La concejala Daniela León se reunió con el delegado de la Superintendencia de Salud, Roberto Ryan, para profundizar el reclamos de padres de niños con discapacidad que padecen incumplimientos de algunas obras sociales.
León, que preside el Concejo Municipal, comentó: “Hace algunos días acompañamos a un grupo de madres que realizaron una marcha desde la Dirección Provincial de Inclusión hasta la Superintendencia de Salud, en protesta por el incumplimiento en los pagos de prestaciones que perjudican en forma directa a las personas con discapacidad. Luego de realizar algunas gestiones, hoy (por este jueves) nos reunimos con el delegado de la Superintendencia para acordar algunos puntos sobre el abordaje de reclamos referidos a discapacidad y poder dar respuesta a estas madres que luchan incansablemente por los derechos de sus hijos”.
En realidad, lo que el grupo de madres mencionado viene reclamando tiene que ver con tratamientos de fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogos o kinesiólogos que sus hijos necesitan para lograr una mejor calidad de vida. Todas estas prácticas están reconocidas por la ley nº 24.901, que fija el sistema de prestaciones básicas al que tienen derecho las personas con discapacidad, pero las obras sociales en algunos casos tienen más de un año de atraso en pagos a profesionales, dejando a las niñas y niños sin los tratamientos que necesitan, en virtud de que algunos profesionales dejan de ser prestadores.
En ese sentido, León concluyó: “Es competencia de la Superintendencia controlar y auditar a las obras sociales que no cumplen, garantizando la cobertura médica integral que es el derecho de estas niñas y niños. Por eso acordamos con Roberto Ryan avanzar en los reclamos que estas madres formularon, pero también que desde la Superintendencia se pueda dar una atención prioritaria a las personas con discapacidad y sus familiares”.
Cabe consignar que la Argentina adhirió a la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008, estableciendo como deber del Estado promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
