Foto: caranddriverthef1.com
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El Sindicato de Prensa Rosario (SPR), a través de su Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional, expresó su «preocupación por el carácter limitativo que para el trabajo de los periodistas tiene el «instructivo para la prensa» remitido a los medios de comunicación por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MEyM)».

El comunicado del SPR indica, además, que «las disposiciones contenidas en ese instructivo tienen carácter obligatorio para realizar las coberturas de la «Audiencia Pública para debatir el nuevo cuadro tarifario del servicio de gas natural», como se llama a los encuentros cuya dirección se dará a conocer el mismo viernes».

La comunicación comprende una serie de requisitos para lograr la acreditación y el consiguiente ingreso a la audiencia que, como señala el gremio de prensa, «no sólo pueden calificarse de excesivos, sino que además están diseñados para desalentar o bien impedir la participación: de hecho cada periodista se acreditará con todos los datos personales, fotografía y carta de presentación del medio, pero la confirmación correspondiente se tendrá a las 8 horas del mismo día en que en distintos puntos del país se realizarán las audiencias».

Asimismo, el SPR subraya que «las disposiciones para la cobertura de la audiencia impedirán «por razones de espacio», el ingreso de equipos de televisión, aunque se habla de que la reunión ciudadana será transmitida vía streaming, de «manera limpia», es decir que cada medio interesado podrá tomar la señal emitida. En otras palabras, se mostrará lo que se quiera mostrar en un claro ejercicio del anti periodismo».

Por otra parte, destaca el comunicado, «aquellas personas que se desempeñen en los servicios de prensa de los municipios, de los ministerios, que trabajen para legisladores o gobernaciones y para las publicaciones de carácter institucional, no tendrán posibilidades de acreditarse y se prevé que, por lo extenso de la jornada, los medios periodísticos no televisivos podrán acreditar a dos de sus equipos que no deberán concurrir de manera simultánea a la audiencia».

Siguen los ataques

El SPR «cree indispensable señalar que este es un ataque más del gobierno nacional, a través del MEyM, al trabajo de los periodistas, a la libertad de expresión y el derecho a la información que corresponde a toda la población y que comenzó con el golpe al espíritu antimonopólico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, siguió con el conocido Protocolo Antipiquetes –por el que se dispone una especie de «corralito» desde el que deben realizar su labor los trabajadores de prensa-, continuó con el proyecto de ley de acceso a la información pública -que está siendo tratado por el Congreso de la Nación y que ponía en potestad del Poder Ejecutivo la designación y remoción del titular de la Agencia de Información Pública-, y aquel temerario artículo incluido en la conocida como Ley de Blanqueo, derogado por la crítica pública, por el que se anunciaban sanciones penales para los «terceros», entre ellos los periodistas que difundir datos sobre quienes se ajustaran a la norma. A todo lo mencionado corresponde agregar los 2.500 despidos que desde diciembre pasado ya sufre el gremio a nivel nacional y el mecanismo de la autocensura que la precarización, la flexibilización y los despidos contribuyen a activar».

Por último, la comisión del SPR «rechaza de plano, por todo lo expuesto, un nuevo esfuerzo que desde el gobierno nacional se realiza para tapar, o por lo menos dificultar, la mirada periodística y ciudadana hacia una audiencia que debería ser receptora de las expresiones más diversas y plurales como base de todo sistema democrático».

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