La Justicia laboral de Venado Tuerto ordenó la inmediata reinstalación de Matías Mendoza, miembro de la Comisión Directiva de Trabajadores Municipales. Lo había echado el intendente del PRO.
Así, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 3, a cargo de Jorge Enrique Verna, ordenó -en trámite abreviado- la acción de inmediata reinstalación de Mendoza, quien poseía garantías constitucionales por el desempeño de sus funciones gremiales como integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rufino.
Luego de que las autoridades municipales de esa localidad dispusieran la cesantía del dirigente gremial, el sindicato buscó por la vía del diálogo con el intendente Natalio Lattanzi, evitar las acciones gremiales en protesta por la violación de derechos constitucionales establecidos para el desempeño de la libertad sindical.
Ante la posición intransigente de las autoridades, el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) resolvió iniciar la vía judicial.
La decisión del despido se efectuó en forma unilateral, sin que se previera el desafuero, sin sumario previo y violando tanto el derecho a la defensa como la ley que regula las actividades sindicales.
La secretaria general del gremio, María José Barrios, expresó: “El poder judicial ha puesto las cosas en su lugar. Como corresponde en un Estado de derecho, le ha dado la razón al trabajador municipal y le ha ordenado a la Municipalidad de Rufino reinstalarlo en su puesto de trabajo. Desde el primer momento le hicimos saber a las autoridades municipales que lo que estaban haciendo con Matías Mendoza era ilegal. Nunca nos escucharon”.
Por su parte, desde la Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram), se celebró la medida, por considerar que “además de reparar la injusticia sufrida por el compañero Mendoza, pone límite al autoritarismo que ejercen algunos jefes comunales que creen que en las Municipalidades que administran pueden ejercer el poder político sin ningún tipo de límites y con absoluta impunidad sobre los derechos de los trabajadores”.
La entidad agregó: “El perjuicio ocasionado con el abuso de poder, afecta la integridad del trabajador y carga los costos económicos sobre el conjunto de la población, para satisfacer políticas que indudablemente intentan generar disciplinamiento social sobre los derechos laborales”.
