La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, acosada y violentada por el accionar del Poder Ejecutivo Nacional que encabeza el presidente Mauricio Macri. Se retira el 31 de diciembre próximo.
Luego de soportar presiones desde antes de que asuma el régimen macrista, Gils Carbó rubricó su dimisión este lunes, con efectos al 31 de diciembre. Las consecuencias de la salida de la funcionaria son impredecibles, y hablan de lo que está dispuesto a correr los límites constitucionales y jurídicos el actual régimen.
En una carta dirigida a Macri, su principal perseguidor y responsable de la más desfachatada operación anticonstitucional, la Procuradora señaló: ““A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”.
En otro párrafo, Gils Carbó sentenció: ““He trabajado incansablemente para consolidar el mandato de los constituyentes al jerarquizar esta institución como una autoridad de la Nación independiente y autónoma, condiciones fundamentales de las que derivan su fortaleza y eficiencia”.
En su renuncia, aclaró que uno de los motivos se funda en “disuadir reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompa el equilibrio que debe regir el sistema de administración de Justicia”.
El último apriete
El ejecutor principal de la orden de Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano, se había lanzado ferozmente contra la cabeza del Ministerio Público Fiscal: “El juicio político es un mecanismo desequilibrado porque le da demasiada preponderancia al Congreso”.
Tal como salió publicado en el diario Página 12, Garavano se anticipó a los anuncios que este lunes realizará su jefe, un paquete de reformas que incluirá a la Justicia. En el marco de la vergonzosa persecución a Gils Carbó, expresó que “la idea es reformar los mecanismos de remoción”, y reducir “algunas mayorías” que hoy son necesarias y obligatorias. Y así justificó la reforma que pretende introducirse en la Ley de Ministerio Público, eliminando el actual requisito de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para poder echar a quien ocupa la Procuración General.
Éstas modificaciones son las que la renunciante funcionaria intenta detener.
