En menos de un año buena parte de Santa Fe volvió a inundarse, afectando campos y pueblos. Advertencias sobran, acciones no tanto. En 2016 sólo se gastó un tercio del fondo nacional para evitar inundaciones.
El remanente de esos fondos fue a parar a la timba financiera. La provincia no recibió un sólo peso en obras, ni las pidió. Lifschitz esperaba la seca, y llegó la lluvia. Macri promete los mismos trabajos nueve meses después. Y un chiste cordobés.
Advertidas por especialistas, denunciadas por organizaciones ambientalistas, pronosticadas en ocasiones por los meteorólogos, las recurrentes inundaciones que sufre la provincia de Santa Fe permiten pensar que entre los diagnósticos y los proyectos para menguar sus efectos dañinos existen, valga la metáfora, un mar de distancia. Un mar, en este caso, de las pampas. Los desmontes y el monocultivo por un lado como posibles causas –aunque no únicas– de la limitada absorción de la tierra, y la carencia de obras hídricas capaces de asimilar las precipitaciones “extraordinarias” –cuya frecuencia en los últimos tiempos habilita a cambiarlas de categoría– conforman un combo explosivo aún sin detonación controlada. Las consecuencias se miden en millones de dólares de pérdidas en el sector productivo y en un infinito dolor en las miles de personas cuyas viviendas y pertenencias se humedecen junto a sus esperanzas de que no vuelva a ocurrir.
La política agropecuaria del Gobierno, orientada a través de la quita de retenciones a la reprimarización de la economía, no son alentadoras en cuanto a las necesidades de rotación de cultivos y manejo de bosques nativos. Los datos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica nacional, que en 2016 no realizó ninguna obra en la provincia de Santa Fe y ejecutó apenas un tercio de sus recursos según la información disponible, no permiten tampoco ser optimistas en cuanto a la realización de las obras necesarias.
Catastrófico
“Estamos ante una catástrofe ambiental”, calificó el presidente Mauricio Macri. Lo que manifestado de ese modo parece irremediable, sin embargo, tiene solución, dijo. Obras públicas de infraestructura que permitan evitar o reducir las consecuencias de los excesos hídricos. Con ese fin, el jefe de Estado anunció que se realizarán “proyectos hídricos inteligentes que transformen el agua en una oportunidad y no en una desgracia, como ha sido en esta ocasión”.
Los dichos del mandatario no son actuales, aunque podrían serlo. Fueron hechos en Rafaela, en abril del año pasado cuando el centro de la provincia emulaba a un enorme natatorio que, fundamentalmente, ahogó a las zonas rurales donde están situados los tambos de la cuenca lechera santafesina. Nueve meses después, al declarar la emergencia hídrica para la provincia por las inundaciones de fines de diciembre y principios de este año, Macri insistió en el carácter irrevocable del ensañado clima.
Esta semana sostuvo –al igual que en Rafaela hace casi un año– que los excesos hídricos obedecen al cambio climático que “nos está pasando factura”.
Pero eso, insistió, tiene solución. Hay que “invertir en infraestructura” para mitigar las consecuencias de las abusivas precipitaciones.
Macri enumeró las obras que realizó en la ciudad de Buenos Aires cuando fue su jefe de Gobierno, y añadió que tareas de este tipo deben emprenderse en esa provincia y en las de Santa Fe y Córdoba.
Porque, aclaró el presidente, los proyectos están realizados hace más de 10 ó 20 años. Y, ahora sí, “llegó el momento en que lo hagamos”. Parece que el tiempo no transcurriera en la Casa Rosada, a juzgar por aquellas y éstas declaraciones.
Los tambos de la zona de Rafaela, en el departamento Castellanos, volvieron a convertirse en lagunas de agua y barro en la última Navidad.
Subejecución y timba
En el año que transcurrió desde el anuncio de los “proyectos hídricos inteligentes que transformen el agua en una oportunidad y no en una desgracia”, la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin) –que maneja el mencionado Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica– no ejecutó una sola obra en Santa Fe.
La planilla correspondiente a “Obras hídricas financiadas” muestra las tres últimas realizadas, en 2015. Cuarenta millones y un puchito de pesos para “Obras internas cuenca Laguna La Picasa MÓDULO II”; 38,6 millones de pesos destinados a “Obras Internas de la Cuenca La Picasa MÓDULO I: Canal Principal y Obras Complementarias”; y 7 millones 300 mil para “Obra de Protección contra Inundaciones en Cañada de Gómez” fueron las financiadas en el último año de gobierno de Cristina Fernández.
