El satélite Arsat 3, que diseñó el gobierno anterior, dejaría de estar bajo la órbita del Estado argentino. El informe de un medio porteño indica que el 51 por ciento del paquete accionario se transferirá a una compañía de EEUU.
El sitio digital El Destape, y el programa Economía Política, ambos dirigidos por el periodista Roberto Navarro, informaron que el gobierno de Mauricio Macri ya suscribió una carta de intención con la compañía aeroespacial norteamericana Hughes, merced al cual el Estado nacional transfiere el 51 por ciento de la empresa estatal Arsat, reteniendo tan sólo el 49 por ciento restante, aunque si el conglomerado yanqui aporta más dinero, la ecuación podría ser aún más perjudicial para la Argentina.
Es más, la administración de Cambiemos transfiere, en el mismo acto, las órbitas adjudicadas a la Argentina por la autoridad internacional aeroespacial.
El informe, que corresponde a una investigación llevada adelante por el periodista Darío Gannio, señala textualmente que Macri “aprobó la venta de Arsat de manera ilegal a una empresa de Estados Unidos. Los próximos satélites producidos en Argentina serán manejados por una firma internacional que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país”.
La mencionada carta de intención fue rubricada el pasado 29 de junio, y El Destape reveló que “el Gobierno autorizó a la compañía Hughes a que se quede con «al menos» el 51 por ciento del Arsat 3 y también la autorizó a cambiarle el nombre”.
El medio subraya que “la venta es ilegal”, ya que infringe la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en 2015.
“En su artículo 8 dicta que no se pueden ceder los derechos de este nuevo satélite y que, de hacerse cambios en el esquema que propuso el kirchnerismo, deben ser aprobados por el Congreso, según el artículo 10”, sostiene El Destape.
La carta de intención prevé que sin licitación ni consulta al Parlamento se le cede la producción y explotación del nuevo Arsat a Hughes, “que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía al país y se podrá llevar al exterior los dividendos que se generen, que hasta ahora eran para financiar futuros satélites”, destaca el medio digital.
Gannio precisó que “la fusión fue aprobada hace días en secreto por el director de Arsat y yerno del ministro Oscar Aguad, Rodrigo De Loredo, y los representantes de Hughes, quienes acordaron que a partir de ahora se cree una nueva empresa”.
Mientras que para la producción de los anteriores ARSAT “se usó al menos un 30 por ciento de elaboración argentina, para el nuevo satélite se comprará tecnología a Estados Unidos, donde también se arbitrará en caso de litigio, como en el caso de los fondos buitre. La firma beneficiada por la compra de herramental, según dicta la carta de intención firmada hace dos semanas, es la norteamericana Thales Alenia Space”, puntualiza el informe.
Cabe recordar que Macri, en 2006, siendo diputado, votó en contra del lanzamiento del ARSAT 1. El Destape también destaca que Elisa Carrió y el propio Aguad hicieron lo propio. Y agrega que “el flamante ministro de Defensa quedó en la mira desde la aprobación de la compra de Telecom por parte de Clarín, que también tiene relación con Hughes, una compañía con años en la industria satelital, cuyo manager general para la región es Hugo Frega”.
En rigor, con el programa Arsat, Argentina es el único país americano en lograrlo, sin contar a los EEUU, se encuentra en el reducido lote que integran otros diez países que puedan desarrollar y construir satélites geoestacionarios de telecomunicaciones.
Las voces de la oposición
Como es de esperar, una vez divulgado el informe salieron al cruce varios dirigentes y legisladores de la oposición, en particular del peronismo.
Así, Jorge Taiana, precandidato a senador nacional por Unidad Ciudadana, opinó que la decisión del Gobierno “afecta el interés nacional porque las telecomunicaciones tienen que ver con la soberanía».
En comunicación con Radio 10, el ex canciller sostuvo que «estos satélites implican negocios, una tecnología que está en manos de muy pocos países», y agregò que el acuerdo «es escandaloso».
Taiana, por ùltimo, consideró que es positivo que el acuerdo «haya salido a la luz porque es posible impedirlo en el Congreso».
También el ex gobernador Daniel Scioli se manifestó en contra de la decisión del gobierno de Cambiemos, y estimò que la presunta venta de Arsat 3 está relacionada con que Macri decidió “bajar el déficit contra la soberanía o los derechos laborales”.
El precandidato a diputado nacional en la lista de Cristina Fernández de Kirchner sentenció: «Arsat daba trabajo calificado a miles de personas y mejoraba las telecomunicaciones. Es una noticia que preocupa mucho».
Scioli, en declaraciones al programa El Destape, que se emite por Radio 10, finalizó: «Esta agenda de ajuste se proyecta al futuro con Arsat y la flexibilización laboral».
Por su parte, la diputada nacional Silvina Frana manifestó que “la privatización pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, y pidió al directorio de Arsat conocer todas las posibles violaciones realizadas la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, como también los procedimientos efectuados en relación a esta operación ilegal.
La legisladora nacional presentó un proyecto de Resolución para que el Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat) informe sobre la existencia de negociaciones con alguna compañía del exterior, teniendo en cuenta que el artículo 8 de la Ley 27.208, establece que el capital social de la AR-SAT estará representado en un cincuenta y uno por ciento (51%) por acciones Clase ‘A’, “encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
La diputada justicialista apuntó: “Las sospechas que teníamos sobre la cesión ilegal de la producción y explotación del nuevo Arsat a la compañía americana Hughes se habrían hecho realidad, tras rubricarse la fusión entre el director de ARSAT Rodrigo De Loredo y los representantes de dicha empresa, quienes habrían acordado también que la compañía se quedaría con el espacio orbital que le correspondía al país y los dividendos que se generen”.
Frana indicó que “de ser así, esta negociación no sólo sería ilegal, por darse a espaldas del Congreso, sino que constituiría un claro retroceso en el desarrollo científico satelital y un evidente perjuicio para nuestra soberanía nacional”.
