El intendente Ramón Mestre está reemplazando a los choferes en huelga con otros conductores. Atribuyó el paro -que lleva ocho días- al kirchnerismo y la izquierda. Los ómnibus están en una base militar con custodia policial.
La medida de fuerza
Lo choferes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) de Córdoba capital, en huelga desde el 4 de junio pasado, rechazaron el anuncio de Mestre, porque entienden que ese modo de brindar servicio implica romper con la huelga, debido a que los colectivos permanecen en una guarnición militar bajo custodia policial.
En realidad, el conflicto comenzó a gestarse el 2 de junio con diversas asambleas y desde la madrugada del lunes 5 se comenzó a aplicar el paro total de actividades, que ininterrumpidamente se mantiene hasta este lunes, en rechazo al 21 por ciento en tres tramos (entre junio y diciembre) que fue el acuerdo salarial para el sector alcanzado por conducción nacional de la UTA.
Los choferes aseguran que aceptan el 21 por ciento ofrecido, pero piden que sea en un pago, a diferencia de las tres cuotas que acordó la UTA, y exigen un incremento final del 32,5 por ciento, además de la normalización de la UTA local que se encuentra intervenida desde el año pasado.
Los colectiveros indicaron que su reclamo no es solamente salarial, sino que también exigen «condiciones laborales adecuadas”, como por ejemplo un mejor estado de colectivos que conducen todos los días.
El delegado de los colectiveros, Marcelo Marín, aseguró este lunes en Radio Nacional de Córdoba que «los choferes que conducen hoy son hostigados» por el Gobierno local y acusó a Mestre de «seguir echando leña al fuego» en el conflicto.
La CGT Nacional y Popular, la CGT regional Córdoba, la CTA y otras organizaciones sindicales y sociales se movilizarán a la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a partir de las 14 en apoyo a la huelga.
Marín consideró «demente» el plan de emergencia implementado por el municipio y ratificó las medidas de fuerza hasta tanto haya una propuesta que se acerque a sus reclamos.
“Están tirando nafta al fuego. Van a salir a las calles 38 gremios que nos respaldan”, dijo Marín este lunes, y advirtió que la ciudad va a ser un “caos”, al redoblar la apuesta y dejando en claro que no van a ceder en sus reclamos.
Los trabajadores no reconocen los acuerdos que firmaron el titular de la UTA nacional, Roberto Fernández, de estrecha sintonía con el macrismo, y el interventor de la UTA de Córdoba, Luis Arcando, con los gobiernos nacional y provincial.
En septiembre del año pasado, Fernández destituyó a Ricardo Salerno, quien era el titular de la UTA cordobesa luego de triunfar en las elecciones ante Alfredo Peñaloza, el anterior secretario general. Salerno denunció entonces un “golpe institucional”.
Fernández pide “mayor fortaleza” a Schiaretti
Precisamente, el titular de la UTA nacional llamó a «la reflexión» a los choferes que realizan la octava jornada consecutiva de paro en la ciudad de Córdoba, acusó a quienes impulsan las medidas de «jugar a la política» y reclamó al Estado provincial a «intervenir en el conflicto con mayor fortaleza», lo cual en el actual contexto no representa otra cosa que represión.
Fernández sostuvo en declaraciones a Télam que «no se puede generar tanto descalabro y dejar a los usuarios sin servicio desde hace ocho días, por una medida inconsulta decidida por delegados inorgánicos, ya que la paritaria la cierra UTA a nivel nacional».
El gremialista exhortó a los trabajadores a restaurar el servicio urbano de pasajeros, que este lunes comenzaron a circular parcialmente con algunas unidades custodiadas por la Gendarmería Nacional y la Policía Provincial, y acusó a quienes promueven el paro de «incoherentes», de «jugar a la política» y pretender que la UTA «se convierta en un gremio provincial».
Fernández denunció la «intromisión de dirigentes de otras organizaciones gremiales» en un tema interno de la UTA y que advirtió con su actitud «avalan situaciones que están fuera de la ley».
