Lo que para el gobierno de Antonio Bonfatti pareció ser un remedio, para el de Miguel Lifschitz representa un síntoma de la enfermedad. El equipo de Miguel anunció que avanza en la concreción de reformas al sistema procesal penal –que está por cumplir dos años y cuyas virtudes fueron exaltadas tal vez con excesivo entusiasmo al inicio de su implementación- con el objetivo de limitar la aplicación de juicios abreviados y el uso de la probation, las medicinas que el Poder Judicial aplicó con indisimulable apoyo político durante la gestión de Bonfatti a los cabecillas de la banda Los Monos y a sus integrantes menos comprometidos. Ahora, el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, promete avanzar junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la limitación del uso de esos dos instrumentos del proceso penal estableciendo “criterios de oportunidad” en su empleo para reducir “la sensación de impunidad en la sociedad”. Pero esos instrumentos aplicados a casos resonantes no son los únicos problemas. Según el informe del MPA sobre homicidios ocurridos en Rosario durante 2014, el “indicador de individualización formal” –lo más parecido a una tasa de esclarecimiento– en los que se arribó a una audiencia imputativa del presunto autor asciende al 38 por ciento, guarismo que trepa al 47 por ciento si se le suman los casos en los que se liberaron órdenes de detención pero no se realizó audiencia imputativa (porque el sospechoso está libre) y los que fueron cerrados sin llegar a una audiencia de acusación.
El gobierno de Lifschitz trabaja desde los primeros días de enero con el objetivo de establecer reformas al sistema penal, reformado integralmente a partir del 10 de febrero de 2014. Su puesta en marcha fue anunciada como la solución a muchos problemas de “inseguridad”, que dos años después no alcanzan a reflejarse en la práctica, sin que ello suponga impugnar el sistema.
El viejo sistema inquisidor y cerrado, en el que el mismo juez que investigaba el caso era el que procesaba y, eventualmente, dictaba una condena, dejó paso a uno acusatorio con eje en los fiscales, quienes llevan adelante la instrucción de los casos y someten sus investigaciones a un juez independiente que toma resoluciones sin intervenir en las pesquisas. El nuevo esquema mejora la prestación del servicio de justicia, reduce tiempos, brinda acceso público a los asuntos penales. Y, sobre todo, instaura el juicio oral y público en oposición a la sentencia adoptada por los antiguos jueces en la soledad de sus despachos, sin la luz de la mirada pública.
Los resultados del nuevo sistema penal, sin embargo, tal vez no sean los esperados por la agobiada ciudadanía, urgida por arrebatos, salideras y balas que pican cerca o, directamente, dan en el blanco. Los juicios abreviados, además, les ganan a los orales, corazón del nuevo sistema.
El crimen del taxista Eduardo Piris la noche del martes 26 de enero, por el que está detenido un adolescente de 16 años sobre el que había un pedido de captura agosto del año anterior por una tentativa de homicidio, puso el en el centro del debate al rol del Poder Judicial en su función de mitigar eso que se denomina “inseguridad”.
La trascendencia de ese caso provocó que el ministro Silberstein hiciera pública la tarea que junto al jefe del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal, llevaba adelante con cierto sigilo.
Sensación de impunidad
El titular de la cartera de Justicia reveló esta semana en una entrevista con Radio Dos que junto a De Olazábal trabaja en enmiendas al sistema para “lograr mayor efectividad” en la política de persecución penal.
El gobierno de Lifschitz le planteó al MPA que a través de resoluciones generales se establezcan criterios de oportunidad para la aplicación de juicios a prueba (conocido como probation, que troca penas menores de ejecución condicional por tareas sociales reparatorias del daño causado) y para el empleo del instituto del juicio abreviado.
El ministro dijo que se analizan “cuáles son los temas en los cuales se van a aplicar la suspensión del juicio a prueba” porque, enfatizó, “da la sensación que se ha sido demasiado laxo o flexible” en su uso.
Silberstein añadió que “desde el Ministerio de Justicia lo vemos con preocupación” porque “hay delitos que pueden ser menores a penas de tres años que podrían ser objeto de probation, pero si se trata de delincuencia organizada o se involucra a la seguridad no pueden ser sujetos a la probation”.
En esa línea, el ex decano de la Facultad de Derecho subrayó que “resulta irrazonable porque se está dando una sensación y una comunicación de impunidad a la sociedad, que es lo que la sociedad está percibiendo”.
El ministro de Justicia reveló en la misma entrevista que otro de los temas que aborda con De Olazábal “son los límites de los juicios abreviados”.
