El ajuste es la razón de ser del gobierno macrista. La determinación de ubicar a Nicolás Dujovne en el ministerio de Hacienda es una ratificación plena del rumbo hacia su profundización. Con el respaldo de su amigo Carlos Pagni, del diario La Nación, y con el apoyo interior de Federico Sturzenneger, presidente del Banco Central y de Marcos Peña Braun, jefe del gabinete de ministros, el joven funcionario designado evalúa que nivel de vida, consumo, producción industrial, son elementos colaterales que pueden ser sacrificados en el altar de la eterna bandera: Reducción del Gasto Público.
Dujovne presupone, junto a los ministros que hundieron este rico país –Álvaro Alsogaray, Adalbert Krieger Vasena, José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Felipe Cavallo, por citar a los más relevantes, es decir, a los más dañinos- que no corresponde considerar inversión social la utilización dinamizadora de los recursos del Estado. Lo cual no implica dejar de aprovecharlos para sostener emprendimientos privados.
El 20 de diciembre el nuevo ministro publicó una columna titulada “Macri, ante los desafíos de un mundo más exigente” en La Nación. Para el economista, uno de los principales desafíos es reducir el gasto. “Si el Gobierno lograra mantener el gasto congelado en términos reales por los próximos cinco años y la economía creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de 45% a 39% en 2021“, planteó. “Y si esa estabilidad del gasto permaneciera por diez años, caería hasta 34% del PBI en 2026“, añadió.
Como si el objetivo instrumental resultara una virtud estratégica, continuó: “En el primer caso, la reducción en el gasto alcanzaría para eliminar todo el déficit fiscal. En el segundo, para eliminar el déficit, bajar las alícuotas de Ganancias, quitar el impuesto a los débitos y créditos y bajar los impuestos al trabajo a la mitad”. Es decir, todo el esquema sólo es posible si se reduce el salario promedio del trabajador argentino y se lo sume en la precariedad.
En ese texto, el ministro designado anticipó lo que viene: “el programa inicial –aplicado hasta ahora por el oficialismo- debe ser continuado por otro que defina la gestión ya no por la negativa, sino por determinados objetivos concretos y por una descripción metódica acerca de cómo serán alcanzados”. Al respecto sugirió “llenar el vacío programático y comunicacional de manera coherente“, lo cual debería ser “el objetivo número uno del Gobierno”. Esto fue leído como una necesaria conjunción Dujovne – Peña.
No se privó de agitar la promesa jamás cumplida por gobierno liberal alguno en nuestra historia: el mito de los inversores externos. Destacó que “la principal duda de los inversores en materia fiscal se refiere a la capacidad del Gobierno de reducir el déficit“. “En lo fiscal, el Gobierno se debate entre tres objetivos en conflicto: bajar el déficit, minimizar los impuestos distorsivos e incrementar el gasto en infraestructura”, señaló. En realidad, las empresas transnacionales que sostenían plantas productivas en la Argentina se vienen retirando en los últimos meses, precisamente por la retracción del mercado local. Pero ¿quién informa eso?
En cuanto al gasto, el economista mencionó que “una ley de responsabilidad que establezca parámetros en el mediano plazo (incluyendo el gasto de las provincias) y que fije cómo se repartirá la mejora fiscal que provocaría la contención de las erogaciones (entre la reducción del déficit y la eliminación de impuestos) podría ser negociada con la oposición y despejaría en buena medida la duda de los inversores acerca de la solvencia fiscal de la Argentina. Ello abarataría el financiamiento para el Gobierno, las empresas y las familias“. El segmento es sorprendente: aventura repartir una eventual e incomprobable “mejora”.
Al referirse a la política energética, cuestionó que “las regulaciones que gobernarán el sector en el largo plazo aún no han sido establecidas”. Y añadió: “Parte de ese problema se resolvería si el sector pudiera avanzar hacia una ‘contractualización’ de la relación entre los productores y los consumidores de energía. Para que el sector pueda ‘contractualizarse’ hay que definir la regulación. Los efectos sobre la inversión serían notables”. Esto es: subsidios mediante, las firmas serán liberadas para cobrar lo que evalúen pertinente a cada consumidor.
Finalmente, Dujovne habló del comercio internacional. No apto para productores y trabajadores cardíacos, estimó que la apertura registrada en el 2016 es insuficiente, por lo cual es preciso “eliminar gradualmente la protección que hoy genera que los argentinos enfrenten sobreprecios insoportables cuando consumen electrónicos, prendas de vestir, juguetes y otros bienes”. El funcionario explicó que “ese sobrecosto será removido gradualmente junto con la disminución de la protección en esos sectores. Y la forma de institucionalizarlo vendrá de la mano de la firma de acuerdos de libre comercio, donde el sendero de convergencia hacia la apertura, de 10 o 15 años, quedará establecido”.
Como detalle, vale observar que Nicolás Dujovne participó del ciclo final del neoliberalismo. Estuvo en la Secretaría de Hacienda cuando la dirigía Pablo Guidotto entre 1997 y 1998 (en tiempos del ministro Roque Fernández). Fue entonces cuando se abrió el hueco fiscal que fue cavando el ajuste; de allí, la economía zarpó hacia el 2001. Queda la sensación de un Volver al Futuro, con un destino de crisis trazado ineluctablemente. Pero, para entonces, el endeudamiento será otra vez tema de debate y los amigos de Dujovne, desde el diario La Nación, batallarán por el cumplimiento irrestricto de compromisos internacionales adquiridos durante una gestión constitucional.
Es que si en el futuro no pagamos los costos que nos están dejando estos bandidos, quedaremos “fuera del mundo”. Usted, lector, ya sabe el resto del argumento.
* Director La Señal Medios / Sindical Federal / Área Periodística Radio Gráfica. Artículo publicado en La Señal Medios.
