Dos jueces federales anunciaron sendos procesamientos a dos ex funcionarios kirchneristas, Julio de Vido -por los subsidios al gasoil- y Martín Sabbatella, por presunta «administración fraudulenta» en la ex Afsca.
En un curioso enroque, el mismo juez federal que la semana pasada decidió rechazar el pedido de detención y desafuero que solicitó el fiscal Carlos Stornelli para De Vido, este lunes avanzó en una causa contra otros ex funcionario kirchnerista, que está en la mira del Grupo Clarín y los medios hegemónicos que se opusieron salvajemente a la sanción y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Así, en el primero de los casos, el juez federal Claudio Bonadio procesó al diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido por defraudación a la Administración Pública y administración fraudulenta en una causa que investiga millonarios pagos de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014.
Se trata de la causa por la que la semana pasada Bonadío citó a declaración indagatoria a 251 empresarios y directivos de líneas de transporte automotor, entre ellos los responsables del grupo Plaza, la familia Cirigliano.
Ahora el magistrado procesó y embargó a De Vido junto a otros ex funcionarios que debían controlar los subsidios hechos a las empresas por el gasoil, calculados en base a informes sobre kilometraje de las unidades que para la Justicia era adulterado, una operación que rigió desde julio de 2003 a marzo de 2014. Además dictó un embargo por 1.000 millones de pesos sobre los bienes de De Vido.
En el segundo caso, el juez federal Luis Rodríguez -el mismo que resolvió no detener ni quitar fueros a De Vido- procesó a Sabbatella y le trabó además un embargo de diez millones de pesos por supuestas irregularidades en el control del uso de subsidios de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) a organizaciones comunitarias.
El magistrado también procesó a la legisladora porteña Andrea Conde, quien estuvo a cargo de la Dirección de Proyectos Especiales, por «defraudación por administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública».
Al dictar el procesamiento, Rodríguez entendió que «hubo un manifiesto desinterés por proteger los objetivos específicos plasmados en cada convenio».
El juez, en su resolución, afirmó: «Estoy convencido (de) que, con la totalidad de la prueba obrante en autos, en base a la diversidad de acciones ejecutivas en estudio y teniendo fundamentalmente en cuenta que las irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y constatadas por el Tribunal, debían haber sido observadas por las autoridades del Afsca».
La investigación se realizó en de torno la asignación de subsidios a cuatro organizaciones por parte de la ex Afsca: el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), por 650 mil pesos; la Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón, por 2 millones 250 mil pesos; la Cooperativa de Trabajo Activa Limitada, por 700 mil pesos; y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral, por 3 millones 400 mil pesos.
Un abogado negacionista contra Fernanda Vallejos
En otro de los episodios que sospechosamente apuntan a ex funcionarios o dirigentes del kirchnerismo, también imputaron a la primera precandidata a diputada nacional de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Fernanda Vallejos,
Vallejos fue denunciada a raíz de una investigación de un portal de Internet «Borderperiodismo.com» por el abogado José Magioncalda -de la ignota organización Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional- y, ahora, el fiscal la imputó y dio impulso a la investigación en su contra.
La economista fue imputada por el fiscal federal Federico Delgado por supuesta «omisión maliciosa», por no declarar -según el acusador- empleos públicos.
Vallejos no habría informado en su declaración jurada de 2014, al ingresar a la Cámara de Senadores, otros dos trabajos que supuestamente tenía en el Ministerio de Economía y en la Cámara de Diputados de la Nación.
«Daremos impulso formal a la investigación», resolvió Delgado en el dictamen que presentó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien le pidió que se requiera la declaración jurada cuestionada y «cada uno de los documentos que registran los actos administrativos a través de los cuales se habría designado a Fernanda Vallejos para los cargos».
El denunciante Magioncalda, quien preside la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, en su momento promovió cacerolazos contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en 2016 le pidió la cifra de desaparecidos al gobierno de Mauricio Macri.
El año pasado, según publicó El Destape Web, la Secretaría de Derechos Humanos de Macri difundió un comunicado donde afirmaba oficialmente que los desaparecidos no son 30 mil, y lo hizo por pedido de la polémica ONG presidida por Magioncalda.
Festival de procesamientos: el Partido Judicial no descansa » Airevisionsn
11/07/2017 en 20:05
[…] El denunciante Magioncalda, quien preside la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, en su momento promovió cacerolazos contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en 2016 le pidió la cifra de desaparecidos al gobierno de Mauricio Macri. El año pasado, según publicó El Destape Web, la Secretaría de Derechos Humanos de Macri difundió un comunicado donde afirmaba oficialmente que los desaparecidos no son 30 mil, y lo hizo por pedido de la polémica ONG presidida por Magioncalda. redaccionrosario.com […]