Luego de que el gobierno nacional oficializara el programa “Empalme” de inserción al mercado laboral para quienes cobran planes sociales, el abogado Jorge Elías puso en duda sus beneficios. “Parece un buen negocio pero para los empresarios”.
El anuncio de la puesta en marcha del Programa de Inserción Laboral que el presidente Mauricio Macri había anunciado en el acto que encabezó por el Día del Trabajador, despertó polémica. Según lo poco que se puede leer en el Decreto 304/2017, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, “las trabajadoras y los trabajadores afectados por problemáticas de empleo incluidos en programas nacionales implementados por el Ministerio de Trabajo o por el Ministerio de Desarrollo Social que accedan a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado, podrán percibir, o continuar percibiendo, una ayuda económica mensual”, durante 24 meses. Además, según la norma, esa ayuda “tendrá carácter de subsidio al empleo y podrá ser contabilizada por los empleadores como parte de su remuneración laboral neta mensual”.
“En principio, parece un buen negocio pero para aquellos empresarios que tengan interés en plegarse al programa, porque van a pagar 4 mil pesos menos, o lo que le corresponda a cada plan, por el sueldo de un trabajador”, señala el abogado laboralista Jorge Elías. “El decreto practicamente no dice nada, ni da ningún detalle de cómo va a funcionar. Por ejemplo, si esa plata que está pagando el Estado se va a computar a los fines de aportes previsionales y obras sociales, o a la hora de un despido como parte de la renumeración o como base para el cálculo de un accidente de trabajo. Hay demasiadas incóngnitas, y sobre todo qué va a pasar cuando después de esos 24 meses establecidos, el subsidio se termine. ¿Esa gente va a conservar el trabajo?”.
Otra de las preocupaciones que destaca el facultativo es “si esto no va a implicar que los empresarios se desprendan de trabajadores más caros para contratar aquellos con un subsidio estatal”, y fustiga: “¿Está bien que el Estado subsidie a los patrones? ¿Está bien que los empresarios ganen con plata de todos, con el pretexto de que supuestamente van a crear puestos de trabajo?”.
«Los empleadores gozarán de este beneficio si se trata de una nueva relación laboral, o de la regularización de una preexistente, respecto de la nómina total de trabajadores declarada al día 31 de diciembre de 2016», precisa en otro de sus artículos el texto, que lleva la firma del presidente Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Trabajo Jorge Triaca y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley.
“Según el decreto, esto está destinado a nuevos empleos (algo que siempre ha dado lugar a alguna que otra pequeña picardía, por no decir corruptela, porque uno despide por un lado y contrata por el otro) o para regularizar relaciones laborales anteriores, o sea: gente que está en negro y que difícilmente esté cobrando algún plan”, destaca Elías, y ahonda: “Si un empresario puede tomar gente en negro alegremente, como ocurre con el 33 por ciento de los trabajadores argentinos, ¿no le conviene seguir así aunque esté mal, aunque eventualmente tenga efectos jurídicos y consecuencias para muy adelante, antes que anotarlos, hacerse cargo y no poder despedirlo cuando quiere? En un escenario de tanta precariedad laboral, veo muy incierto el éxito de esta medida”.
Por último, el abogado laboralista rosarino recordó “las llamadas modalidades promovidas de la Ley de Empleo, que públicamente se conocieron como «contrato basura», que implicaban tomar una persona por un tiempo determinado para generar un empleo y ver si después la contrataban”, y “todos sabemos cómo terminó eso”; y concluyó: “El empleo se crea porque hay consumo, inversión, emprendimientos. Si no, no. Nadie toma un trabajador porque le sale barato, salvo que lo que se esté buscando es sacarse de encima uno más caro por uno más barato”.
