La Justicia Federal allanó las oficinas de Odebrecht, Iecsa -hasta hace poco propiedad del primo del presidente Mauricio Macri- y Ghella, en el marco de la causa que investiga las coimas de la constructora brasileña Odebrecht.
La orden fue librada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco del expediente en el que interviene el fiscal Franco Picardi y en el que se investiga el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra pública que la firma brasileña iba a realizar aportando 2.300 millones de dólares y que este año la administración Macri le otorgó para que la lleve adelante por 3.000 millones de dólares, pero siendo el Estado nacional el aportante de esos fondos.
Iecsa en 2007 pasó de las manos de Franco Macri a las de Calcaterra, su sobrino, y en 2008 se quedó con la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento como líder de un consorcio que incluía a Odebrecht, a Ghella y a la española Comsa.
En febrero de este año, el diario brasileño O Estadao, de San Pablo, publicó que en el marco de la investigación por los sobornos de Odebrecht se detectaron cinco correos electrónicos en los que se acordaban pagos por 20 millones de dólares destinados a coimas por el soterramiento del Sarmiento. Apenas un mes después de esa publicación, Calcaterra vendió Iecsa a la firma Pampa Energía.
Los procedimientos fueron para «complementar» otros realizados la semana pasada, según informaron fuentes judiciales que remarcaron que la causa se encuentra ahora bajo secreto de sumario.
También fueron allanadas la firma Detall y la consultora Caesa, del ex funcionario Manuel Vázquez, quien fue sindicado como el testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en distintos expedientes judiciales.
Los allanamientos realizados forman parte de una lista de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Picardi vinculadas con empresas como Iecsa -la firma que hasta hace poco perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri- y con ex funcionarios públicos.
El fiscal pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de «Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país».
El ejecutivo de Odebrecht Da Silva intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina de la que también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción.
Picardi pidió también que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en las que participaron esas empresas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Uno de los puntos oscuros en esta causa es el excedente de 700 millones de dólares que Macri le sumó al presupuesto original de la obra, y el desconcertante cambio que se produjo al asumir el Estado nacional la inversión que Odebrecht y oros socios se habían comprometido a aportar.
«La gigantesca red de lavado de activos de origen delictivo y corrupción» del Lava Jato en Brasil «trascendió las fronteras locales y proyectó sus efectos a través del pago de sobornos en otros países con miras a la obtención de importantes obras públicas, como es el caso argentino», dio por probado Picardi.
