Como un tenebroso temblor que aflora desde las entrañas mismas de la sociedad, el macrismo y sus socios irrumpieron en la escena política provocando desplazamientos de terrenos que parecían firmes y fuera de toda conmoción dialéctica. Y como sucede en los territorios bajo ataque, muchos son los desplazados, muchos son los refugiados que buscan cobijo en algún sitio, y ese lugar en la Argentina actual es la memoria.
La alianza Cambiemos es restauradora de las peores tradiciones golpistas y persecutorias de la historia argentina. En particular, sus acciones y políticas públicas, pese a un falso enmascaramiento republicano, son reivindicativas de la metodología de la última dictadura cívico-militar por una razón de pesos: saben que es imposible instrumentar su plan económico sin represión a gran escala, porque la escala de los sectores afectados es enorme, nada menos que un 50 por ciento de los argentinos.
El gobierno de Mauricio Macri no es una dictadura, como dicen algunos, pero los votos con los que llegó no le alcanzan para plasmar su criminal programa económico y social. Y sus aliados, en especial la Unión Cívica Radical (UCR), no son partidos cooptados por una derecha que les hace dar tropiezos indignos de un pasado nacional y popular, como muchos pregonan, incluso desde el peronismo.
Darío Lopérfido, Oscar El Milico Aguad –amigo del genocida Luciano Benjamín Menéndez–, Ernesto Sanz, Gerardo Morales –el secuestrador judicial de Milagro Sala–, Hernán Lombardi, Elisa Carrió, y tantos otros personeros de la desmemoria, acompañan las políticas de restauración conservadora y reivindicativas de la teoría de los dos demonios siendo parte o habiendo salido de un partido político que en algún momento, a cargo del gobierno nacional, reprimió levantamientos obreros o sociales sin que le tiemble el pulso a la hora de masacrar peones, trabajadores o ciudadanos hartos de sus ajustes económicos.
Los trabajadores de los Talleres Vasena fueron masacrados por balas policiales y del ejército durante la Semana Trágica de 1919, con orden firmada por un presidente radical, Hipólito Yrigoyen, quien también mandó al teniente coronel Varela a reprimir a los peones de las estancias patagónicas de los Menéndez Behety y otros crápulas, dejando un tendal de muertos entre quienes, a las órdenes de Facón Grande, se resistían a ser sometidos a trabajo esclavo.
El republicanismo que pregonaban siendo oposición a Juan Perón en las décadas del 40 y 50 terminó virando al terrorismo, cuando Ricardo Balbín y otros colocaban bombas antiobreras, motivo por el cual fueron presos, y no a causa de pensar diferente, como se encargaron de relatar con la complicidad de diarios y radios que los apañaban.
Esos mismos radicales fueron cómplices directos del bombardeo de Plaza de Mayo, donde se masacraron cientos de civiles, que cayeron muertos bajo el peso imperdonable de las bombas y las metrallas arrojadas y disparadas desde aviones de la Marina de Guerra, alguno de ellos piloteado por el que sería canciller de Arturo Illia, Miguel Ángel Zavala Ortiz.
Hicieron oídos sordos a los pedidos de clemencia una vez triunfante la Fusiladora de 1955, y organizaron los denominados Comandos Civiles, que ya antes de la caída de Perón daban caza a los “negros peronistas” desde lujosos autos donde cargaban arsenales de armas con las que ejecutaban a empleados y obreros visiblemente identificados con el peronismo.
Como bien destaca el portal de política e historia Laika.com.ar, “lejos de aprender las virtudes de la democracia, Zavala Ortiz fue fundador y vicepresidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (Cari), organismo creado por la dictadura. Participó de la cena de homenaje de los partidos políticos al general Jorge Rafael Videla, organizada por su par radical Ricardo Balbín en 1981”.
Cerrando un vergonzoso e infame círculo, “el 15 de junio de 2000, el jefe de gobierno porteño, Enrique Olivera (que asumió como vice de Fernando De la Rúa, presidente de la Nación desde 1999) realizó un homenaje bautizando con el nombre Canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz a la plazoleta que se encuentra en la esquina de la avenida Leandro N. Alem entre calles Reconquista y Ricardo Rojas. Allí se emplazó un busto del personaje”.
El radicalismo, junto al socialismo en todas sus vertientes y otros partidos menores, fue cómplice desvergonzado de la derogación ilegal de la Constitución de 1949. En realidad, primero fue derogada el 27 de abril de 1956 por una «proclama» del dictador asesino Pedro Eugenio Aramburu, quien “restableció” la Constitución de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898. Pero en 1957, el fusilador, junto al bombardeador Isaac Francisco Rojas, convocó a elecciones constituyentes absolutamente ilegales para conformar una Convención Constituyente, ante lo cual la UCR, lejos de cuestionar ese crimen, lo convalidó, formando parte de esa tramoya.
Cuando la Fusiladora llamó a elecciones para una nueva reforma constitucional, prohibiendo la participación del peronismo, las argumentaciones de radicales y socialistas fueron que así podría plasmarse una Constitución que tuviera en su seno los derechos sociales y económicos, sabiendo que la de 1949 los había consagrado con creces. Tanto el peronismo, como la Unión Cívica Radical Intransigente (Ucri), el Partido Comunista y otras fuerzas pusieron el grito en el cielo, denunciando los evidente: la Convención Constitucional de 1957 era asquerosamente ilegal, y carecía de toda legitimidad.
Fueron 17 años de proscripciones que la UCR usufructuó presentándose a elecciones en las que el peronismo estaba proscripto, sin que sus medallas republicanas sufrieran siquiera una tímida oxidación. En cada dictadura los radicales proveyeron intendentes, presidentes comunales, jueces de paz, funcionarios provinciales y ministros sin ponerse colorados Y si bien no fue el único partido que lo hizo, su extensión territorial era codiciada por los esperpentos militares que asumían el poder para llevar adelante los programas económicos de la oligarquía.
La última experiencia bochornosa fue la de la Alianza que llevó al poder a De la Rúa en 1999. Dos años más tarde la UCR, aliada con el Frepaso y otros catafalcos políticos, volvió a regar con sangre argentina la Plaza de Mayo, aunque esta vez también lo hicieron otros gobiernos provinciales en diversas ciudades del país.
Frente al oscuro panorama que encuentra el Pueblo argentino al conmemorar un nuevo aniversario del comienzo de la más sangrienta dictadura, a 41 años de aquel 24 de marzo de 1976, el gobierno de Cambiemos tiene en sus filas a los herederos de aquellos crímenes e ilegalidades citados. A nadie puede sorprender el desparpajo con que algunos hablan de una reconciliación que no persigue otro fin que el de echar un manto de impunidad que los ayude a expiar sus culpas históricas.
Los radicales que abrazaron el campo nacional y popular debieron irse de los comités coronados por el escudo con la pluma y el martillo. Esos honorables dirigentes jamás defenderían los estropicios cometidos por los paladines de la República en nombre de la Democracia.
Macri les debe a los actuales radicales mucho más que a su propio partido parroquial, y no resulta aventurado conjeturar que lo acompañarán hasta el final de sus días como mandatario, lo cual por estas horas no parece que termine siendo un lapso demasiado extenso.
