La Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó este viernes la prisión domiciliaria para la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala y ordenó su traslado a un penal. La defensa anunció que presentará un recurso de apelación y advirtió que el retorno a la cárcel de Alto Comedero «no debe hacerse efectivo», puesto que la medida tiene efectos suspensivos.
La Cámara jujeña notificó a la defensa de la líder de la Tupac Amaru la resolución según la cual «revoca in totum la prisión domiciliaria» dictada por los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullen Llermanos y dispone el reingreso a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero. La decisión de la Cámara ya fue notificada al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La defensa informó que «no se debería hacer efectivo el traslado en virtud que los abogados recurrirán la medida que, según el Artículo 443 del Código Procesal Penal prevé que la interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión impugnada».
«Hacemos responsable al Estado Nacional por el incumplimiento de la medida cautelar dictada el 27 de julio por la CIDH», señaló la Tupac Amaru en un comunicado.
Sala había comenzado a cumplir prisión preventiva domiciliaria el pasado 31 de agosto, cuando fue trasladada a su vivienda del barrio El Carmen, en las afueras de la capital de Jujuy, en cumplimiento con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La medida había sido dispuesta por el juez de instrucción Pablo Pullén Llermanos, luego de que el inmueble ubicado en loteo Villa Parque La Ciénaga fuera acondicionado con importantes medidas de seguridad, cuestionadas por
«innecesarias» por la defensa de la dirigente.
El inmueble, ubicado a 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy, había sido saqueado luego de su detención en enero de 2016, por lo que cooperativistas desempleados de la Tupac Amaru aceleraron los trabajos para poner a punto la vivienda.
La decisión había sido adoptada en cumplimiento de la resolución de la CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la defensa de los derechos humanos, que aconsejó medidas alternativas a su detención en el penal de mujeres de Alto Comedero, donde se encontraba alojada desde enero de
2016.
En la propiedad de El Carmen, Sala estaba siendo monitoreada no sólo a través de el sistema de videovigilancia sino que además portaba dos tobilleras electrónicas y efectivos de Gendarmería custodiaban los accesos y el perímetro del predio.
La detención de Milagro Sala ubicó al gobierno de Mauricio Macri, recién asumido, en la agenda internacional de los organismos internacionales de derechos humanos por tratarse de «la primera presa política del macrismo».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas han llamado la atención en numerosas oportunidades a la Casa Rosada por la situación de Sala.
