La comisión directiva de la Biblioteca Popular C. C. Vigil convoca a una reunión informativa sobre el estado del conflicto que mantiene con dos abogados de la ciudad que representaron a la institución en la causa por el vaciamiento durante la dictadura militar. Será este martes 23 a las 19, en Gaboto 450.
Mediante un comunicado de prensa, la institución convocó a una charla informativa en la que se ventilarán las novedades sobre el litigio que mantiene desde el año pasado con los abogados Marcelo Abaca y Marcelo Scalona, quienes estimaron una suma millonaria en concepto de honorarios profesionales dentro del expediente judicial de liquidación de Vigil, iniciado en 1977 por la dictadura militar.
Según detalló la comisión directiva, en la reunión que será abierta a toda la comunidad, se presentarán documentos públicos sobre el estado del conflicto, al que calificaron como una “avanzada contra la institución, que pone en jaque la continuidad de la misma”, luego de que ambos letrados apelaran la última regulación de honorarios dispuesta por el juez Marcelo Quaglia.
Al referirse a la presentación que ambos letrados hicieron en diciembre de 2015, a fin de que se regularan sus honorarios profesionales, que estimaron en la suma de $10.871.650, la comisión de Vigil informó que el juez rechazó dicho planteo, a lo que ambos letrados insistieron en su propósito interponiendo un recurso judicial. En aquella oportunidad, este medio publicó el descargo de Marcelo Scalona, luego de que el conflicto tomara estado público.
En tanto, según expresaron desde la Biblioteca, el juez Quaglia recientemente hizo parcialmente lugar al recurso que interpusieran Abaca y Scalona regulando honorarios en la suma de $ 12.473,55 y de $ 11.087,17, respectivamente. Tal como señala el escrito de Vigil, ambos profesionales apelaron.
A continuación, el descargo de la comisión directiva:
Consideramos, por un lado, que estos hechos recientes desbaratan los argumentos desplegados por los Dres. Marcelo Abaca y Marcelo Scalona, una vez que su pretensión tomó estado público. Ahora queda claro que:
▬Es falso que nunca pidieron la exorbitante suma de $10.871.650 y que sólo procuraban un “reconocimiento” de su labor. Esa cifra es fijada por los profesionales al efectuar la solicitud, quienes, a su vez, una vez obtenida regulación de honorarios la impugnan por su desacuerdo con el monto.
▬Es falso que no quieran cobrarlos a la Biblioteca Vigil, tal como lo han manifestado en diferentes medios de la ciudad, e incluso ante la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal cuando fueron convocados por la misma. La notificación judicial de los honorarios que nos enviara el Dr. Scalona con su propia firma, despeja cualquier duda en torno a aquella intención.
La decisión adoptada por el juez también pone en evidencia lo desmedido de la regulación pretendida por los Dres. Abaca y Scalona, puesto que regula a cada uno la centésima parte del monto global por ellos estimado. Ahora bien, no podemos consentir el criterio que subyace en la resolución, cual es que Abaca y Scalona “algo” tienen que cobrar a la Biblioteca Vigil como sus abogados y por su labor dentro del expediente y por ello la hemos impugnado.
Es inexacto querer cobrar honorario a Vigil, por actuaciones de los Dres. Marcelo Scalona y Marcelo Abaca que se dieron con anterioridad a la conclusión de la normalización institucional de la entidad –acaecida el 30 de julio de 2012 -, momento hasta el cual no contaba con una Comisión directiva, elegida por los socios en asamblea, que pudiera comprometerla patrimonialmente en virtud de la contratación de abogados. Luego de esa fecha, además, toda la actuación de Marcelo Abaca se dio en su carácter de presidente de la entidad, cargo que ejerció entre el 22/2/2013 y el 7/3/2014.
Lo que nos parece más grave aún, es que este fallo sienta un peligroso antecedente en instituciones de bien público y espacios de construcción colectiva, al instalar el criterio de que toda actuación de abogados dentro de estos ámbitos siempre debe retribuirse en dinero, desconociendo el valor de la militancia por causas sociales y culturales, que implica el trabajo codo a codo de personas – profesionales y no -, nunca planteada en los términos de una contratación profesional.
Es así que, en virtud de la proyección que puede tener lo aquí resuelto en otras organizaciones, instamos abrir el debate y adoptar los recaudos necesarios para que no se vean expuestas a situaciones de este tipo, esto es, acordar por escrito con los profesionales que los conformen la renuncia a sus honorarios o, en su caso, el monto de los mismos y quiénes habrán de afrontarlos.
Consideramos que en momentos en que asumimos riesgos y desafíos para acrecentar la obra cultural de Vigil, estos ataques, que distraen esfuerzos y generan incertidumbre, sólo lograrán unir más a la comunidad en defensa de la institución.
Nota relacionada: “Es una apropiación totalmente ilegítima”
