Una década después de solicitada la reapertura del caso, la causa por los asesinatos de los militantes montoneros Eduardo Daniel Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso, ocurridos cuando la última dictadura emprendía su inevitable retirada del poder, llegará a juicio oral el próximo 23 de febrero en el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario. El ex comisario bonaerense Luis Abelardo Patti y el último dictador Reynaldo Benito Bignone son los principales acusados, y los más notorios. Mientras que uno de los imputados que estará ausente, el teniente coronel (re) Víctor Hugo Rodríguez, alias Chuly, consiguió nuevamente un beneficio del generoso juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Ruzo, quien volvió a dictarle la falta de mérito el último día hábil antes de la feria judicial, a pesar de que la Cámara Federal de Rosario –instancia superior de Villafuerte- había revocado anteriormente la misma medida, lo había procesado y ordenado su prisión preventiva, que por una larga cadena de incidentes procesales nunca se hizo efectiva.
Un manto de neblina
En mayo de 1983 “Carlón” Pereyra Rossi era militante de Montoneros y “El Viejo” Cambiaso dirigía a Agrupación Peronista para la Liberación, ligada a Intransigencia y Movilización Peronista. El primero se había exiliado en México durante la represión estatal y el segundo estuvo casi toda la dictadura preso sin causa.
El 14 de mayo de ese año, cuando la dictadura tambaleaba tras la derrota en las Islas Malvinas y se había reiniciado el proceso de transición hacia la democracia, un grupo de Inteligencia del Ejército secuestró a Cambiaso y a Pereyra Rossi en el bar Magnum de Rosario, ubicado en Córdoba casi Ovidio Lagos.
Cinco hombres armados bajaron de un furgón sin patente y tras golpearlos se los llevaron, mientras el resto de los parroquianos miraba de cerca la pared con las manos en alto. Dos Falcon escoltaron al camión militar que se llevó a los secuestrados.
Dos días después aparecieron muertos cerca de la localidad bonaerense de Lima, en el partido de Zárate.
El 17 de mayo un comunicado oficial dio cuenta de los asesinatos de militantes durante “un enfrentamiento”, eufemismo que los represores empleaban para intentar disimular los fusilamientos de personas indefensas. Esos enfrentamientos, no los reales, tenían como característica común que siempre terminaban con “delincuentes subversivos abatidos” pero no ocasionaban ni un rasguño a las fuerzas represivas.
El caso se investigó tanto en Rosario, donde se produjo el secuestro, cuanto en San Nicolás, con jurisdicción sobre el lugar donde aparecieron los cuerpos. Ambos expedientes finalmente se cerraron y las denuncias de los crímenes de Carlón y El Viejo quedaron circunscriptas, tras el dictado de las leyes de impunidad, a la voluntad de sus familiares y de organismos de derechos humanos de hacerlas pública.
El juez remolón
Dos décadas después, en 2005, el entonces fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray y los familiares de las víctimas pidieron la reapertura del caso. La solicitud recayó en el juzgado federal a cargo de Villafuerte Ruzo, quien en la década del 90 obtuvo notoriedad pública al tener en sus manos la investigación de la muerte de Carlos Menem Junior, el hijo del por entonces presidente de la Nación.
El juez estudió con detenimiento el caso, tanto que recién se expidió dos años después, en 2007. Fue cuando decretó el rechazo del planteo. Recién en 2010, y luego de varias idas y vueltas, Villafuerte Ruzo reabrió la causa por los homicidios de Cambiaso y Pereyra Rossi. Pero se tomó hasta el año siguiente para resolver sobre las indagatorias pedidas en 2005 por Murray y las querellas particulares.
La investigación determinó que quienes secuestraron a los militantes en el bar Magnum de Rosario fueron integrantes del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, a cargo de Pascual Oscar Guerrieri, y que de la operación participaron algunos de los PCI (Personal Civil de Inteligencia) que formaban parte de la patota de esa dependencia que durante la dictadura tuvo bajo su gobierno cinco centros clandestinos de detenciones.
De acuerdo al expediente, Cambiaso y Pereyra Rossi fueron entregados a una patrulla de la Unidad Regional de Tigre, integrada por el oficial Luis Patti y los suboficiales Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez.
Sus cuerpos baleados y con signos de tortura aparecieron dos días después en un descampado de Lima, partido de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. La versión oficial del enfrentamiento colisionó con las pericias que determinaron que los detenidos habían sufrido tormentos y que Pereyra Rossi recibió un disparo a menos de dos metros de distancia, muy escasa para dos bandos enfrentados a tiros.
