Representantes de distintos pueblos originarios del país, acompañados por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, protestan en las puertas del Congreso Nacional para reclamar que los senadores aprueben la media sanción de la ley 26.160 que extiende la prórroga de los desalojos en las tierras habitadas por las comunidades aborígenes.
La ley 26.160 –que vence el 23 de noviembre– declara la emergencia territorial de las comunidades y suspende durante su vigencia todo acto administrativo y judicial que ponga en riesgo su posesión territorial. Desde su implementación se han relevado 8.000.000 de hectáreas con presencia de 826 comunidades. En total, se estima que en Argentina existen 37 pueblos originarios, 1600 comunidades y un total de 1.500.000 personas en población auto reconocida.
“La Ley de Emergencia Territorial es la antesala de la implementación de una ley que regule el acceso a la tierra para los pueblos originarios. Si no se prorroga esta ley ya nada frenará el desalojo de sus tierras a los pueblos originarios”, advirtieron en un comunicado (ver abajo) los Trabajadores del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Por su parte, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) indicaron que la prórroga “es inexorable porque no se han completado los relevamientos territoriales como indica la ley y es responsabilidad principal del propio Estado cumplir con ella y con la Constitución Nacional”. Y agregaron: “La negativa a prorrogarla pone en serio riesgo a cientos de familias, alienta a la violencia en los territorios por parte de las bandas armadas y a la represión de las fuerzas de seguridad. Mientras que beneficia a los grandes terratenientes nacionales y extranjeros que especulan con nuestros recursos naturales.
Comunicado del INAI
En un marco de desfinanciamiento del organismo y desarticulación de sus acciones en el territorio junto a las comunidades indígenas de todo el país, denunciamos la intención encubierta del Estado que busca retirarse del territorio como garante de los derechos de los pueblos para generar un contexto propicio que favorezca el avance de los terratenientes y los grupos concentrados de poder provincial, como ha demostrado la feroz represión que culminó con la desaparición de Santiago Maldonado.
La Ley de Emergencia Territorial es la antesala de la implementación de una ley que regule el acceso a la tierra para los pueblos originarios. Si no se prorroga esta ley ya nada frenará el desalojo de sus tierras a los pueblos originarios. Todxs debemos marchar el miércoles 27 al Congreso Nacional acompañando a las comunidades para exigir que se prorrogue la ley de Relevamiento Territorial.
El INAI es un organismo descentralizado creado por la Ley 23302 en 1985, tiene por finalidad desarrollar y coordinar las políticas públicas que garanticen el desarrollo comunitario, el derecho a la salud y la educación, el acceso a la tierra y la preservación de las identidades culturales indígenas.
Al comenzar la gestión del gobierno actual el Instituto fue trasladado de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Durante el año y medio de gestión dentro de la Secretaria de Derechos Humanos que conduce Claudio Avruj, han cambiado en dos oportunidades a la autoridad máxima del Instituto y se ha manifestado una falta de líneas claras de trabajo.
El Instituto cuenta con trabajadores y trabajadoras en casi todas las provincias del país. Con la nueva gestión y el traspaso desde el Ministerio de Desarrollo a Justicia, estos trabajadorxs dejaron de tener oficina en donde cumplir sus funciones, además de elementos básicos como teléfonos o computadora y los viáticos que les permiten visitar las comunidades a diario. Estas son solo algunas de las consecuencias de la subejecución de presupuesto en la que se encuentra sumido el Instituto. Cada una de estas instancias de modificación de la estructura de funcionamiento implicó unaparálisis en la puesta en funcionamiento de las políticas públicas que por ley el Instituto debe llevar adelante, entre ellas la ejecución del Programa de Relevamiento Territorial (Ley 26.160) cuya prórroga está actualmente en discusión en el Congreso.
Cuando se desarticulan las políticas públicas y el Estado se retira del territorio como garante de los derechos de los pueblos se genera un contexto propicio para el avance de los terratenientes y los grupos concentrados de poder provincial. La desaparición forzada de Santiago Maldonado en el pu lof de Cushamen hace dos meses en el contexto de represión que llevó adelante la Gendarmería, muestra un desplazamiento sobre una práctica habitual en los territorios: no son solo las patotas de los terratenientes las encargadas de intimidar, hostigar y hasta asesinar a integrantes las comunidades indígenas, sino que es el propio Estado, despojado de políticas y haciendo uso del monopolio de la fuerza el encargado de llevar adelante la voluntad de los dueños de la tierra.
Es por esto que seguimos pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido por el Estado en el marco de una brutal represión a una comunidad mapuche en la provincia de Chubut.
