Ante los desalojos que están padeciendo los vecinos de Cullen y Sorrento, el concejal Eduardo Toniolli le exigió al municipio un Plan Especial para la zona y dijo que «no es un problema entre privados, es un drama social”. Su par, Celeste Lepratti, consideró que “la tierra y la vivienda son derechos a garantizar, no negocios a concretar”, y propuso un fideicomiso popular.
Los concejales se expresaron ante la difícil situación que viven las más de 400 familias de Empalme Graneros, para intentar destrabar el conflicto que lleva años sin resolverse. Un grupo de concejales del Frente Para la Victoria anunció la presentación de una iniciativa solicitando al Ejecutivo municipal que elabore –tal como lo establece el Código Urbano– un Plan Especial para el área en cuestión.
“El Código Urbano define claramente el predio en disputa como «Área de Reserva para Reordenamiento Urbanístico y Regularización Dominial», que corresponde a aquellos sectores en los que hay asentamiento irregulares consolidados, para los que se dispone una regularización en el mismo sitio”, afirmó Eduardo Toniolli, y agregó: «Esto convierte en un absurdo al desalojo que pretende la empresa que esgrime título de propiedad del predio, porque hay normativas ya establecen un uso, y por otra parte, obliga al Estado municipal a avanzar en el correspondiente Plan Especial, en el que se debe planificar el trazado definitivo de calles, el nuevo parcelamiento y los indicadores urbanísticos propios para ese sector, desarrollo que no se contradice para nada con una eventual solución de fondo, como la expropiación u otras alternativas».
El edil del Fpv, acompañado en la iniciativa por las concejales Lorena Giménez, Marina Magnani y Norma López, señaló que «deberá además mensurarse el impacto de las obras ya realizadas, como la del Aliviador III Conducto Sorrento, y las proyectadas, como la del Aliviador III Conducto Grandoli –que traerán consecuencias positivas, reduciendo la mancha de inundabilidad en el sector–, tal como lo establece la Ordenanza 8876, que exige se revisen las restricciones a determinados usos del suelo (en este caso la construcción de viviendas), en función de las obras de infraestructura que se vayan realizando».
Además, cuestionó las declaraciones del gobernador Miguel Lifschitz y de funcionarios municipales que «suelen referirse a la situación que atraviesan alrededor de 3 mil personas que viven hace décadas en ese predio, como un «conflicto entre privados»», y agregó: «Para nosotros es un drama social, irresoluble desde el plano exclusivo del sistema judicial, en el que deben involucrarse los otros poderes del Estado para avanzar en la urbanización y en el acceso a servicios básicos para los habitantes de la zona, que han mostrado en más de una ocasión la voluntad de regularizar su situación».
Por su parte, la edil del Frente Social y Popular Celeste Lepratti y el diputado provincial Carlos del Frade, comenzaron a trabajar en “una propuesta integral de urbanización popular que solucione definitivamente el conflicto por la titularidad de las tierras y avance además en la urbanización del barrio Cullen eternamente postergado”.
“La tierra y la vivienda son derechos a garantizar no negocios a concretar”, indicó Lepratti que junto a los vecinos planteó una propuesta que consiste en la creación de un fideicomiso popular para la urbanización del barrio a través de un fideicomiso creado por el aporte de diferentes tipos de recursos por parte de los involucrados e interesados.
En un parte de prensa, explicaron la iniciativa:
1º aporte: El Estado Provincial y Municipal: con las obras públicas necesarias para urbanizar: apertura y pavimentación de calles, forestación y espacios verdes, red eléctrica y de alumbrado público, red de aguas y cloacas, red de gas.
2º aporte: Los vecinos: con una cuota mensual del 20% de sus ingresos para adquirir la titularidad de las tierras
3º aporte: Compañía Santafesina de Tierras: con la cesión de forma onerosa de las tierras al fideicomiso
4º aporte: Gastos administrativos del Fideicomiso: Conformación de una unidad ejecutora del plan de urbanización, integrada por un equipo técnico, representantes del estado, vecinos y organizaciones sociales para cumplir con las obligaciones del proyecto: económicas, creación de cooperativas de autoconstrucción de viviendas, loteo de los terrenos, prácticas de convivencia ciudadana.
El proyecto plantea que el fondo “será administrado por el Banco Municipal de Rosario y auditado por el Plan Abre, organizaciones sociales, y la Compañía Santafesina de Tierras. Este Fideicomiso no tiene como objetivo generar ganancias solo el costo de la tierra para su adquisición y será presentado hoy en la audiencia”.
“Este plan de urbanización popular avanza sobre las políticas públicas de vivienda que necesita nuestra ciudad. El derecho a una vivienda digna es impostergable. Es responsabilidad del Estado y compromiso de las organizaciones sociales proponer e implementar soluciones definitivas. No es un problema entre privados, no es sólo una demanda de desalojo. Es una oportunidad para garantizar derechos, es proponer y construir una ciudad que incluya a los sectores populares. La tierra y la vivienda son derechos a garantizar, no negocios a concretar”, finalizó el comunicado.
