En 2015, Santa Fe tuvo 503 víctimas de violaciones a los derechos humanos. Así lo detalla un informe que presentó el Defensor Público de la provincia, Gabriel Ganón, ante el Consejo Asesor de DDHH del Concejo Municipal.
El Defensor Público de Santa Fe y la subsecretaria del Registro de Torturas, Lorena Negro, presentaron un informe realizado por el Ministerio Público de la Defensa sobre violencia institucional denominado “Registro Provincial de Casos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, Abuso Policial, Malas Prácticas y demás afectaciones a los Derechos Humanos”.
De allí se desprende que se han registrado un total provincial anual de 503 víctimas de violaciones a los derechos humanos, de los cuales el 95 por ciento son varones y el resto mujeres, con un total de 23 casos alcanzaron a afectar a mujeres.
El grupo de edad que presenta mayor porcentaje de víctimas es el que va de los 19 a los 23 años y el de 24 a 28 años. Ambos grupos alcanzan el 52 por ciento de esos 503 casos.
En tanto, el informe detalla que “la mayor cantidad de violaciones a los DDHH ocurren durante la detención, seguida por la circunstancia de alojamiento transitorio. Las principales agresiones físicas que se dan en las circunstancias durante la detención y alojamiento transitorio son golpe y golpiza.
Según explicó Ganón, «es fundamental que los distintos estamentos del Estado puedan articular políticas para erradicar las prácticas de violación de DDHH por parte de las fuerzas de seguridad».
El defensor público agregó: «Respecto de los resultados obtenidos, hemos determinado que existe una identidad cultural institucional en las agencias de seguridad estatal que se manifiesta en distintas regularidades encontradas. Se han podido constatar al interior de cada una de la agencias de seguridad del Estado patrones de regularidad y sistematicidad donde se hacen visibles distintos tipos de violencia –hechos de tortura– en relación con diferentes áreas de las fuerzas policiales y del resto de las fuerzas de seguridad como la gendarmería o el servicio penitenciario”.
En la presentación que se hizo en el anexo del Palacio Vasallo, afirmaron que “las prácticas de tortura son similares en una comisaría céntrica, como periférica; y ampliando aún más el radio, se puede constatar que las mismas prácticas se repiten de manera sistemática en comisarías de Rosario y ciudades más pequeñas y alejadas lo cual habla claramente de la configuración de una cultura institucional que atraviesa, no sólo la policía, sino todas las fuerzas de seguridad”.
El informe señala puntualmente que la mayoría de los casos fueron golpes o golpizas pero también se denunciaron casos de tortura a través del uso de picanas, duchas de agua fría, quemaduras y asfixias, y que se produjeron en su mayoría en la vía pública durante la aprehensión de personas por parte de la policía o en comisarías.
Las denuncias incluyen al personal de las comisarías, agentes del Comando Radioeléctrico, gendarmes y personal de la Policía de Acción Táctica, entre otras reparticiones provinciales o nacionales.
Estuvieron presentes los concejales Norma López, presidenta del bloque FPV-PJ; Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular; Pedro Salinas, de Ciudad Futura, y Jorge Boasso, de la UCR.
Asimismo, participaron miembros de distintas organizaciones que luchan por la plena vigencia de los Derechos Humanos, como Familiares de Desaparecidos y Detenidos de Rosario; Ex Presos Políticos; Amigos Del Bosque; Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar); Biblioteca Vigil; Espacio Juicio y Castigo; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh); y el Museo de la Memoria.
Sobre el informe, la concejala Norma López opinó: «El gobierno provincial debe dar cuenta del elevado número de casos registrados por el Ministerio Público de la Defensa y brindar a los sectores vulnerables las garantías suficientes para impedir estas prácticas y al mismo tiempo erradicar la impunidad con que ciertos sectores de las fuerzas de seguridad se mueven en nuestra ciudad. Es necesario que este gobierno pueda plantear políticas públicas que sean llevadas adelante con responsabilidad y que se le brinden las garantías necesarias a los municipios para que puedan ser parte de esta nueva etapa de acción”.
Frente a lo expuesto por el Defensor, los concejales y organismos participantes plantearon realizar actividades en conjunto para denunciar los casos de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
