Los abogados de la familia de Silvia Suppo se opusieron al inicio del juicio a dos asesinos confesos, debido a que todavía no se resolvieron -según ellos- cuestiones preliminares y pidieron que investiguen a fondo si fue un crimen político.
Este martes arrancó en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el juicio contra los dos presuntos asesinos de Silvia Suppo, ex detenida-desaparecida durante la última dictadura cívico militar, y que fue ultimada a puñaladas hace cuatro años en Rafaela.
Guillermo Muné, abogado de los hijos de Suppo, y Lucila Puyol, abogada querellante, solicitaron la postergación del juicio, por lo que el Tribunal debe resolver primero si hace lugar a ese pedido y de ser así, postergar el inicio del juicio, o de lo contrario, comenzar con el proceso a los acusados Rodolfo Valentino Cóceres y Rodrigo Ismael Sosa.
En la apertura de la jornada de este martes, el Tribunal procedió a la lectura de la requisitoria y luego pasaría a analizar el pedido de los letrados de los hijos de Suppo.
«Nos oponemos al inicio del juicio porque hay recursos en trámite, no se cumplieron investigaciones que requerimos sobre la seria posibilidad de otros autores del crimen y no los que están detenidos, otros ilícitos y otros móviles”, explicó Muné, representante legal de los hijos de Suppo, Andrés y Marina Destéfani. «Silvia Suppo dio en su momento un valiente testimonio en la Causa Brusa, y luego fue asesinada», recordó, y acotó que «creemos que esta causa no se condice con su importancia».
El abogado añadió que «fue un asesinato con ensañamiento, con características que no se corresponden con un hurto simple, y fue a sólo 3 meses de la declaración» en el juicio por delitos de lesa humanidad que condenó al ex juez Víctor Brusa.
Por su parte, Lucila Puyol, abogada querellante, aseguró que «queremos establecer primero si fue un crimen común o un crimen político» y así «llegar a este juicio con todas las hipótesis investigadas, cosa que no ocurrió y por eso pedimos postergación».
«La expectativa es que la audiencia de hoy (martes) sea suspendida, hay un recurso de nulidad que no fue resuelto, planteado por nosotros, y otro extraordinario de queja planteado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que deben ser tratados en las cuestiones preliminares», enfatizó.
En tanto, Andrés Destéfani dijo en diálogo con Télam que «esperamos que se haga justicia, que se investiguen las cosas. Queremos llegar a la instancia final agotando todas las medidas investigativas y dilucidar quien mató a mi mamá».
«La recuerdo como ella era, en su forma de ser, sus valores, es un recuerdo muy vivo, muy latente. La recuerdo como una persona honesta, valiente, sincera, una gran madre. Nunca nos cerró el tema de que fue un robo. Queremos que se investigue a fondo. Hay contradicciones entre los dos detenidos, hay personas que afirman que vieron a otras personas en la zona, hay muchas cosas que no quedaron claras», aseguró.
El Tribunal, integrado por María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría, juzga a los imputados Rodolfo Valentino Cóceres, de 26 años, y Rodrigo Ismael Sosa, de 22, quienes en el proceso de instrucción de la causa confesaron el crimen.
El homicidio es investigado por la justicia federal debido a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó que se ventile la causa en ese fuero hasta tanto se descarte por completo que no hubo un móvil de tinte político.
Silvia Suppo fue apuñalada en su comercio del centro de Rafaela el 29 de marzo de 2010, tras declarar en el juicio que condenó al ex juez federal Víctor Brusa a 21 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos ocurridos tras su secuestro.
Corría marzo del `77 y Silvia tenía 17 años cuando fue secuestrada junto a su hermano, Rogelio, y un amigo, Jorge Destéfani, que luego sería su esposo. Permaneció en cautiverio en la Comisaría Cuarta de Santa Fe y en el centro clandestino de detención La Casita, donde fue violada en diversas ocasiones y quedó embarazada.
Luego se le practicaría un aborto, a cargo de la entonces carcelera policial María Eva Aebi. Según consta en su declaración, Suppo identificó a Mario Facino como jefe de la comisaría donde estuvo secuestrada, y a Juan Perizotti como cabecilla de la Guardia de Infantería Reforzada.
A raíz de estas identificaciones y del detallado testimonio de violaciones y torturas, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a 23 años de prisión a Héctor Colombini y Eduardo Ramos, jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas y policía respectivamente.
Asimismo dispuso 22 años para Perizotti, 21 a Brusa, 20 a Mario Fascino, ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa fe y de la comisaría cuarta, y 19 años a la carcelera Aebi.