A Mestre se le saltó la cadena
Sobre el reclamo de los trabajadores, Mestre se preguntó: “¿Los verdaderos motivos?, una paritaria legal, nacional y desconocida acá en Córdoba; un proceso de regularización institucional de UTA deslegitimado”.
“Una oportunidad político partidaria de la izquierda, del kirchnerismo (incluso, de la propia ex presidenta) al “nacionalizar” un conflicto sectorial como un reclamo nacional al gobierno del presidente Mauricio Macri. Sí, el kirchnerismo, el mismo que literalmente discriminó a Córdoba; incluso, que tuvo acá su peor derrota, fogoneando la violencia. Este es un conflicto que afecta a todos”, añadió.
Mestre, al anunciar el plan de contingencia, manifestó que sólo es “un respiro para los ciudadanos de Córdoba hasta recuperar la normalidad”, y calificó de “violentos” a los choferes al sostener que “no sólo están yendo contra las instituciones de gobierno; sino contra la ley, contra todos. Y ello, en un contexto inédito en el que Córdoba está saliendo de años de discriminación. Avergüenza que no quieran que Córdoba progrese”.
Mestre consideró además que “necesitamos recuperar el Estado de Derecho y el contrato social básico para la convivencia ciudadana”, y adelantó: “He decidido adelantar la convocatoria del Consejo Económico y Social de la ciudad que lo integran todas las fuerzas vivas de Córdoba, para mañana (por este) lunes. El llamado de una consulta popular, para que los vecinos se expresen sobre el transporte como servicio esencial; las asambleas de los servidores públicos en horarios de trabajo y las políticas de transparencia”. Sobre el tema, dijo que “necesitamos el respaldo ciudadano y definitivo para avanzar y recuperar el Estado de Derecho en Córdoba. Para hoy y para siempre”.
Por último, Mestre pidió “por favor” a los legisladores provinciales y nacionales que avancen en las herramientas legales que permitan garantizar los servicios públicos como esenciales. “Voy a mantener reuniones con todos ellos en los próximos días”, aclaró.
En tanto, el gobernador Juan Schiaretti respaldó a Mestre y, a través de un comunicado, apoyó la consulta popular que promueve la intendencia de la capital «para que sean los cordobeses de la Capital quienes definan si están de acuerdo con pagar un boleto más caro que en el resto del país para que la UTA Córdoba gane más plata respecto a trabajadores del transporte de pasajeros de otras provincias».
Arzobispo oficialista
El arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, en su homilía de este domingo se refirió al conflicto al que calificó como «una violencia que en el ámbito social tiene el origen en imprudencias verbales de algunos dirigentes que no miden suficientemente las consecuencias imprevisibles que sus dichos pueden desencadenar».
Esa imprudencia, dijo, «comporta una serie responsabilidad sobre quienes se expresan de esa manera. Sobre todo teniendo en cuenta que son referentes de distintos sectores y que tienen un protagonismo en la sociedad. Una violencia que afecta la institucionalidad» porque «no se respetan las normas que rigen las instituciones y la sociedad».
“Plan de Emergencia”
El plan de contingencia anunciado por el intendente de Córdoba plantea brindar el servicio gratuito, custodiados por la Gendarmería nacional, y con conductores que, afirma, “están en contra de la huelga”.
El llamado “Plan de Emergencia del Servicio de Transporte” propone que entren en funcionamiento de 120 a 150 colectivos de un total de poco más de 800.
El secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Julio Waisman, precisó en conferencia de prensa que el servicio de emergencia será gratis, funcionará entre las 7 y las 21 y cubrirá los principales trayectos de los 9 corredores troncales (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y trolebús B).
En todos los casos las unidades “serán conducidas por choferes que no están de acuerdo con el conflicto, se evaluará la posibilidad de contratar otros conductores, y en todos los casos la circulación estará garantizada por custodia del personal de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de la Provincia”, precisó el funcionario.
Fuentes: Télam / /El País Digital / La izquierda a diario
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