Marina Destefani, hija de la militante social y ex presa política asesinada en Rafaela en 2010, denunció irregularidades en el juicio –cuya etapa de alegatos concluye el próximo viernes– y pidió investigar el “móvil político” y la “trama de encubrimientos”.
Este martes, a poco más de dos años del homicidio de Silvia Suppo, militante social que debía dar testimonio en causas de lesa humanidad en su condición de ex detenida política durante la última dictadura cívico militar, se empezaron a escuchar los alegatos, tanto de la Fiscalía como de la parte querellante. En lo único que coincidieron, a la hora de presentarse ante el Tribunal Oral de Santa Fe, fue en el pedido de la máxima pena de prisión perpetua para los dos imputados, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, Después, mientras el fiscal Martín Suárez Faisal planteó que Suppo fue muerta en “en ocasión de robo”, los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné insistieron en la hipótesis de un asesinato para “hacer callar” a la víctima, denunciaron una “trama de encubrimiento”. Además, solicitaron investigar al juez de Rafaela que instruyó la causa, Alejandro Mognaschi, a la ex fiscal Cristina Fortunato y a más de 25 policías que intervinieron en el expediente, entre ellos el ex jefe de la Unidad Regional V, Juan José Mondino y el ex subjefe, Leandro Amaya.
“Nosotros no coincidimos con el móvil que plantea la fiscalía ya que ellos dicen que a Silvia la matan x robo y que actúan ellos solos, creyendo absolutamente en el testimonio de los dos imputados”, señaló la hija de la víctima, Marina Destefani, quien además insistió en que “los pibes no actuaron solos”, sino que “hubo un plan mayor, que tiene que ver con la condición de testigo de Silvia”, y que “no son los dos imputados los únicos que deben ser investigados, sino que hay una trama mucho más grande detrás de todo esto”, y agregó: “Nosotros denunciamos que acá hay otras complicidades, como la del poder judicial (por eso acusamos en su momento a la fiscal Fortunato y al juez Mognaschi) y policial, como el ex Jefe de la policía rafaelina Mondino, quien lamentablemente hoy sigue ocupando un cargo político pese a que lo venimos denunciando hace tiempo en Asuntos Internos”.
El móvil
Marina, remarca que hay que hacer hincapié en el móvil político y argumenta: “La primera pista que tenemos para sostener esto es la fecha en que la matan, cercana al momento de atestiguar. Después está el grado de ensañamiento y precisión de las heridas, algo que fue dado cuenta por todos los peritos médicos y forenses que pasaron por el juicio; el accionar policial, que no se trata de simples irregularidades o descuidos sino que hablamos de encubrimiento y complicidad. Acá se ocultaron pruebas, se llamó a gente a declarar en forma ilegal, no se cuidó la escena del crimen, descubrimos por una amiga de ella que Silvia tuvo un seguimiento unos días antes. Los policías cuando fueron a declarar eran todos choferes y ninguno había entrado, pero después quedó demostrado, con fotos y videos aportados por la querella, que estaban todos adentro, tocando todo. Tampoco pudieron justificar las medidas investigativas que tomaron y todavía no sabemos cómo dieron con Sosa y Coceres, si torturando gente. Con todo esto, nosotros pedimos que se arme una causa aparte. Y creíamos que Fiscalía, que es la defensoría pública, iba a tomar esto como propio. Pero no, ni siquiera se hicieron eco y -por el contrario- lo derivan a Asuntos Internos y al juez Bailaque. Insistimos en que la causa es un desastre y está plagada de irregularidades”.
Destefani, además, destaca que también hay irregularidades en torno a los imputados. “La madre de Coceres, que vive en el humilde barrio de San Agustín, de Santa Fe, dice que estuvieron seis horas allanando su rancho, amenazándola permanentemente, y que cuando entrega a los pibes fue porque estaban bajo amenaza de muerte, algo que no quedó registrado en ninguna instancia policial ni judicial. Le dieron a entender que estando fuera de la cárcel su hijo y su sobrino corrían riesgo de muerte”, indica la hija de Suppo, y añade: “La ex pareja de Coceres declaró que la tuvieron detenida con su bebé y que le tomaron declaración testimonial mientras la amenazaban con sacárselo. Esto tiene que ver con toda una manipulación de los sectores más vulnerables, que son el candidato fácil de estos discursos de la seguridad, que es donde quieren hacer encajar el crimen de Silvia. Y los pibes vendrían a ser el chivo expiatorio para no desenterrar una trama que venimos denunciando desde un principio”.
Los imputados
Por último, Marina aclara que el hecho de que ninguno de los imputados se haya declarado inocente tiene que ver con la presión sufrida por ambos. “No damos entidad a la confesión del crimen por parte de los propios imputados porque fue tomada por la policía y bajo mucha presión. Sabemos que los días posteriores al crimen hubo una razzia en distintos barrios humildes de Rafaela en los que levantaron pibes a mansalva y más de uno confesó y testimonió que los querían obligar, mediante torturas, a hacerse cargo de este crimen. Entonces, ¿qué garantías tenemos de que estos pibes no hayan sido presionados para decir lo que dicen?”, se cuestiona, y concluye: “Ellos no se declaran inocentes porque son sujetos muy presionables. Uno de ellos, tras ser mudado de pabellón, ingirió dos clavos y un feite (maquinita de afeitar) que en la lógica carcelaria es una forma de llamar la atención o una salidas ante golpes o situaciones que está padeciendo”.
Para finalizar, Destefani recuerda que “el próximo viernes se presentará el alegato de la defensa”, y remarca que “es la primera vez que los pibes tienen defensa, algo que no sólo los beneficia a ellos sino a la causa toda”, y concluye: “Lo más llamativo es que dicen que la otra semana ya podría salir la sentencia. Teniendo en cuenta que hay causas, como la de Reinaldo Hattemer –pareja de Silvia– que tiene más de once años y no avanza; y que a ésta, en sólo dos meses ya la estén cocinando”.
