La concejala Norma López, junto a otros pares, se reunió con referentes, trabajadores y usuarios de salud mental. Concluyeron que el Estado subsidia a instituciones privadas pero se desconocen los controles.
En el marco del debate sobre el control de las instituciones que trabajan en el ámbito de toda la provincia de Santa Fe, la presidenta del bloque FPV, junto con sus pares Marina Magnani, Fernanda Gigliani, Eduardo Toniolli y Osvaldo Miatello, propusieron que el Ministerio de Salud de la provincia avance en la reglamentación del artículo 17 de la Ley provincial de Salud Mental 10.772.
López informó: “Según los datos que tenemos, existen en nuestra ciudad 14 clínicas psiquiátricas privadas y 4 comunidades terapéuticas, además del Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila más los geriátricos con abordajes en salud mental. De ser así, estamos hablando de 800 a 1000 internaciones, de millones de pesos que aporta el Estado subsidiando a privados y sobre las cuales desconocemos los controles y auditorías que el Ministerio de Salud realiza a estas comunidades y clínicas. Con el avance de la gestión nacional de vaciar la Ley de Salud Mental retrocedemos y volvemos a las prácticas manicomiales antiquísimas que sólo perjudican a las personas”.
La concejala agregó que “es indispensable que existan controles en estas instituciones. La actual gestión nacional derogó la resolución 1.484 que fijaba las normas mínimas para la habilitación para este tipo de establecimientos. Por eso pedimos la reglamentación, porque queda en manos del estado provincial. No podemos permitir que se siga vaciando la ley nacional, estamos hablando de salud e integridad de las personas desde la perspectiva de los derechos humanos”, mencionó la concejala.
El proyecto presentado reza: “Encomendamos al Ejecutivo (municipal) a gestionar ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, que reglamente el art. 17 de la Ley Provincial de Salud Mental 10772 que establece las condiciones de funcionamiento de los establecimientos públicos y privados de salud mental a los fines de efectuar el control de la infraestructura, los recursos humanos y el proyecto general asistencial y de programas de tratamiento, debidamente explicitados, comprendidos en las normas antedichas y autorizados anualmente por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Provincia”.
Ante esto, la concejala opinó: “Es la provincia la que debe ejercer el control de los establecimientos dedicados al tratamiento de la salud mental y las adicciones. Ya a mediados de este año se aprobó un decreto solicitando se informe sobre la muerte del adolescente de 19 años Lucas Figueroa en el Sanatorio Neuropático ubicado en San Martín al 5800 de nuestra ciudad y nunca fue contestado”.
En igual sentido, luego se aprobó un decreto pidiendo el inmediato traslado de jóvenes y adolescentes alojados en la Comunidad Terapéutica “Fundación San Camilo” de la provincia de Buenos Aires hacia Rosario. “La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires estaba reclamando su clausura ante una inspección que constató la existencia de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra 60 jóvenes y adultos con padecimiento mental, y se tomó conocimiento también de un caso de abuso sexual”, expresó Norma López.
Además de López y Toniolli, participaron el Colegio Profesional de Trabajado Social, Programa Andres Rosario, Colegio de Psicólogos, Movimiento Usuarios y Trabajadores de la Ley Nacional de Salud Mental, APDH Rosario, Facultad de Psicología de la UNR, Asamblea de Usuarixs, Consejo Consultivo Nacional de la Ley de Salud Mental.
