El titular del ente que regula la electricidad fue testigo en juicios contra el Estado nacional. El del gas proviene de una consultora privada cuyo fundador es director de YPF y también testificó ante el Ciadi contra la Argentina.
El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), sostiene que los nuevos presidentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), Andrés Chambouleyron, y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Mauricio Roitman, deben renunciar. Pero lo más importante, el centro de estudios argumenta por qué.
Para darle marco al reclamo de Oetec, es preciso recordar que hace menos de un mes, el 23 de noviembre, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación elevó a la Cámara de Diputados la designación de los nuevos presidentes del Enre y del Enargas.
Lo cierto es que esa solicitud debería haber sido evaluada y autorizada por una comisión bicameral en un plazo de 30 días corridos, pero las sesiones ordinarias ya finalizaron, el presidente Mauricio Macri tampoco incluyó el tema para ser tratado en extraordinarias, de modo tal que el nombramiento de ambos funcionarios quedó automáticamente aprobado sin el aval del Congreso.
Oetec considera que el Ministerio de Energía y Minería está en manos de un “cartel empresarial”, en cuya cima está sentado Juan José Aranguren, ex presidente de Shell Argentina, y desde ese lugar crítico recuerda que hasta su designación en el Enre, Chambouleyron se desempeñaba como subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía, y Roitman, como subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos del mismo Ministerio.
Sin embargo, lo más sustancioso del abordaje del observatorio es que expone quiénes son realmente y qué antecedentes laborales exhiben “estos señores”, y recuerda que ambos -sea en forma directa o indirecta- representaron a empresas energéticas privadas en sus juicios contra el Estado argentino en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), la institución del Banco Mundial que tiene su sede en Washington.
Oetec pregunta, razonablemente: “¿Qué defensa de los intereses ciudadanos podemos esperar a raíz de estos nombramientos? Como venimos advirtiendo desde este Observatorio, desde el 10 de diciembre a esta parte los entes reguladores se han comportado como prolongaciones administrativas y contables del cartel empresarial al frente del Ministerio de Energía”.
Por tanto, el observatorio exige la renuncia anticipada de Chambouleyron y Roitman, “dado que su elección al frente de dichos entes amenaza la seguridad jurídica y la seguridad energética del pueblo argentino”. Y, asimismo, convocó a “legisladores nacionales opositores, juristas, organizaciones de usuarios y consumidores, ONGs y ciudadanía toda, a que se sumen al repudio de tamaño atropello contra la ciudadanía”.
Los antecedentes de los nombrados
Oetec señala, en su pedido de renuncia a los funcionarios designados, que “entre 2000 y 2001, Chambouleyron fue asesor del secretario de comunicaciones de la Argentina, trabajando en el diseño y la implementación del marco regulatorio en telecomunicaciones de aquel período. Asimismo, en 2001, se desempeñó como asesor del ministro de Economía en asuntos regulatorios y en políticas de competencia (se desconoce si de López Murphy o Domingo Cavallo)”.
Pero además recuerda que, en paralelo, “el ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria operó, desde fines de los noventa hasta su asunción como funcionario el 10 de diciembre de 2015 como «testigo experto» de parte de sendas empresas extranjeras -eléctricas y gasíferas, entre otras- en al menos 10 juicios contra la República Argentina ante el Ciadi”.
O sea, Chambouleyron testificó a favor de empresas extranjeras que enjuiciaron al Estado nacional ante el Ciadi y, como subraya el observatorio, “lesionaron o intentaron lesionar el patrimonio público de todos los argentinos”, explicándole a la sociedad los «beneficios» del tarifazo en febrero del año pasado”.
Entre 1998, y hasta 2011, el actual funcionario trabajó para la consultora estadounidense Lecg, “célebre representante de los más altos intereses corporativos y una de las número uno en servicios de solución de controversias en arbitrajes internacionales”, destaca Oetec, que agrega: “De hecho, Lecg fue una de las firmas que mayor participación tuvo en la defensa de sendas compañías en sus juicios contra el Estado nacional ante el Ciadi”. Asimismo, antes de desempeñarse en el equipo energético macrista, Chambouleyron trabajó en otra consultora, Compass Lexecon, que también fue una de las defensoras número uno de las corporaciones y empresas multinacionales en arbitrajes internacionales en sus juicios contra Estados soberanos. Por ejemplo, Repsol contrató sus servicios en su demanda al Estado argentino ante el Ciadi en 2012.
Como si se tratara de actos heroicos, el sitio Compass Lexcom, en el perfil profesional de Chambouleyron remarca que «… ha participado en más de veinte casos de arbitraje en inversión a nivel Ciadi, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por su sigla en inglés) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), tanto como encargado del caso como también experto, en los cuales evaluó daños y proveyó testimonios en calidad de experto para una variedad de empresas en los sectores de agua y saneamiento, distribución eléctrica, telecomunicaciones, petróleo y gas, distribución y transporte de gas, y productos agroquímicos, en los países de América Latina y en Canadá».
