Roberto Sukerman y Norma López cuestionaron duramente que la Municipalidad destine 28 millones de pesos en 2017 para pagar vigiladores en espacios públicos: «Es una competencia asignada a la Guardia Urbana Municipal (GUM)”.
Los candidatos del Frente Justicialista aseguraron que además de ser competencia de la GUM, el socialismo contrató empresas vinculadas a policías procesados y hasta de su mismo partido político: «Es una competencia asignada a la GUM. Esta tercerización del control de espacios públicos habla a las claras del fracaso a la hora de asignar tareas a la GUM y del mal uso de fondos que deberían ser para obra pública u otros fines», aseguraron.
Asimismo, Sukerman subrayó: «Para la Municipalidad, contratar agencias de seguridad privada para custodiar y vigilar centros de distritos, de salud y deportivos es moneda corriente, inclusive a la hora de beneficiar a ex policías procesados y gente de su propio partido, como ya lo denunciamos en reiteradas oportunidades».
En ese sentido, López remarcó: «En 2013 denunciamos que el apoderado de una de las empresas de seguridad vinculadas a un comisario investigado por enriquecimiento ilícito –y contratadas por el municipio de Rosario por 4 millones de pesos–, era a la vez asesor del senador Miguel Lifschitz y lo fue antes de la intendenta Mónica Fein, cuando era diputada; nos referimos a Fabián Medizza, quien en la actualidad es subsecretario de Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe».
«En ese momento indicamos que el abogado Medizza atendía de los dos lados del mostrador. Era apoderado de la empresa de seguridad rosarina Mercosur Seguridad, cuya propietaria es Laura Magaró, esposa del comisario retirado Rodolfo Romero, quien a la vez figuraba en los registros como «director técnico» de la firma. Desde 2007 Romero está investigado por presunto enriquecimiento ilícito por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad santafesino, a raíz del patrimonio acumulado en los últimos años, y desde fines de 2012 está imputado por ese delito en el juzgado de instrucción Nº4 de Rosario, a cargo de Juan Carlos Vienna», indicaron los candidatos del Frente Justicialista.
Relevamiento
Las empresas de seguridad privada del matrimonio Romero-Magaró fueron contratadas desde 2009 hasta 2013 por el municipio de Rosario para custodiar distintos edificios y espacios públicos por un monto que alcanzó, al menos, los 4 millones de pesos. Esa situación fue denunciada en 2013 por López y Sukerman, quienes aseguraron que el gobierno de Santa Fe “cajoneó” durante el gobierno de Hermes Binner y el primer año de la gestión de Antonio Bonfatti la investigación contra Romero, que recién llegó a la justicia en diciembre del 2012. «Se profundiza el vínculo entre Romero y las gestiones socialistas de Rosario: el abogado Medizza, apoderado de una de las empresas de seguridad, fue asesor legislativo de Lifschitz y lo fue de Fein, quienes desde la Intendencia local otorgaban vía licitaciones o contrataciones directas jugosos contratos a esas empresas», aseguraron.
El comisario
Según ambos referentes, “el comisario retirado Rodolfo Romero está imputado por enriquecimiento ilícito en la causa 01384/2012 que tramita en el juzgado de instrucción de Vienna. La causa se inició luego de una interminable investigación de Asuntos Internos de la Policía, que puso la lupa sobre el patrimonio de varios uniformados. En ese caso, se determinó que Romero, vinculado a las empresas de seguridad Mercosur SRL y Mercosur Seguridad, ambas contratadas por el municipio de Rosario, posee una casa en Donado 530 bis de Rosario, en un terreno de 285 metros cuadrados”.
López y Sukerman agregaron: “También figura entre sus bienes un inmueble en Capilla del Monte inscripto a nombre de su cónyuge, Laura Magaró, con una superficie de 625 metros cuadrados. Juan Cruz y Facundo Martín, hijos del ex comisario, tienen registrado un inmueble ubicado en calle Benítez Nº 140 de la localidad de La Cumbre, donde está emplazado el Hotel Los Lirios, que en 2007 fue valuado en 270 mil dólares”.
El asesor
Por otra parte, recordaron que “en 2007, el mismo año que Medizza recibía de Mercosur Seguridad un poder general de representación (registro Nº 3330 Fº2490), trabajaba con Mónica Fein como asesor de asuntos constitucionales en la Cámara de Diputados de la Nación. Su cargo duró hasta 2011, cuando la actual intendenta concluyó su mandato como diputada y automáticamente comenzó a trabajar como asesor de Lifschitz en la Cámara de Senadores de la provincia. Además el abogado Medizza fue autoridad electoral en el partido de la rosa roja y en la actualidad es Subsecretario de la Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe”.
