4040 cuentas bancarias por un monto estimado de al menos 3.000 millones de dólares.
