A un año de que la fiscal de Cámara Gabriela Boquín hiciera público el inédito autoperdón que Socma pretendía sobre la deuda del Correo Argentino, el Grupo Macri pretende que la funcionaria sea apartada de la causa.
De tal modo, el conglomerado que administra la familia del presidente Mauricio Macri insiste en atacar a Boquín, en este caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa que investiga la maniobra del Grupo para lograr que el Estado le condone al Correo –del que fue concesionario– casi el total de la deuda, que llega a unos 4 mil millones de pesos.
La periodista Irina Hauser señala en la edición de este miércoles del diario Página 12 que la maniobra busca “impedir una investigación impulsada por ella para constatar (a través de una pericia de los libros contables) maniobras de vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma, sus controlantes, también propiedad de la familia presidencial”.
En rigor, el pedido de llevar adelante la pericia contable nunca se cumplió, puesto que “la jueza de primera instancia en el concurso, Marta Cirulli, no ordenó un peritaje sino un simple informe contable y no hizo lugar a la intervención de un profesional independiente, pedido por Boquín”, precisa el informe.
La pretensión de apartamiento de la fiscal de Cámara fue formalizada por el abogado del Correo Jaime Kleidermacher, quien pone en cuestión el aval de la Cámara Comercial a Boquín, cuando en diciembre, además, resolvió hacer lugar al peritaje de los libros contables de la empresa que la magistrada mencionada nunca llevó a cabo.
Es más, en todo este tiempo, desde que el caso salió a la luz a la fecha, el Grpo Macri, mediante recursos judiciales y prórrogas, impidió que se concrete un nuevo acuerdo para hacer efectiva la deuda.
Otro de los pedidos de Boquín que la jueza Cirulli no hizo a lugar fue la intervención en los peritajes contables y en el expediente de un profesional independiente, ya que la fiscal tomó nota de que “dos de las tres sindicaturas que intervienen en el concurso están cuestionadas por su falta de independencia en el proceso e investigadas en una causa penal que tramita en el fuero federal”, indica Página 12.
Lo sorprendente es que en esa causa, que lleva adelante el juez Ariel Lijo, y en la que el presidente Macri está imputado por la maniobra realizada para que su familia zafe de la megadeuda, la jueza Cirulli también está investigada.
“El papel de las sindicaturas en un concurso de acreedores es fundamental porque son las que deben controlarlo. Sin embargo, Boquín ya señaló en varias presentaciones que la llamada «sindicatura controlante» tuvo posturas contradictorias sobre, por ejemplo, gastos y retiros de dinero del Correo”, subrayó Hauser, quien precisó esas irregularidades: por un lado justificó esos gastos, y por otro “afirmaba que tenía nula o escasa actividad; en cierto momento pareció objetar la falta de autorización para la compra, con dinero del Correo, de acciones de Neficor –empresa con asiento en Uruguay– para un negocio automotor, pero no accionó para poner freno concreto”.
Boquín, entonces, descubrió que “desde el año 2016, cuando se concretó el acuerdo para condonar la deuda del correo que ella calificó de «ruinoso» y «abusivo» para los intereses del Estado, esta sindicatura comenzó a acompañar todos los pedidos de la empresa de los Macri. Lo mismo respecto de la sindicatura «general», que está integrada por abogados (Julio César Rivera y Beltrán F. Louge) que han sido abogados de Socma y de otras empresas del Grupo Macri como Transmetro SA y Saframa. La sindicatura «verificante» es la que mantiene un criterio más autónomo y, por ejemplo, pidió un perito externo”, completa el informe.
Cabe recordar que en la primera denuncia de la fiscal Boquín –que data de febrero de 2017– se reveló que el Estado, por medio del funcionario Juan Moccoroa, “había aceptado un acuerdo sumamente perjudicial respecto de la deuda del Correo, que lleva 17 años. En ese momento aceptó un plan de pagos que implicaba la condonación de casi el 99 por ciento de la deuda”.
La denuncia de la fiscal de Cámara sobre el presunto vaciamiento sobrevino luego de que se oponga al acuerdo Correo-Estado de 2016, debido al escándalo, que incluso llevó a que la jueza Cirulli impidiera los retiros de dinero que le venía autorizando al Correo.
Ante el cuestionamiento airado de la empresa, Boquín observó que se habían retirado de las cuentas del concurso al menos 10 millones de pesos en “beneficio de otras empresas del grupo”, y que incluso hubo dinero que se usó para pagos de sueldos, oficinas, cargas sociales, honorarios y gastos contables de Sideco, otra de las empresas del Grupo Macri.
Hauser recuerda que “el año pasado, cuando se conoció el tema, el Gobierno hizo una puesta en escena con supuestas nuevas reglas para evitar incompatibilidades, retiró su propuesta en el acuerdo y dijo que admitía una nueva discusión, pero el día de la nueva audiencia faltaron sus representantes, pidieron prórroga, y todo sigue en el limbo”.
