El espacio Juicio y Castigo celebró la expropiación de la Quinta de Funes, ex centro clandestino de detención que funcionó en la última dictadura cívico militar, pero lamentó “el vergonzoso uso” que hace la cartera de Justicia”.
El ministro de Justicia Ricardo Silberstein anunció oficialmente que este lunes “rubricó un convenio por el cual el gobierno provincial expropió el predio conocido como Quinta de Funes, donde durante la última dictadura cívico militar funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD), y destinará el inmueble para ser utilizado como espacio educativo y de transmisión de memoria”.
El cuestionado titular de la cartera de Justicia, además, agregó: “Estos actos son símbolos para que no vuelva a haber dictadura ni tortura, para continuar luchando contra la desigualdad social, por la democracia. Son actos de toda la sociedad civil, no solo de quienes estamos aquí sino de quienes hemos vivido ese tiempo histórico y de las nuevas generaciones”.
Al cruce de esa utilización de una ley que fue aprobada por la Legislatura, y a través de un comunicado, el colectivo Juicio y Castigo sostuvo: “Si bien no dejamos de reconocer ese importantísimo paso como parte de la larga lucha del pueblo por Memoria, Verdad y Justicia en general, y de las organizaciones de derechos humanos y los sobrevivientes de la dictadura en particular, no podemos quedarnos callados ante el vergonzoso uso que hace el Ministerio de Justicia de la provincia del mismo”.
El espacio Juicio y Castigo está integrado por Madres de Plaza 25 de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, la agrupación HIJOS, Abuelas de Plaza 25 de Mayo, Apdh Rosario, entre otras organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas.
En otro duro párrafo, Juicio y Castigo señala que bajo ese uso ya mencionado “se esconde un ninguneo permanente a las organizaciones de derechos humanos y, peor aún, un vaciamiento y feroz recorte en la Secretaría de Derechos Humanos”. Y agrega: “Lo que acaba de anunciar el ministro Ricardo Silberstein no es más que el estricto cumplimiento de una ley que fue sancionada por la Legislatura”.
Juicio y Castigo culmina su documento con diversas exigencias: el cese “del vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia”; una reglamentación en torno de la Ley de Memoria; la convocatoria a las organizaciones de DDHH a conformar las comisiones directivas de los sitios de memoria; la entrega del convenio de donación de La Calamita, y “la urgente puesta en funciones con designación de personal idóneo para el ex Servicio de Informaciones”.
El texto completo del comunicado es el siguiente:
“Ante la expropiación de la Quinta de Funes
Las organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas que integramos el espacio Juicio y Castigo, celebramos la esperada noticia de la expropiación de la Quinta de Funes, el ex centro clandestino de detención que funcionó en la localidad vecina a Rosario durante la última dictadura cívico militar. Aunque lamentamos no poder hacerlo como corresponde y quisiéramos.
Si bien no dejamos de reconocer ese importantísimo paso como parte de la larga lucha del pueblo por Memoria, Verdad y Justicia en general, y de las organizaciones de derechos humanos y los sobrevivientes de la dictadura en particular, no podemos quedarnos callados ante el vergonzoso uso que hace el Ministerio de Justicia de la provincia del mismo, bajo el cual se esconde un ninguneo permanente a las organizaciones de derechos humanos y, peor aún, un vaciamiento y feroz recorte en la Secretaría de Derechos Humanos.
Lo que acaba de anunciar el ministro Ricardo Silberstein no es más que el estricto cumplimiento de una ley que fue sancionada por la legislatura. Pero debemos decir, con fundados argumentos, que tememos que este nuevo espacio de memoria caiga en el mismo vacío que los otros, sobre los cuales además se está ocultando información a las organizaciones de derechos humanos.
Hacemos este señalamiento porque el Ministerio de Justicia, con el cual hemos tenido una paciencia infinita hasta que nos cansamos de su ninguneo, hace mas de un año y medio que no implementa la Ley de Memoria, que regula cómo se deben trabajar los sitios que son testimonio del terrorismo de Estado y que estipula que las organizaciones de derechos humanos deben integrar las direcciones de dichos espacios.
Pero la Ley de Memoria, sancionada en marzo de 2016, aún no fue reglamentada. Producto de esto, por ejemplo, el ex Servicio de Informaciones de la policía de Santa Fe, el mayor centro clandestino de detención de nuestra provincia –el cual se restauró durante la gestión anterior con una millonaria inversión–, está virtualmente cerrado. Nunca se convocó a la conformación de la Comisión Directiva ni se realizó concurso para su dirección.
Desde febrero de este año, cuando nos reunimos con el ministro Silberstein, venimos pidiendo la información del convenio firmado con los propietarios del terreno de La Calamita, el ex centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en Granadero Baigorria, y por el cual también se había sancionado una ley de expropiación en la legislatura provincial. Seis meses le ha tomado al ministro responder a los sobrevivientes de ese lugar y las organizaciones de derechos humanos los detalles de ese convenio y aún sigue sin contestar.
Pero la exclusión a las organizaciones es más grave si se la enmarcá en el feroz vaciamiento y recorte que se está produciendo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, signado por la reducción y conversión del programa de protección de testigos, la desarticulación de la dirección de memoria, la salida de empleados que no son reemplazados en las diferentes áreas y la ausencia de asistencia a víctimas de la violencia institucional y de género por citar algunos ejemplos.
Por todo esto, como ya hemos solicitado oportunamente al Ministerio Justicia y a la Secretaría de Derechos Humanos, exigimos:
El cese del vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
La reglamentación de la Ley de Memoria.
La convocatoria a las organizaciones de derechos humanos a conformar las comisiones directivas de los sitios de memoria.
La entrega del convenio de donación de La Calamita; y la urgente puesta en funciones con designación de personal idóneo para el ex Servicio de Informaciones”.
