Mientras un grupo de diputados exige la rescisión de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario por incumplimiento del contrato, el gobierno provincial sólo contempla “un análisis exhaustivo de la situación”.
Los diputados Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Roberto Mirabella, del bloque Frente Justicialista para la Victoria (FJV), pidieron al Ejecutivo la rescisión inmediata de la concesión y la ejecución del fondo de garantías.
La Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados se reunió con el ministro de Infraestructura y Transporte de Santa Fe José Garibay para abordar la situación de la autopista Rosario-Santa Fe.
Al término de ese encuentro, los legisladores manifestaron que “están acreditadas las condiciones para una rescisión inmediata de la concesión de la autopista, la ejecución del fondo de garantía previsto en el pliego de condiciones y la repavimentación a cargo del gobierno provincial para garantizar la seguridad vial de los usuarios que hoy no existe”.
Asimismo, los diputados indicaron que “el incumplimiento de la concesión quedó de manifiesto con la desastrosa situación actual y la repavimentación sólo del 30 por ciento de la autopista”. Y agregaron: “No estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno provincial de iniciar un proceso de negociación de «rescisión acordada» con las empresas concesionarias para posteriormente iniciar la repavimentación a cargo de la provincia y luego formular un nuevo proceso de concesión privada para explotar exclusivamente el mantenimiento de la autopista”.
Finalmente, los legisladores concluyeron que de la reunión «queda acreditado de boca de los propios funcionarios que los problemas de la autopista datan de hace cinco años. Por lo cual, le solicitamos a los organismos de control que hagan públicos los informes, actuaciones y las obligaciones de la concesionaria, en defensa de los intereses de las arcas provinciales y de la seguridad vial de los santafesinos».
La postura del Ejecutivo provincial
El punto de vista del Ejecutivo provincial difiere con los legisladores opositores: “Es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de la situación, buscaremos una evaluación final para justificar la decisión de realizar una culminación anticipada del contrato que tenemos con la firma concesionaria”, dijo Garibay.
En ese marco, el ministro firmó este miércoles la resolución para la contratación de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), para la realización de un estudio y evaluación técnica y económica integral sobre los cincos años de contrato con la firma concesionaria Autopista Rosario-Santa Fe SA (Arssa).
Garibay, al respecto, destacó: “Hemos detectado que es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de la situación, de esta manera buscaremos una evaluación final para justificar la decisión de realizar una culminación anticipada del contrato que tenemos con el concesionario Arssa”.
De acuerdo a ese proceso, el gobierno provincial informó que «las universidades confeccionarán un informe técnico y económico pormenorizado de la situación de estos cinco años de contrato, que luego será entregada a la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Infraestructura y Transporte y éste elevará a su vez Fiscalía de Estado para su evaluación».
El contrato con Arssa fue suscrito en 2011 y autorizado mediante el decreto 2.236/10 bajo el nombre “Concesión por peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la Autopista Provincial AP-01 Brigadier General Estanislao López”.
La resolución
En la resolución firmada por el ministro Garibay, se especifica que “a los fines de efectuar un exhaustivo análisis y una completa revisión de lo acontecido en el marco de la concesión, desde la Subsecretaría de Auditoría y Control se dio inicio a actuaciones administrativas”, y que en virtud a ello “el Órgano de Control procedió a efectuar un racconto histórico de lo sucedido desde el inicio de la concesión, evaluando con detalle sus aspectos técnicos, económicos y jurídicos”.
En otra parte menciona que “atento al tiempo transcurrido desde la suscripción del contrato de concesión (…), se torna imprescindible proceder a un análisis pormenorizado de la situación en la que se encuentran las partes de dicho contrato, de los diversos aspectos que hacen y nacen de ese vínculo, y del estado de situación actual, todo tomando en consideración que no habiendo en principio posibilidad de sostener el contrato en los actuales términos, el estudio realizado coadyuvará a sustentar una solución acorde con el marco negocial y legal vigente y con los hechos realmente acontecidos, todo en aras a preservar los derechos de la administración, del co-contratante y de los usuarios”.
Por último concluye especificando que “a estos fines desde la Secretaría de Coordinación Técnica se considera oportuno contar con el asesoramiento de especialistas acreditados en la materia, sugiriendo la intervención de la Universidad Nacional de Rosario – Instituto de Estudios de Transporte, y de la Universidad Nacional del Litoral – Facultad de Ciencias Económicas”.
Bacarella: “Lifschitz hace el cuento de la buena pipa”
Consultado respecto de la rescisión del contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe, anunciada por el Ejecutivo provincial, uno de los diputados que reclaman la rescisión, Germán Bacarella, fustigó: “Lo que hace el gobernador (Miguel Lifschitz) con este tema es como el cuento de la buena pipa. Ahora otra vez vamos a pagar el incumplimiento de los privados anteriores y vamos a volver a entregar la explotación con la inversión hecha por el Estado a otros privados”.
En ese sentido, Bacarella señaló: “Estamos ante un nuevo barquinazo de gestión del Frente Progresista. Tras las serias denuncias por incumplimientos y retrasos en los compromisos de realización de obras, ahora anuncian una rescisión que puede resultar en un nuevo gasto para nuestras arcas provinciales”.
Por último, el legislador del FJPV planteó: “A esto hay que sumarle que además vamos a solventar desde el Estado provincial la realización de los trabajos de repavimentación, que los tendrían que haber hecho las empresas integrantes de la UTE que administraba la autopista, que se cuentan entre las favoritas del gobierno provincial a la hora de adjudicar obra pública; y encima después pretenden entregar nuevamente a un concesionario la explotación de los peajes. ¿Cuál es el beneficio de todo esto para los usuarios de la autopista y para el conjunto de las santafesinas y santafesinos?».