Los acusados
En la causa que llegará a juicio oral en febrero, además de Patti y Spataro (Diéguez falleció), también está acusado como autor mediato de ambos crímenes el dictador Bignone, recordó a el eslabón el fiscal Murray, quien ahora integra la unidad especializada en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Detalló que Patti y Spataro llegan procesados como coautores de los homicidios, tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos y privación ilegal de la libertad, también calificada.
Además, están acusados en el juicio Guerrieri, por entonces jefe del Batallón 121 de Inteligencia de Rosario; su segundo, Luis Muñoz; y los PCI Juan Andrés Cabrera; Ariel Zenón Porra; Walter Pagano, Carlos Sfulcini y Antonio López, en calidad de partícipes, precisó Murray.
“Están imputados todos los integrantes de la segunda sección (del Batallón 121), pero el jefe no”, ironizó el fiscal en relación a Chuly Rodríguez, quien no llegará a juicio.
Murray explicó además que la fiscalía ofrecerá unos 80 testigos durante el debate oral, y que la causa posee una gran cantidad de prueba documental.
Entre ella, se ventilarán durante las audiencias del juicio documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos; los legajos de los acusados y un expediente secuestrado durante la instrucción en el que Muñoz, segundo jefe del Batallón, reclama al gobierno de Raúl Alfonsín un ascenso y recuerda –leyes de impunidad mediante- que participó en dos operaciones de inteligencia sobre el final de la dictadura, una de las cuales podría ser la del secuestro de Carlón y El Viejo en el bar del macrocentro rosarino.
Méritos del juez
“Están imputados todos los integrantes de la segunda sección (del Batallón de Inteligencia 121), pero el jefe no”, dijo a el eslabón el fiscal de la unidad de causas por violaciones a los derechos humanos, Juan Patricio Murray.
El funcionario judicial se refirió así a la suerte procesal de Víctor Hugo Rodríguez, alias Chuly, un teniente coronel retirado que formó parte del Batallón en las postrimerías de la última dictadura.
Rodríguez fue imputado en la causa por los homicidios de Cambiaso y Pereyra Rossi, pero el juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo le dictó falta de mérito el 30 de diciembre de 2011, unos días antes de que pasaran los Reyes Magos.
En noviembre del año siguiente, la Cámara Federal de Rosario revocó la decisión de Villafuerte y dictó el procesamiento con prisión preventiva de Rodríguez.
La defensa del militar retirado, conocido por realizar con la Asociación Cultural Sanmartiniana Cuna de la Bandera el denominado “Cruce de los Andes” siguiendo el periplo de José de San Martín, apeló la medida a la Cámara de Casación Penal y también pidió la recusación de los camaristas rosarinos, que le fue otorgada.
Mientras se resuelven recursos extraordinarios que interpuso el abogado defensor de Chuly, quien nunca estuvo detenido, el juez Villafuerte Ruzo volvió a otorgarle una falta de mérito a Rodríguez, contrariando lo establecido por la instancia superior, la Cámara Federal de Rosario.
De ese modo, la situación procesal del ex asesor del dirigente justicialista (hoy en el PRO) Norberto Nicotra, se convirtió en un verdadero intríngulis, que le permitió esquivar el juicio oral por las muertes de Cambiaso y Pereyra Rossi que se iniciará en febrero.
Vísperas sin nulidad
La Cámara Federal de Rosario rechazó tres días antes de Navidad un recurso de apelación de la defensa de Víctor Hugo Rodríguez, quien solicitó la nulidad de la causa por los crímenes de Cambiaso y Pereyra Rossi al considerar que la participación durante el proceso del fiscal subrogante nicoleño Juan Patricio Murray era ilegal.
El abogado de Rodríguez argumentó que Murray “actuó ilegalmente como Fiscal Federal de San Nicolás” –donde está radicada la causa– al cuestionar el procedimiento que se aplicó para su designación como subrogante del Ministerio Público.
El juez de primera instancia citó el fallo “De Martino”, por el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el criterio de selección utilizado por la Procuraduría General de la Nación para la designación de fiscales subrogantes, y rechazó el planteo de la defensa de Rodríguez, que pretendía la nulidad de todo lo actuado.
Los jueces de cámara Carlos Carrillo, Mateo Busaniche y José María Escobar Cello (quienes intervienen en el caso ante la recusación por parte de Chuly de los integrantes originales de la Cámara Federal rosarina) confirmaron la resolución de primera instancia.
Artículo publicado en la edición de este sábado del semanario El Eslabón.