De acuerdo a las planillas de “ingresos” del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, en 2016 la cuenta recibió 3.258 millones de pesos, provenientes de impuestos que se pagan en la compra de combustible.
De esos recursos, el gobierno invirtió en obras hídricas el año pasado 1.110 millones, distribuidos en 607 millones correspondientes a “Monto abonado a provincias y municipios” y otros 502 millones al ítem “Obras” del Plan Federal de Control de Inundaciones.
Un dato llamativo que se desprende de las planillas –no sólo achacable al gobierno de Cambiemos, puesto que el Fondo existe desde 2002– es que los dineros depositados en la cuenta del Banco de la Nación Argentina y no invertidos en obras, rindieron intereses en colocaciones financieras.
Se trata de una modalidad habitual del Estado en sus tres niveles –nacional, provincial y municipal– que realiza colocación con fondos inmovilizados a los fines de obtener intereses y no perder capacidad de pago por efecto de la inflación.
De ese modo, el Fondo obtuvo “Intereses ganados” en 2016 por 161 millones de pesos aproximadamente. Aunque no se aclara si se trató de plazos fijos o de otro tipo de inversión financiera, el asunto repiquetea como una afrenta en los oídos de los inundados o de los productores cuyos establecimientos rurales sólo están aptos para el chapoteo.
Si bien Santa Fe no recibió recursos del Fondo para la realización de obras, según se desprende de las planillas oficiales publicadas en la web de la Ucofin, sí se realizaron inversiones del gobierno federal a través del Ministerio del Interior y Obras Públicas.
En agosto pasado, su titular Rogelio Frigerio firmó un convenio con el intendente radical de Santa Fe, José Corral, por 259 millones para “obras de infraestructura que eviten anegamientos en distintos barrios” de la capital provincial. En septiembre se anunciaron “obras por 200 millones de pesos para mitigar inundaciones en la cuenca del Carcarañá” y en enero de este año la financiación por 800 millones destinados a obras “que evitará inundaciones en importantes zonas productivas de Santa Fe y Córdoba”.
Cómo no avisan
Con más de 70 localidades del sur santafesino inundadas con distintos niveles de afectación, el gobernador Miguel Lifschitz no habló de “catástrofe ambiental” pero se mostró sorprendido por la intensidad de las lluvias, mientras aguardaba una seca.
“No teníamos anticipo de esto”, dijo esta semana. “Se venía hablando en los últimos meses de 2016 que este iba a ser un año de seca, preocupaba que iba a haber poca agua para la producción”, explicó sobre los cambios meteorológicos.
El ingeniero insistió en que “nos preparábamos para eso, que íbamos a entrar en el fenómeno de La Niña, pero fallaron esos pronósticos” y hubo que reemplazar, drásticamente, el regador por la bomba extractora.
Estupefacto aún por la metamorfosis, el gobernador anunció que convocará a “expertos no sólo de la provincia, sino del resto del país en temas climatológicos e hidráulicos, porque las condiciones del clima están cambiando y el régimen de lluvias también, por lo tanto necesitamos de manera urgente pensar cómo prevenir este tipo de fenómenos”.
Las inundaciones del departamento Castellanos de principios de 2016 ameritaban esa convocatoria, pospuesta por motivos que no son de dominio público.
También remolón, el ministro de Infraestructura santafesino, José Garibay, planteó en esta semana la necesidad de pensar “un nuevo plan director” en función de las copiosas precipitaciones caídas, cuya recurrencia comienza a desplazarlas de la categoría “extraordinaria”.
“Estas lluvias extraordinarias pasan a ser comunes y hay que incorporarlas (a un plan de obras), sostuvo el titular de Infraestructura.
Para Garibay, de todos modos, “es difícil pensar cuáles obras hubieran neutralizado lluvias tan extraordinarias”. Asimismo, añadió que es menester diseñar “un plan director nuevo que trabaje sobre nuevas variables”.
