Un nuevo fallo, esta vez en los tribunales federales, rechazó las acciones judiciales promovidas por la cadena de supermercados Coto. Se van cerrando los caminos a la empresa que pretende desconocer la ley provincial y la ordenanza municipal que promulgan el descanso dominical para los trabajadores.
El nuevo fallo lleva la firma de Sylvia Aramberri, titular del Juzgado Federal de Rosario 2, quien ante el argumento de la empresa en el sentido que “se distorsiona el derecho a la libre competencia”, expresó que “el debate se circunscribe a la ejecución de una normativa de componente netamente local, cuya constitucionalidad se cuestiona”.
“Es la tercera vez en esta semana que no se hace lugar a los amparos de esa empresa, ya que similar resolución tomaron la jueza en lo Civil y Comercial Julieta Gentile y, casi simultáneamente, hizo lo propio el fiscal federal Federico Reynares”, celebraron desde la Asociación de Empleados de Comercio.
“Más adelante –remarcaron los Mercantiles en un comunicado de prensa–, Aramberri consideró que el hecho es un «resorte de la Justicia ordinaria –cuyo ámbito jurisdiccional es la provincia de Santa Fe– dado la naturaleza difusa del control de constitucionalidad que habilita a todo magistrado nacional o provincial a que se expida sobre las cuestiones constitucionales planteadas en los asuntos a juzgar conforme al ámbito de su competencia”.
El fundamento de la fiscalía
El 29 de julio, se conoció que el fiscal general a cargo de la Fiscalía Federal 3 de Rosario, Federico Reynares Solari, había dictaminado a favor de ventilar en el ámbito de la jurisdicción provincial la acción de amparo promovida por el supermercado Coto contra la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario en relación a la legislación que establece el descanso dominical durante los domingos.
Al promover el amparo, los representantes legales de Coto solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 3 de la Ordenanza Municipal 9516 y de los artículos 1, 5, 6, 7, 8 y 9 de la ley provincial 13441, bajo el argumento de que tales normas serían violatorias del “régimen de la competencia”. Asimismo, sostuvieron que la norma carecería de razonabilidad en atención al alegado propósito del descanso de los trabajadores, aspecto sobre el cual –según alegaron- ni la Provincia ni el Municipio tendrían facultades para legislar en materia laboral.
Al contestar la vista conferida por el juez federal, Reynares Solari enumeró abundante jurisprudencia, entre ella un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en un caso prácticamente idéntico, de los que se desprende que si la legislación cuestionada es violatoria de las instituciones provinciales y nacionales, debe acudirse primeramente ante los estrados de la justicia provincial y, en su caso, llegar ante el máximo tribunal a través del recurso extraordinario. “En esas condiciones se guardan los legítimos fueros de las entidades que integran el gobierno federal, dentro de su normal jerarquía, pues carece de objeto llevar a la justicia nacional una ley o un decreto que, en sus efectos, pudieron ser rectificados como más de una vez ha ocurrido por magistratura local”, indicó el fiscal general al citar un fallo de la Corte.
El representante del MPF concluyó que se trata de cuestionamientos a normas de derecho público provincial, que supuestamente violarían tanto al derecho público provincial como a normas federales, razón por la cual el litigio planteado por la actora debe ser ventilado en la jurisdicción provincial.
