Una organización no gubernamental denunció al presidente Mauricio Macri y otros cuatro funcionarios «por abuso de autoridad y administración fraudulenta» a raíz del acuerdo que firmó la estatal satelital Arsat con la firma estadounidense Hughes.
Los directivos del Instituto Arturo Enrique Sampay, Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat y Arístides Corti apuntaron contra Macri así como el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y el presidente y vice de Arsat, Rodrigo de Loredo y Henoch Aguiar.
La denuncia recayó en el juez federal Daniel Rafecas con intervención del fiscal Guillermo Marijuan, quienes ya habían recibido una presentación similar realizada por un grupo de diputados opositores.
En la presentación, los denunciantes advirtieron que «la hipotética existencia de un pre-contrato que tenga este objeto» debe contar con el «previo acuerdo del Congreso de la Nación Argentina». Los denunciantes solicitaron a la Justicia que «controle la legalidad del procedimiento para que se advierta, investigue y castigue esta conducta delictiva».
La presentación sostiene que la Carta de Intención suscripta entre Arsat y Hughes, operada sin la autorización del Congreso configura una hipótesis de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), como así también un quiebre de la soberanía legislativa y jurisdiccional argentinas, (articulos 75 y 116 de la Constitución), y la consecuente lesión al deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional (art. 36 de la carta magna).
El martes pasado, el presidente Mauricio Macri defendió la «carta de intención» firmada entre la empresa estatal ARSAT y la firma estadounidense Hughes y explicó que se trata de «un acuerdo estrictamente sobre un satélite y que tiene un carácter más comercial, que tecnológico».
En medio de las acusaciones de la oposición sobre la supuesta privatización de la firma propiedad del Estado Nacional, el mandatario justificó que el gobierno está buscando es un socio estratégico que potencie las capacidades» del Instituto de Investigaciones Aplicadas (INVAP), con sede en Bariloche, para la construcción del satélite ARSAT 3.
La denuncia se realizó luego de la difusión de una investigación periodística, en el programa Economía Política de C5N, en el que se dio a conocer la existencia de un procedimiento iniciado por el Poder Ejecutivo Nacional para a asociarse con una empresa de Estados Unidos, llamada Hughes Network Systems, una de las más grandes de servicios satelitales del mercado norteamericano, a fin de crear una nueva sociedad en nuestro país para terminar la construcción y desarrollar la explotación comercial del satélite Arsat-3.
Los denunciantes pidieron a la justicia la investigación de supuestas graves irregularidades de procedimiento y requirieron varias medias de prueba.