Para Silberstein, “tienen que haber un tipo de pauta para ese tipo de juicios” ya que “las pautas que existen son muy generales”.
De acuerdo al informe estadístico del MPA, “al 30 de junio de 2015, 27 de las 212 investigaciones desarrolladas en el departamento Rosario por hechos que tuvieron lugar en 2014 (homicidios dolosos) fueron formalmente cerradas 12,7 por ciento”. ¿De qué manera? “Una por sobreseimiento, nueve por archivo fiscal, catorce por juicio abreviado y tres por juicios orales”. Amplio triunfo del abreviado.
Monería
Ambos remedios procesales contemplados en el nuevo código provincial, el juicio abreviado y la suspensión del procedimiento a prueba (probation), fueron aplicados en el resonante caso de la banda Los Monos, elevado a ejemplo de lucha contra la narcocriminalidad por el mismo gobierno que luego impulsó a través del Procurador General la aplicación de los benévolos institutos procesales.
“Uno ve que se han transado juicios por homicidios por penas menores a las que establece el Código Penal, que vemos con preocupación”, dijo Silberstein sin mencionar el caso al que se refería.
A través de un acuerdo de juicio abreviado, en el que el acusado acepta su responsabilidad penal en el hecho que se le endilga a cambio de una disminución de la sanción, Ariel Máximo “Guille” Cantero, considerado jefe de Los Monos, recibió una condena de 9 años y medio de prisión por encabezar una asociación ilícita destinada a cometer múltiples ilícitos y por un homicidio en el que misteriosamente pasó de ser considerado probable autor a partícipe.
Por ese mismo acuerdo fueron beneficiados otros conspicuos integrantes de la organización criminal, mientras que un grupo de mujeres de la familia Cantero –la madre de “Guille”, su pareja y otras– accedieron a la probation, al ser consideradas autoras penalmente responsables de delitos cuya pena es de ejecución condicional.
Cuando todo esto ocurrió, unos días antes de las elecciones primarias provinciales del año pasado, el entonces candidato Lifschitz se despegó del gobernador Bonfatti, a quien pretendía suceder por la misma fuerza política.
Tras batallar contra Los Monos y sufrir en su domicilio particular una balacera, Bonfatti aceptó sin una queja los designios judiciales, y resaltó que la Justicia es un poder independiente, por lo que nada tenía que opinar. El Procurador General de la Corte, un funcionario político designado por el gobernador, era quien había dado el ok para el acuerdo judicial con los abogados de los Cantero.
Fiscales de la calle
Entre las cuentas pendientes del nuevo sistema penal, el gobierno de Lifschitz identificó también falencias en el perfil de los nuevos fiscales, de irreprochables méritos académicos pero con escasa práctica en la investigación criminal.
Para Silberstein los nuevos fiscales no poseen “suficiente entrenamiento” en investigación criminal por lo que trabaja en la selección de perfiles que “tengan experticia en la práctica del derecho” y no sólo antecedentes académicos.
“Necesitamos fiscales que conozcan sobre investigación criminal, ahí tenemos una falencia por parte de nuestros fiscales, no hay suficiente entrenamiento en ese sentido, es un tema que tiene que ver con la capacitación”, dijo el ministro de Justicia.
“También se está trabajando –agregó– en modificar los criterios de selección del Poder Judicial y del MPA donde se le da oportunidad a quien tenga experticia en la práctica del derecho. No bastan solamente los antecedentes académicos, que son importantes, pero no suficientes”.
En estricta aplicación del sentido común, Silberstein añadió que “la sociedad no puede aceptar gente que empiece a aprender una vez que está en el cargo”.
La creación de una Policía Judicial, dedicada exclusivamente a la investigación criminal y dependiente de los fiscales en vez de la estructura orgánica de la fuerza de seguridad, es otra deuda que Lifschitz busca saldar.
Su antecesor, Bonfatti, vetó la ley sancionada por la Legislatura a instancias del (entonces) diputado del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, para la creación de la Policía Judicial y a cambio instrumentó una Policía de Investigaciones (PDI).
Según el informe del MPA sobre su primer año de implementación, sólo en el 9 por ciento de los homicidios ocurridos en el departamento Rosario entre el 10 de febrero y el 31 de diciembre de 2014 fueron investigados por la PDI; mientras que 54 por ciento fueron abordados por las seccionales o subcomisarías con jurisdicción en los lugares de los hechos. Es decir que, el esclarecimiento de uno de los mayores problemas que aqueja a la sociedad rosarina, el incremento de los asesinatos, quedó en manos de la vieja y cuestionada policía.
Fuente: El Eslabón
