Representantes de pueblos originarios y organizaciones de derechos humanos reclaman la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial que protege a las comunidades indígenas. Este jueves el Senado debe tratarla.
Se trata de la ley 26.160, de Emergencia Territorial, que refiere a la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas. La ley, sancionada originalmente por el ex presidente Néstor Kirchner, y varias veces prorrogada por Cristina Fernández, suspende los desalojos y obliga al Estado a realizar un relevamiento de las tierras habitadas por pueblos originarios.
“El 7 de septiembre el Senado debe tratar la prórroga de la ley 26.160, de Emergencia Territorial sobre la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas. La ley suspendió los desalojos por 4 años y obligó al Estado a realizar un relevamiento técnico-jurídico-catastral de todas las tierras ocupadas por las comunidades”, señala un documento difundido por diferentes entidades originarias y de derechos humanos.
Según el texto, “la aprobación de la norma implicó un reconocimiento del Estado a las comunidades originarias y a su derecho de vivir en sus tierras ancestrales, que habitan y trabajan”. “A su vez, el relevamiento de tierras es una herramienta indispensable para otorgar a las comunidades un reconocimiento jurídico que les garantice la seguridad en la tenencia de sus tierras. Sin embargo, once años después de aprobada la norma, apenas alcanzó al 30 por ciento de las comunidades registradas”, añade el documento.
El comunicado, indica que “luego de varias prórrogas, el próximo 23 de noviembre vencerá una vez más la vigencia de la ley” y advierte que “de no prorrogarse, el 70 por ciento de las comunidades quedarán sin ser relevadas y vulnerables frente a los intentos de desalojo”.
“Frente a este escenario, resulta urgente que el Congreso prorrogue la vigencia de la Ley 26.160 y ponga en marcha mecanismos eficientes y democráticos para concluir el relevamiento de tierras indígenas”, reclama el documento, que lleva la firma de Organizaciones y Referentes Indígenas
Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Cátedra libre de soberanía alimentaria- Escuela de Nutrición de la UBA, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Políticas Públicas para el Socialismo /Grupo
de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (CEPPAS/GAJAT), Comunidad indígena El Mollar (Pueblo los Tafíes), Confederación Mapuche, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Asociana, Instituto de Cultura Popular (INCUPO), Parlamento Mapuche, Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), Servicio de Justicia y Paz (SERPAJ) y Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán (UPNDT).