Como bien lo indica Oetec, “después de lo que fueron las privatizaciones de las empresas eléctricas y gasíferas del Estado en los años 90, la creación de los entes reguladores venía a compensar los posibles abusos de las compañías privadas extranjeras y garantizar, por lo tanto, el cumplimiento en la prestación del servicio público de gas por redes y electricidad”.
Bueno, Chambouleyron debería ser el tipo que garantice todo eso desde el Enre.
En el caso del Enargas, su flamante presidente Mauricio Roitman exhibe en su currículum personal lo que el observatorio define como “las siguientes conquistas académicas”: una maestría en Economía (con distinción) de la Universidad de Surrey (Gran Bretaña); una diplomatura en Economía de la Energía y Planeamiento Energético (Copime-IAE Gral. Mosconi); el título de Licenciado en Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade); y un curso de postgrado en economía de la regulación del Centro de Estudios Económicos de la Regulación (Ceer) de la Uadey el Banco Mundial.
Roitman proviene de la consultora Montamat & Asociados, cuyo fundador y presidente –actual director de YPF– fue testigo a favor de una empresa extranjera en su demanda ante el Ciadi, e YPF, conviene recordar, es la primera productora de gas del país.
Oetec recuerda que “previamente a ser designado en diciembre de 2015 como subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos del Ministerio de Energía y Minería, Roitman se desempeñó como jefe de Proyectos de Consultoría en Energy Consulting Services (2014-2015); asesor parlamentario en la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Senadores de la Nación; y asesor parlamentario en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación”.
Sin embargo, para elaborar su informe, el observatorio destaca como “principal antecedente laboral el de haber sido consultor de la firma Montamat & Asociados” y explica por qué: “Daniel Montamat (fundador de la consultora Montamat & Asociados) fue director de Gas del Estado entre 1985 y 1987 y director y presidente de YPF entre 1987 y 1989. Más tarde, se dedicó a asesorar empresas energéticas y también a las administraciones neoliberales venideras. De hecho, en 1990 el secretario de Empresas Públicas de Carlos Menem, Luis Prol, lo contrató como asesor petrolero. Desde ese lugar jugó un papel clave al recomendar el nombramiento de José Estenssoro al frente de YPF, figura clave en el desguace final de esta empresa”.
Pero la carrera de Montamat es más extensa. “En diciembre de 1999 fue convocado por el presidente Fernando de la Rúa para hacerse cargo de la Secretaría de Energía, desempeñándose entre diciembre de 1999 y agosto de 2000. El paso de Montamat por la secretaría marcó una continuidad de las grandes líneas estratégicas impuestas por el menemismo. Cuando dejó la función pública, volvió a trabajar en su consultora, prestadora de servicios de las principales firmas del sector. No obstante, en diciembre de 2015, Montamat retornó al ámbito estatal al ser nombrado por Mauricio Macri como director de YPF tras haberse dedicado a asesorar extraoficialmente al macrismo en materia de energía como referente principal del grupo de los «ex Secretarios»«.
De hecho, Montamat, al igual que el 10 veces testigo Chambouleyron, testificó para la firma estadounidense «El Paso Energy», que demandó al Estado nacional ante el Ciadi, y lo hizo a través de su consultora.
Oetec plantea un interrogante que inquieta: “Preguntarse si el ex empleado de Montamat y flamante presidente del Enargas, Mauricio Roitman, habrá prestado indirectamente servicios a empresas extranjeras en sus juicios contra la Argentina. No lo sabemos con exactitud pero no extrañaría dada su importante labor en una de las consultoras más requeridas por el establishment energético internacional”.
En el marco del pedido de renuncia de ambos titulares de entes regulatorios, Oetec recuerda que la ley define al Enre como «un organismo autárquico encargado de regular la actividad eléctrica y de controlar que las empresas del sector (generadoras, transportistas y distribuidoras Edenor y Edesur) cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y en los Contratos de Concesión», y que entre los objetivos hay dos que vale la pena recordar: «1) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios; y 4) Regular las actividades del transporte y distribución asegurando tarifas justas y razonables».
Sobre el Enargas, el observatorio indica que se define como un organismo encargado de «regular el transporte y distribución del gas natural», y que tiene, como el Enre, entre sus principales metas «proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, y regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la presente Ley».
Oetec es contundente: “¿Lo hacen? En absoluto. Desde el 10 de diciembre de 2015 a esta parte los entes reguladores no son más que las prolongaciones administrativas y contables de un ministerio de Energía cooptado por corporaciones energéticas privadas y extranjeras”.
Por último, el observatorio remató señalando que ambos funcionarios son “una amenaza contra la seguridad jurídica y energética de los argentinos”, puesto que, “considerando tanto la fiesta desreguladora de los organismos «reguladores» como los antecedentes laborales de sus flamantes presidentes, resulta imposible dejar de sospechar que éstos realicen una genuina defensa de los intereses ciudadanos”.