Tal vez despechado por el modo en que se enteró que tenía que dejar el cargo –a través de la prensa–, el hasta el martes pasado secretario de Asuntos Hídricos del ministerio, Roberto Porta, acusó a Garibay de permitir que la provincia de Córdoba realice tres canales que desaguan en Santa Fe.
En declaraciones a LT8 dijo: “Córdoba planteó la ejecución de tres canales a los cuales nos opusimos desde la Secretaría. Nos opusimos dentro del Comité Interjurisdiccional donde participan Córdoba, Santa Fe y también la Nación”.
Sin embargo, siguió, “el ministro Garibay aprobó esas obras en actas en las que nos opusimos a firmar, y le reiteramos muchas veces que deberíamos informar a la Secretaría que nosotros no habíamos aprobado esas obras, que no debían hacerse porque el impacto iba a ser muy importante en los campos de Santa Fe”.
“Si me hubieran escuchado, tal vez se hubiese disminuido el impacto de la catástrofe hídrica”, se ufanó en la misma entrevista.
Y arremetió contra la falta de recursos de la provincia para el área que él condujo. “Encontramos una Secretaría devastada, sin organización. En marzo de 2016, le pedimos a Garibay un refuerzo porque la estructura no estaba preparada para seguir trabajando en proyectos y obras”, aseguró Porta.
Como también aseguró que “no recibimos absolutamente ningún personal técnico de refuerzo ni equipamiento, que era la solicitud de marzo de 2016. Pedimos retroexcavadoras de brazo largo, de brazo normal, carretones, topadores, camionetas”.
Según su versión, esas demandas tampoco fueron satisfechas por lo que “ponemos nuestros autos particulares como para poder llegar a cada uno de los lugares”. Aclaración (casi) innecesaria: Porta se incorporó al gobierno de Lifschitz, que es continuidad de ochos años de gestiones de la misma coalición partidaria, el Frente Progresista.
Aquadance de declaraciones
Convalidando la línea del renunciado Porta, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa, confirmó que Santa Fe aceptó las obras de canalizaciones que se realizaron en 2016 en Córdoba, cuyas aguas vertieron en el departamento Castellanos.
El comité Interjurisdiccional que integran el gobierno federal y ambas provincias conformó tres comités de cuencas con el objetivo, justamente, de evitar o al menos reducir posibles inundaciones.
“El Gobierno nacional creó en 2016 tres comités de cuenca que involucran directamente a Santa Fe como son el Comité del Carcarañá, de La Picasa y del Río Quinto para consensuar con las provincias soluciones integrales a las inundaciones en la región”, explicó en su momento Bereciartúa.
“Financiamos 200 millones de pesos durante el año pasado para mitigar los efectos del cambio climático en el territorio de la cuenca del Carcarañá y estamos trabajando en una agenda de proyectos en el orden de los mil millones de pesos”, resaltó el subsecretario.
Y agregó que “el Instituto Nacional del Agua se encuentra en la etapa II de la elaboración del plan director para la cuenca de La Picasa” a la vez que anunció que Nación “también licitará durante el primer trimestre los planes directores para el comité del Río Quinto y el del Carcarañá”.
Tras las inundaciones de diciembre y enero, el funcionario explicó que el avance de los trabajos en Córdoba fue consensuado con Santa Fe, que en ningún momento expuso su oposición al plan. Como denunció el dolido Porta.
Tal vez por esa razón, cuando algunos medios nacionales tomaron declaraciones del gobernador como una acusación a Córdoba por el agua acumulada en Santa Fe, Lifschitz aclaró a través de su cuenta de Twitter: “No culpé a Córdoba. Sólo dije que parte del agua que llega a Santa Fe proviene de Córdoba, lo cual es obvio”.
Pero no todo lo que brilla es obra. En Córdoba, esperan que el gobierno nacional pague los trabajos realizados que fueron financiados con recursos provinciales.
La Voz del Interior consultó a la secretaría de Recursos Hídricos de la provincia sobre los proyectos” y la respuesta del titular del área, Edgar Castelló, fue que la mayor parte de ellos fueron acordados con la Nación en septiembre y están en ejecución, con un grado de avance que va del 90 al 100 por ciento. Hasta ahora, se financiaron con recursos provinciales que luego serían devueltos; si bien Castelló evitó entrar en polémicas, confirmó: «El dinero todavía no llegó, pero confiamos en que se efectivizará en los próximos días»”.
Fuente: El Eslabón.
