Más de cincuenta referentes y organizaciones políticas, sociales, gremiales, académicas, de Derechos Humanos, instituciones educativas, religiosas, deportivas y culturales presentaron este viernes una denuncia penal ante la Fiscalía de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, por la represión ocurrida el sábado 11 de febrero en barrio Ludueña durante el cortejo fúnebre de Kevin Aguirre.
Según denunciaron los testigos, las fuerzas intervinientes en la represión durante el velorio de Kevin fueron miembros de la Policía de Acción Táctica, la Policía Comunitaria, el Comando Radioeléctrico y la Comisaría 12. Por el hecho, fueron severamente heridos con balas de goma, plomo y golpes, amigos, amigas, familiares y allegados a la familia de Kevin así como integrantes de diferentes organizaciones e instituciones que acompañaban el cortejo.
El escrito se presentó el viernes pasado frente a la fiscal Carina Bartocci. Allí mismo se realizó una conferencia de prensa donde se leyó un documento consensuado entre todas las organizaciones, familiares y amigos que acompañan la causa. El texto señala lo siguiente:
“Ante la gravedad de los hechos presentamos hoy, viernes 24 de febrero, una denuncia penal ante la Fiscalía de Violencia Institucional del MPA a cargo de Dra. Carina Bartocci, para que se investigue lo sucedido y se sancione a los/as responsables.
Repudiamos enfáticamente el accionar de las fuerzas policiales y responsabilizamos políticamente al gobierno provincial, especialmente, al Ministerio de Seguridad. Repudiamos las declaraciones del ministro Lic. Maximiliano Pullaro en los medios de comunicación en relación al caso justificando el accionar policial. Estos hechos se encuadran en la continuidad e intensificación de políticas de seguridad represivas que tienen como principales destinatarios a los/as jóvenes de sectores populares.
También responsabilizamos al Poder Judicial, y en especial al Ministerio Público de la Acusación, por la falta de respuestas adecuadas en lo relativo a la represión sufrida así como por no sancionar, oportuna y adecuadamente, el constante accionar indebido de las fuerzas policiales, propiciando su lamentable repetición. Asimismo, denunciamos al Poder Judicial por la lentitud en el esclarecimiento del homicidio de Kevin y exigimos una pronta respuesta.
Finalmente, solicitamos al Gobierno de la Provincia de Santa Fe que garantice una adecuada protección, acompañamiento y asistencia a todas las víctimas y testigos de los hechos, muchos de ellos/as amenazados reiteradamente. Y, especialmente, reclamamos al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público de la Acusación la inmediata aplicación de los Protocolos internacionales de actuación atinentes a la investigación y documentación de los casos de tortura. Además exigimos a las autoridades provinciales la creación y puesta en funcionamiento de un Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura cumpliendo con lo establecido en la ley Nacional 26827 y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Por último exigimos a los tres poderes provinciales, la toma de las medidas pertinentes a los fines de evitar estas graves violaciones a los Derechos Humanos, investigar adecuadamente estos hechos y sancionar ejemplarmente a las autoridades responsables”.
