El informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registró durante el año pasado 26 nuevas sentencias en las que se condenó a 198 personas y se absolvió a otros 36 imputados. Ya son más los represores que reciben el beneficio de la prisión domiciliaria, que los encerrados en cárceles comunes.
Además de los datos estadísticos sobre las causas en trámite y la situación procesal de los imputados, el documento incorpora el análisis de trayectorias temporales a partir de los hitos del proceso penal, para medir las demoras suscitadas en los mismos.
El relevamiento sostiene que al 22 de diciembre de 2017 se registran un total de 593 causas en trámite, en las que son (o fueron hasta su fallecimiento) investigados 2979 imputados. En tanto que las sentencias dictadas durante el 2017 fueron 26.
Los datos surgen del diagnóstico elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) que coordinan el fiscal federal Jorge Auat y Carolina Varsky a partir de la información remitida por los fiscales de todo el país sobre “el estado de las causas y la situación procesal de los imputados por estos delitos a nivel nacional”.
Los números a nivel nacional
Tal como consigna el informe, “a la fecha los Tribunales Orales han dictado 200 sentencias en todo el país. De ellas, 135 (67%) se encuentran aun transitando alguna instancia de revisión y su resolución se encuentra pendiente”.
Además, existen 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, de las cuales 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario –esto último en los casos de juicios que tramitan por escrito bajo la modalidad del anterior Código Procesal Penal de la Nación– pero sólo seis de ellas tienen fijada fecha para que se inicie el debate. Por otra parte, hay 98 causas que se encuentran listas para que se inicie el juicio, mientras que 278 investigaciones permanecen en etapa de instrucción.
El informe señala que “durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de las cuales 198 fueron condenadas mientras que 36 resultaron absueltas, al tiempo que destaca que “respecto de aquellos que aún no han obtenido sentencia, 701 se encuentra procesados (aunque de ellos, 53 se encuentran apartados temporalmente de la investigación, por incapacidad), a 164 se les dictó falta de mérito, 62 fueron sobreseídos y en relación con 550 personas, resta que se resuelva su situación procesal (26 han sido recientemente indagados y 524 tienen pedido de indagatoria pendiente)”.
Por otra parte, “a diciembre de 2017, son 1305 los imputados libres y 1038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugos de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, según consigna el documento, que agrega que de los detenidos, 549 se encuentran en arresto domiciliario mientras que 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, al tiempo que hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.
El documento elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad también señala que durante el 2017 se dictó el fallo “Muiña”, mediante el cual la CSJN admitió la utilización de la Ley 24.390 para el cálculo en el tiempo de detención preventiva de los imputados, computándose 2 días por cada 1 que permanezcan privados de su libertad sin sentencia firme. Tal como consignó oportunamente un informe de la PCCH, publicado en el mes de agosto, se presentaron 118 planteos al respecto, en los que se solicitaba un nuevo cómputo de pena o la excarcelación.
Demoras y “cuellos de botella”
El informe analiza también las trayectorias temporales de los juicios por crímenes de lesa humanidad a nivel nacional. En tal sentido, existen 593 causas principales en las que ya se presentó requerimiento fiscal de elevación a juicio, pero del análisis se excluyen 247 causas que se encuentran en etapas previas de la instrucción, y cinco que ya tuvieron sentencia pero que no pudieron ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a la muerte del único imputado.
Para el análisis, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consideró como causas “firmes” a aquellas que han tenido sentencia y no hay instancia recursiva pendiente, las cuales totalizan 60, mientras que hay 281 causas catalogadas como “en trámite”, las cuales son aquellas con sentencia –pero que aún no fue recurrida– o que se encuentran con requerimiento de elevación a juicio.
En base a ello, se analizaron los datos y se concluyó que, en las “causas firmes”, transcurren 5,56 años entre que se presenta el requerimiento d elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la CSJN, mientras que la demora en la causas “en trámite” alcanza los 4,48 años.
Además, el informe señala que “al desagregar los datos por hito, se ve que la instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la CFCP, con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”.
El informe hace hincapié en que “los responsables del trámite de las causa demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, y señala la existencia de “cuellos de botella” durante el proceso, los cuales son necesarios resolver.
Fuente: Fiscales.gob
